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La crisis que golpea al mundo desde que se declaró pandemia el coronavirus golpea fuertemente las condiciones de vida de los trabajadores de Tierra del Fuego. El 25 % de las denuncias se refieren a despidos realizados mediante telegrama, comunicaciones telefónicas o vía correo electrónico, haciendo visible la grave problemática que atraviesan los trabajadores, impedidos por ley ser despedidos o suspendidos. La situación desatada por el covid-19 ha sacado a luz los numerosos atropellos que sufren los trabajadores por parte de la patronal y los decretos ficticios del gobierno nacional.
En Rio Grande se encuentran el 90% de las fábricas y el epicentro de los reclamos. La rama metalúrgica y textil tienen reclamos por bajas salariales y amenaza de despidos masivos. Los trabajadores del sector textil se encuentran golpeados por cobros de quincena incompletos: en la fábrica Australtex pagaron menos del 70% de la quincena, mientras que Textil Rio Grande solo abonó $4.000 de la ella. Las quincenas recortadas se implementan también en algunas fábricas de plástico que fueron declaradas como “actividad esencial”.
Del lado de la metalurgia, la fábrica de ensamble que se encuentra asentada en la ciudad, el Grupo Mirgor cuyo accionista principal es Nicolás Caputo, presiona y amenaza con despedir 745 trabajadores si la cuarentena no se levanta y se declara “actividad esencial” el ensamble de celulares y televisores. La fuerza laboral, sin embargo, desde antes ya se encontraba asediada y en condiciones precarias. 220 trabajadores metalúrgicos están bajo los contratos basura como Personal de Prestación Discontinua (PPD), mientras que, a los 525 restantes, contratados bajo la modalidad de "plazo fijo", les mantendría la relación laboral sólo por abril. Los aprietes de la empresa están infundados mientras no abra los libros contables. El intendente de Rio Grande Pérez reveló que el año pasado Mirgor "facturó no menos de 1.000 millones de dólares, según balances presentados en la Comisión Nacional de Valores, y sólo en beneficios del régimen (de promoción industrial vigente en la provincia) recibió 180 millones de dólares" (Fuente fueguina).
La burocracia sindical ha jugado un papel antiobrero. AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas) pacta una política de ajuste en varias fábricas metalúrgicas, planteando extender el congelamiento salarial que la burocracia de la UOM firmó en el 2017 y vence a mediados de este año.
A la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores de la metalurgia, textil, del plástico, se le suma también la de los docentes, que llamaron a un paro, dejando de realizar las clases virtuales porque el gobierno anunció el diferimiento por 60 días del aumento pactado, incumpliéndose de este modo el acuerdo paritario de marzo.
Cuando el número de infectados en la provincia se acerca a cien, siendo Tierra del Fuego de las más infectadas del país, la necesidad de la población de vivir de su fuente de trabajo torna el escenario un combo explosivo. En Ushuaia, 17 trabajadores de la cadena de supermercados La Anónima fueron aislados. El acatamiento de la cuarentena debe ser garantizando, primordialmente, sobre la base de condiciones sanitarias y salariales dignas.
Tomado de conjunto, la situación ha puesto en alerta máxima a los trabajadores ya que ante la crisis que arrastraban con anterioridad se suma la pandemia que pone al Estado y las empresas a jalonearse entre ellas, sin un resguardo mínimo del trabajo y la vida de la clase obrera fueguina. La deliberación en los lugares de trabajo, en los barrios, para llevar adelante acciones concretas como el paro de los docentes es la herramienta para hacer valer los reclamos de los sectores más vulnerados.
