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En las próximas horas se dará a conocer la reglamentación del sistema de salud incluida en el DNU 70/2023. Los cambios centrales serán el ingreso de las empresas de salud privada al régimen de obras sociales, la desregulación de las tarifas y la eliminación del año de permanencia obligatorio en la obra social sindical.
Actualmente, los trabajadores derivan sus aportes a la prepaga a través de su obra social sindical. Esa intermediación no existirá más: las prepagas recibirán los aportes directamente.
La ´ley Belocopitt´
A diferencia de las prepagas, que tienen planes con precios diferenciados por franja etaria, por cantidad de miembros del grupo familiar y por enfermedades preexistentes, las obras sociales no. La “ley Bellocopit” -como se llama al capítulo de salud del DNU- aniquila el régimen solidario de la salud. De este modo, abrirá paso a que las prepagas se hagan de un enorme negocio con una franja de trabajadores (los de mejores sueldos, los que sean jóvenes, los que no tengan hijos ni enfermedades preexistentes) mientras el resto -”la resaca” en términos de rentabilidad- permanecerá en las obras sociales, pero difícilmente estas puedan sostener una cobertura mínima del Plan Médico Obligatorio.
El otro gran negocio es la eliminación de los precios máximos a las prepagas, luego de que aumentaran más del 100% en el primer trimestre de 2024. Actualmente regía un tope máximo el 90% del RIPTE para el aumento de la cuota mensual de los afiliados que ganan hasta seis salarios mínimos. Las empresas prepagas ya anunciaron que ni el ingreso al régimen de las obras sociales ni la recepción del aporte directo de los trabajadores significarán una baja de los precios de sus planes, porque una parte de lo que reciban de aportes deberá destinarse al Fondo Solidario de Redistribución -que se utiliza para pagar prácticas especiales- y, por otro lado, para cubrirse de la inflación mensual.
El otro aspecto que se desregula es la obligación que el trabajador tiene actualmente de permanencia por un año en la obra social del ramo en el que ingresa a trabajar. Esta medida fue decretada por Alberto Fernández luego de la pandemia. A partir de ahora, el trabajador que ingresa a un empleo tendrá derecho de derivar sus aportes a una prepaga y obra social de su elección desde el primer día.
Relato libertario
Según fuentes del gobierno, los cambios apuntan “a terminar con las obras sociales que son sellos de goma y que solo funcionan como cajas negras de la política, porque no dan prestaciones sino que solo están en el medio para quedarse con algún porcentaje” (La Nación, 18/3). El relato de los funcionarios de Milei encubre un gigantesco negociado para las prepagas. En realidad, los perjudicados por la quiebra de las obras sociales no son los burócratas de los sindicatos sino los trabajadores, que con los salarios licuados no podrán acceder a pagar los planes de las prepagas. La libertad de elección no alcanzará a los afiliados al PAMI, un segmento de alto consumo de prestaciones, ni a IOMA.
Un punto sensible es que va a pasar en el caso de las enfermedades preexistentes. Hoy las prepagas no pueden rechazar a nuevos afiliados por una enfermedad previa, pero, a diferencia de las obras sociales, están habilitadas a cobrar cuotas mayores en esos casos. Está por verse si la inclusión de las prepagas en el régimen de obras sociales establece alguna protección para los trabajadores con enfermedades preexistentes.
La liquidación del régimen de salud de las obras sociales, al que apunta el DNU, vaciándolo de recursos y dejándoles sólo los afiliados no rentables a su cargo, se da en el marco de un crecimiento de casos de Covid y de casos de “long Covid”, que requiere de una atención prolongada, y de dengue. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado preparar a los regímenes de salud para afrontar nuevas pandemias: todo lo contrario de lo que pretende llevar adelante el gobierno de Milei.
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