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El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso ha expuesto con virulencia la crisis política en Ecuador.
Durante las últimas semanas, el gobierno ha emprendido una serie de medidas que buscan alejar los fantasmas de su destitución. Entre ellos, se encuentra la crisis diplomática con la Argentina que finalizó con la expulsión de ambos embajadores. Por otro lado, la crisis social ha explotado por una creciente ola de violencia entre pandillas y el copamiento narco de las cárceles.
El gobierno viene en retroceso en todos los planos. En primer lugar, cuenta con sólo 14 asambleístas en la unicameral sobre un total de 137. En segundo lugar, viene de dos derrotas políticas en los últimos meses: el rechazo del referéndum para modificar la Constitución y la derrota en las elecciones municipales en las principales ciudades del país.
Lasso había logrado sortear un juicio político, en junio de 2022, en medio de la rebelión campesina que sacudió al país contra los recortes sociales que afectaban principalmente al precio de los combustibles, el gas y la electricidad. Estas medidas habían surgido del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno busca, entre otras medidas, subir el IVA al 15% mediante una reforma tributaria. Pero la medida fue bloqueada por la Asamblea Nacional en noviembre pasado.
Las masas ecuatorianas sufren una carestía creciente en una economía dolarizada, que Correa mantuvo durante sus 10 años de gobierno. Lasso también impulsó un fuerte ataque a la organización obrera, fundamentalmente de los docentes, a quienes declaró esenciales, y prohibió el derecho a huelga. El 71% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza y los pequeños ahorristas han perdido más del 80% de su poder de ahorro. Pero esto no es denunciado por ninguno de los bloques políticos que impulsan la destitución del gobierno. Acusan a Lasso por una supuesta malversación de fondos, y éste desarrolla una política de persecución contra ex funcionarios del correísmo acusados de corrupción. Las denuncias cruzadas no logran romper el impasse político. La popularidad de Lasso ha caído hasta el 20% de aprobación.
Juicio político
Las motivaciones del juicio político han sido aprobadas por la Corte Constitucional (CC), ente que revisa las disposiciones legislativas, por seis a tres. El proyecto fue impulsado por el sector que responde a Correa, Revolución Ciudadana-Unión por la Esperanza (UNES) junto a sectores de Pachakutik (indigenismo) e Izquierda Democrática. Sin embargo, la oposición no cuenta con el apoyo cerrado de dichos grupos para desplazar al presidente. Quien se ha plegado en favor del juicio político es el bloque derechista del Partido Social Cristiano (PSC). Hay una posibilidad cierta de que Lasso sea destituido por el Parlamento.
En los últimos días, la oposición ha denunciado el supuesto intento del gobierno por comprar los votos de los opositores ´dudosos´. Lasso ha comenzado una campaña por su absolución. El presidente ha recibido en el último día el apoyo personal de un grupo de senadores demócratas, “Bob” Menéndez -presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense- junto con Tim Kaine, quien fuera candidato a vicepresidente de Hillary Clinton en 2016, y Tony Cárdenas. Estos senadores representan al grupo de parlamentarios latinos y cuentan con una fluida relación con Biden y la cúpula demócrata.
Si Lasso es destituido, el gobierno recae en su vice, Alfredo Borrero. Al ser consultado por la prensa, el vice se limitó a dar su apoyo al presidente y a afirmar que “el orden constitucional tiene que ser respetado”. El gobierno puede disolver la Asamblea Nacional, como lo habilita la Constitución del país. Esto obligaría a unas elecciones generales en el plazo de 60 días y la autorización al presidente para gobernar por decreto hasta los comicios.
El gobierno de Lasso afronta la crisis generada por su propio plan de ataque a las masas. El intento por promover una destitución parlamentaria ha expuesto la quiebra existente en el Poder Judicial, Legislativo y en las propias Fuerzas Armadas que resisten al correísmo, pero le temen aún más a una nueva rebelión popular. Los partidarios del impeachment no cuentan con la capacidad de construir una mayoría homogénea, menos de consensuar un plan de gobierno.
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