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En una conferencia ofrecida por el encuentro empresarial Select USA Investment Summit, en Washington, el embajador estadounidense Marc Stanley, acompañado de una comitiva de empresarios argentinos, planteó que Estados Unidos debía tener una “caja de herramientas competitiva” frente a China, para ofrecer a Argentina. La prensa leyó estos dichos como una “preocupación” frente al avance comercial de China (Clarín, 5/5). Este es solo un aspecto del problema. La otra parte, más significativa, es la crisis que la política norteamericana frente a China y Rusia ha desatado en Estados Unidos.
El discurso de Stanley al establishment político norteamericano, estuvo relacionado a la discusión que se procesa en torno de la Ley de Reducción de la Inflación de Biden. Esta ley otorga subsidios enormes a las empresas que se instalen en Estados Unidos y trabajen con componentes nacionales. Esta disposición excluiría a los insumos extranjeros que se requieren para fabricar baterías, como el litio.
La Ley Biden y el litio de Argentina
En agosto del año pasado el Congreso norteamericano aprobó la Ley de Reducción de la Inflación. Parte del supuesto de que la inflación deviene de la desventaja estructural de la economía norteamericana. Pretende, fundamentalmente, subsidiar al capital dedicado al desarrollo de tecnologías “limpias” en esta área. En cuanto a la industria automotriz, se conceden jugosas ayudas financieras. Uno de los principales problemas de esta industria ha sido asegurarse una cadena de suministros para la fabricación de autos eléctricos, puntualmente, la provisión de litio y la fabricación de baterías de litio. En este sentido se buscaría desarrollar ambas actividades en suelo norteamericano, o, en su defecto, en los países que han firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
La ley modifica los requisitos (ya impuestos en 2008) para que el consumidor acceda a un crédito para autos eléctricos: “Los vehículos elegibles para el crédito incluyen aquellos fabricados por fabricantes estadounidenses calificados y excluye aquellos fabricados o ensamblados por una entidad extranjera hostil” (1). El departamento del Tesoro publicó las propuestas de reglamentación de la ley, que deben aprobarse a partir de junio. Las mismas, establecerían que para que un auto eléctrico cumpla con los requisitos de “minerales críticos” los mismos deben ser extraídos en Estados Unidos o en países con los que este último tiene un Tratado de Libre Comercio. Dentro de estos “minerales críticos” está incluido el estratégico litio, que es el componente fundamental de las baterías.
La propuesta de reglamentación introdujo, sin embargo, una novedad. En lo que concierne a la excepción que ofrece a países con “Tratado de Libre Comercio”, añade que se puede agregar al rubro a aquellos países “que el Secretario pueda identificar en el futuro” (2). Para esto se puso como modelo el acuerdo con Japón sobre minerales críticos.
Sucede que, por ejemplo, en Argentina, la extracción y procesamiento de carbonato de litio, actual y futuro, está principalmente en manos de capitales australianos, canadienses y chinos, muchas veces fusionados entre sí. La defensa tajante de una cadena de suministros controlada totalmente por Estados Unidos o sus aliados implicaría un conflicto no solo con las propias empresas norteamericanas que operan en el triángulo del litio (Chile, Argentina, Bolivia) y en Argentina sino también con sus propios aliados, por ejemplo, Canadá o Australia. La exclusión de Argentina de la cadena del litio dejaría la mesa servida en la región del Cono Sur al ingreso comercial e incluso militar de China.
“Ventana de oportunidad”
La lucha política en Washington alrededor de los subsidios a la industria de autos eléctricos ha creado un impasse. China ya ha avanzado en acuerdos importantes de inversión en el salar de Uyuni en Bolivia y en el NOA en Argentina. El mes pasado, una comitiva del gobierno de Catamarca viajo a Beijing con el fin de asegurar contratos de extracción del mineral y la planificación de un corredor ferroviario que permita la exportación vía Pacífico. Aunque no las tiene todas consigo y enfrenta serios desafíos, China está estructurando una agenda minuciosa.
En este contexto deben leerse las declaraciones de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson y, ahora, Marc Stanley. Para ambos, Estados Unidos debe integrar a Argentina a la cadena de producción que promueve la ley de Biden.
El gobierno del FdT cree que una reglamentación como la que plantea su embajador, Stanley, ofrece una “ventana de oportunidad” para asegurar una era del oro blanco. Cree también que podrá mantener un equilibrio entre China y EE.UU. En realidad, la reglamentación ha abierto una puja con final incierto, porque afecta por sobre todo a los intereses industriales de la Unión Europea, que denuncia que la ley establece una competencia desleal y amenaza la alianza en la OTAN. La burguesía argentina descuenta una perspectiva promisoria para la exportación de minerales, sin tomar en cuenta la crisis internacional desatada por la guerra, las sanciones económicas y la ruptura de las cadenas de producción.
Notas
- https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376
- https://www.federalregister.gov/documents/2023/04/17/2023-06822/section-30d-new-clean-vehicle-credit#sectno-reference-1.30D%E2%80%931
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