Escribe Daniela Magoc
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Luego del aumento del 40% de las cuotas de las prepagas para el mes de enero, se están anunciando nuevos aumentos para el mes de febrero, que rondan entre 27% y 30%, dependiendo de la empresa. Por otra parte, las entidades privadas se encuentran evaluando la implementación de planes “low cost” para competir con las obras sociales sindicales. Las empresas de medicina privada calculan una caída del 10% de sus carteras, alrededor de 600.000 afiliados (Clarín, 29/12).
Claudio Belocopitt, director de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a buena parte de las prepagas entre otros actores, anticipó a los medios el ´alivio´ que generaría en el sector la desregulación de las cuotas establecida en el DNU 70, hoy vigente. El presidente de Swiss Medical estima además que habrá aumentos también en marzo, de alrededor de un 10%. Según Belocopitt, "no es la medicina prepaga lo que aumenta, sino los insumos que componen el sistema". Además refirió que, a partir del ajuste del servicio, los empresarios van a "generar planes alternativos y también a esperar que se modifique el Plan Médico Obligatorio (PMO), con el fin de poder ofrecer planes flexibles" (Página/12, 3/1).
El aumento de las cuotas de las prepagas es un nuevo ataque al bolsillo de trabajadores y trabajadoras que derivan sus aportes como salida al vaciamiento de las obras sociales. La idea de ofrecer planes más económicos, va en detrimento de las obras sociales sindicales, para las cuales, la competencia apunta a su desaparición. En el sindicato de comercio, por su parte, ya han anunciado que OSECAC está en condiciones de competir con las prepagas, pero que se estima que muchos monotributistas no podrán continuar accediendo a la obra social (Diario Junio, 1/1). Los planes más económicos y el recorte del PMO, por otra parte, implican sumar el cobro de copagos en aquellos tratamientos y consultas que no se cubran. Es decir, se avanza lisa y llanamente hacia el arancelamiento de la salud. Mientras tanto, los sanatorios abonan sus salarios en cuotas, como sucede en la reconocida Fundación Favaloro, y aún no se resuelve la situación de los honorarios de los profesionales, que llegan a cobrar con un desfasaje de hasta 120 días (Clarin, 3/1). El hospital público va a sufrir una fuerte recarga, absorbiendo la atención de quiénes se vayan quedando “afuera” del sistema de la salud privada y de las obras sociales.
El DNU pone en riesgo la deteriorada salud de la población trabajadora. Como nunca, se nos impone el desafío de derrotar este brutal ataque. Sin confianza en la justicia ni en la burocracia sindical, tampoco en el parlamento. Tomemos en nuestras manos la defensa del derecho a la salud, por la derogación del decreto, por aumento del 100% de salarios.
Salud: la ley Belocopitt Por Daniela Magoc, 22/12/2023.