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El gobierno de Milei está llevando adelante a toda marcha la aplicación del DNU 70/2023, que desregula las obras sociales y compañías de medicina prepaga.
Uno de los cambios principales es que, desde el inicio de un empleo, los trabajadores puedan optar por una obra social (ya sea la de su actividad laboral u otra) o por un servicio de medicina prepaga.
La normativa establece que las contribuciones al Fondo Solidario de Redistribución (administrado por el Estado ) serán de una tasa fija del 15% para todos: para las obras sociales sindicales, de dirección y también para las prepagas. Anteriormente, este aporte era del 10% para los trabajadores de menor sueldo y del 15 % para los sueldos mayores. Con lo que el Estado “liberal” mete mano directa en la recaudación de las obras sociales y también de las prepagas, pero no pone límite alguno a lo que cobra una prepaga para “garantizar la libre competencia en el mercado” (Infobae).
Un combo explosivo
La asfixia de las Obras Sociales es total en tres aspectos: 1) deben contribuir con el 15% de la recaudación al Fondo Solidario de Reparación. 2) tienen una sangría con la libre elección de la obra social por parte del trabajador. 3) En la inmensa mayoría de los sindicatos hay una pérdida sustancial de aportes por los despidos masivos y la caída de la industria.
Un gremio pequeño no puede sostener una atención que requiera estudios importantes y medicamentos caros. Al apelar al “Fondo de Reparación”, entra en la cola interminable de reclamos pendientes con el atraso de la atención médica
Un trabajador no puede emigrar a la obra social de otro sindicato si el sueldo que recibe es inferior al del gremio al que quiere afiliarse, por una cuestión de desfinanciamiento. Si recurre a la prepaga, ésta ya no tiene control alguno en la cuota. La intención del gobierno es forzar al trabajador a que pase a la salud privada y además que las obras sociales de los sindicatos se asocien a las prepagas.
Como el pasaje a las prepagas está casi vedado por la caída del empleo y de los sueldos, el gobierno “liberal” ha comenzado con las intervenciones de las obras sociales de los sindicatos para forzarlo. Ha implementado auditorías, ocho obras sociales sindicales han sido intervenidas por 180 días. La Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF).
El gobierno de Milei, así como le copió a Gerardo Martínez la idea de la disminución de las indemnizaciones, le copió a Barrionuevo el armado de un pool de sindicatos chicos que gozan de la obra social de los gastronómicos, que además es un armado en asociación con la medicina privada que nuclea a casi 20 sindicatos menores.
Para que no se arrebaten derechos de salud es necesaria una campaña por: “Fuera las manos del gobierno sobre las obras sociales” y terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado en todos estos años por la burocracia y el Estado.
Está claramente planteada la pelea por la apertura de los libros y por directorios electos por los afiliados: la cobertura plena de un PMO universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales. El pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales. La triplicación del presupuesto de salud y el reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores.
