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El miércoles 3 de mayo en Santiago del Estero se anunció la sentencia contra Gonzalo Alderete en el juicio oral y público caratulado “Abuso Sexual con acceso carnal agravado por resultar en un grave daño sobre la salud mental de Jiménez Guadalupe Lucía Jazmín”, realizado del 13 al 17 de marzo.
Todo el juicio se desarrolló en forma presencial en la capital santiagueña, pero la sentencia se dictó en forma virtual para evitar la movilización de familiares y organizaciones sociales. El fiscal había solicitado una pena de 15 años de prisión, en línea con las querellas, que requirieron 16 años de cárcel.
El tribunal condenó a Alderete a 8 años y se le contabilizará el tiempo en prisión preventiva. Para este tipo de delitos el código penal de Santiago establece penas que van de los 8 a los 20 años de prisión.
La revictimización es la respuesta común del proceso judicial a las mujeres valientes que se animan a denunciar los abusos sexuales, violaciones y violencia de género. Y esta condena mínima es otra forma de revictimización que se suma a todo el calvario que representa el proceso judicial en todas sus etapas, desde la denuncia hasta la sentencia.
En enero de 2021 comenzó el calvario de Guada; un proceso judicial marcado por numerosas irregularidades, postergaciones, encubrimiento e impunidad.
Guadalupe, joven de 19 años, acusó a Alderete- apodado “Miyagui”- de haber abusado de ella en la fiesta de cumpleaños de la hermana del acusado. El abuso fue constatado por medio de pericias y exámenes médicos, a partir de lo cual el juez de Control y Garantía de la ciudad de Termas dictó la orden de detención del presunto abusador.
El proceso judicial recorrió distintas alternativas, incluso la liberación del acusado al que se le había solicitado la prisión preventiva. Numerosas actividades y movilizaciones populares lograron que espere el juicio en la cárcel. Fue imprescindible la organización y movilización popular acompañando a la familia de Guadalupe en su pedido de justicia, en defensa de nuestra integridad, por el derecho a la protección contra todo tipo de violencia, por la celeridad en el proceso judicial, contra el encubrimiento político y la impunidad, y por el dictamen de una condena efectiva. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Termas de Rio Hondo la consigna fue Justicia por Guadalupe y por todas las víctimas de abusos sexuales y violencia.
En Termas una justicia de clase protege y encubre a los abusadores, violadores y violentos con influencias políticas y económicas. Las mujeres no podemos sentarnos a esperar resultados de leyes de perspectivas de género; concreto ejemplo es la capacitación en la ley Micaela que se realizó a los funcionarios públicos de la ciudad termal. Son acciones colmadas de hipocresía, ya que tenemos un presidente del Concejo Deliberante denunciado por violencia de género durante la pandemia, ex concejales denunciados por abuso sexual de su propia hija, tenemos concejales varones y mujeres que nunca a se pronunciaron en esta situación. Nada puede esperar una víctima desde las gradas de los funcionarios públicos ni de la justicia.
A pesar de que la fiscalía y la familia no están de acuerdo con el fallo y de que recurrirán a la apelación para lograr una mayor condena, esto tampoco repara el daño físico-emocional y psicológico permanente en la victima; se remarca el logro de la resolución del tribunal de dos votos por la condena y uno por la absolución de parte del Dr Alfredo Pérez Gallardo, que había sido recusado al inicio del juicio por un vínculo de amistad con la defensa del acusado. Su decisión ya era una obviedad para la querella.
La condena es un triunfo arrancado a esta justicia plagada de privilegios para algunos e impunidad para otros mediante la organización y la lucha popular.
La lucha continua en la ciudad termal exigiendo Juicio y condena para los abusadores de Abril, de Ihana, de Johana, de Kiara y de todas las víctimas de abuso sexual.
