Justicia por Sofía Fernández

El sábado 18 de abril por la mañana, en el distrito de Derqui, localidad de Pilar, la policía bonaerense detuvo a Sofía Fernández, mujer trans de 39 años. La llevaron a la Comisaría 5ta de Derqui, donde quedó encarcelada después de informes contradictorios que ofrecieron distintos oficiales a la familia. El día lunes 20, una de sus hermanas se presenta en dicha comisaría y los policías de turno le dicen que por la tarde dejarán a Sofía en libertad. Pero eso no ocurre y en la madrugada del martes informan a la familia que había muerto en la celda, primero sosteniendo que podía ser una muerte súbita y, luego, aduciendo que se había suicidado.

Todo el accionar policial, desde el inicio, está plagado de irregularidades. Si bien Sofía es detenida alrededor de las 8 de la mañana del sábado, recién se le permite la comunicación con su familia por la tarde. Un primer oficial de la Comisaría 5ta de Derqui informa a la familia que había sido llevada a la comisaría porque estaba perdida y la llevaron por averiguación de antecedentes. Luego, cuando la familia se acerca al lugar, otro oficial les dice que en realidad se encontraba detenida por intento de robo con escalamiento y que quedaría demorada el fin de semana. En la madrugada del martes 21, personal de gendarmería junto a una psicóloga se acercan al domicilio de la víctima, quien vivía con una de sus hermanas, y notifican a ella de su muerte. Pero el acta de defunción está firmada a las 23 horas del día lunes 20 y a la familia le informan que el fallecimiento es a las 17. La causa de muerte en la autopsia es obstrucción de la vía aérea, pero la policía sostiene que se (auto) asfixió para suicidarse.

La familia de Sofía cuenta que ella tenía proyectos de vida, ninguna razón para quitársela. Había solicitado hace poco el cambio de identidad de género y de nombre en el DNI y se había anotado para empezar a estudiar enfermería. Aunque siempre vale recordar que nadie se suicida en una comisaría.

Esta es una radiografía nítida de la situación a la que somete el Estado a las personas trans. Para continuar una de las estadísticas más horrorosas que tiene este régimen social, Sofía no llegó a los 45 años de edad, que es en 2023 la expectativa de vida de las mujeres trans en este país. Esta vez también, sin mediaciones, el verdugo a cara descubierta es el propio Estado y sus fuerzas represivas. Desde la extraña detención, hasta la demora de tres días de encarcelamiento en una comisaría, la obstrucción del derecho a la comunicación con su familia llegando hasta la muerte en una celda son responsabilidad de la policía en funciones durante esos días y del destacamento a cargo del comisario Daniel Salerni.

La UFI N°4 de Pilar debe actuar con rapidez para la recolección de pruebas de cámaras, testigos y peritajes necesarios para saber qué pasó con Sofía Fernández. Tanto el comisario como los oficiales en funciones involucrados en la muerte dentro de la comisaría de la que están a cargo, desde su detención hasta el informe de su deceso, deben ser suspendidos urgentemente. Mientras continúen en servicio podrían disponer de su lugar de fuerza de autoridad superior para obstruir la investigación, por lo que en este punto les cabe también la prisión preventiva.

Organicémonos para ponerle un freno a la impunidad que sostiene la violencia, los transfemicidios y femicidios. Luchemos por justicia por Sofía Fernández. El Estado es responsable.