Jujuy: una convención constituyente reaccionaria y ajena a los reclamos de los trabajadores
Escribe Iñaki Aldasoro
Los desafíos del movimiento de trabajadores ocupados y desocupados para su impugnación.
Tiempo de lectura: 4 minutos
Hoy se produjo la más importante hasta ahora movilización contra la reforma constitucional que impulsa el gobierno de Gerardo Morales. Participaron el SEOM, CEDEMS (docentes de media) y la secciónal de UATRE Ledesma, organizaciones sociales, de derechos humanos y los partidos de izquierda.
Luego de la primera semana de discusión en la Convención Constituyente ha quedado claro su objetivo reaccionario.
Morales pretende darle reconocimiento constitucional a los cambios que ha buscado introducir en la provincia en estos últimos ocho años: Ministerio Publico de la Acusación, Código Contravencional, la llamada “educación para el trabajo”, la disposición del uso de las tierras fiscales en función de los grandes intereses capitalistas mineros y del agro, etc.
Si bien los cambios anunciados son numerosos, el eje central tiene que ver con la pretensión del gobierno de imponer la regimentaron de la protesta y la prohibición del corte de calles, ahora en el texto constitucional. Con esta reforma reaccionaria, busca consagrar una serie de ataques al pueblo sobre la base de limitar y regimentar todas las expresiones de disconformidad y manifestaciones contra los ataques del gobierno y del régimen político a los trabajadores.
Regimentación de la protesta
La regimentación de la protesta y la prohibición del corte de rutas y calles que será discutida el próximo lunes supone una alteración de lo que es una conquista de la clase de obrera en su lucha contra los ataques y atropellos del Estado. Invitados por los bloques patronales a la comisión de Educación, el Instituto Superior de la Policía planteó la necesidad utilizar las picanas Taser en su intervención, acompañada de un reforzamiento del equipamiento represivo policial en general y de mayor amparo legal para su actuación. En un cuadro de disgregación política y crisis económica como la actual, y con una reforma laboral y previsional de todos los bloques políticos tradicionales, la tónica de la etapa va a ser de una mayor movilización y tendencia a la lucha y de mayor rechazo popular a esta política de ajuste, como lo demuestra la fenomenal huelga docente y de la salud de la vecina Salta.
Se ha planteado también la propuesta de la eliminación de los fueros a diputados y concejales. Esto pretende imponer una subordinación aun mayor de parte de la Legislatura y el desamparo a cualquier legislador que denuncie algún atropello o enfrente al poder político. La quita de fueros busca acelerar un proceso de ataques que ya se viene produciendo: durante su último mandato, la Legislatura y su alianza entre la mayoría de la UCR y el PJ han votado la suspensión de dos diputadas vinculadas a distintas facciones opositoras del PJ.
La regimentación de la protesta fue lo que Morales intentó imponer de entrada, cuando asumió en 2016, encarcelando a Milagro Sala, pero desde entonces sólo ha avanzado parcialmente, a fuerza de choques y recules permanentes. Ahora pretende dotarse de mayores medios políticos y legales contra los luchadores
Remate de tierras
De conjunto, la reforma constitucional pretende beneficiar a los grandes capitales, el condicionamiento de utilización de la tierra fiscal a proyectos productivos, pretende imponer como un delito grave la usurpación de la propiedad privada, particularmente la tierra, lo cual no solo abre un conflicto con comunidades originarias, sino también con las tierras ociosas para la especulación inmobiliaria frente al hacinamiento de miles de familias y la falta de planes de vivienda popular. La orientación educativa vinculada al trabajo significa una devaluación de los contenidos y una limitación de los mismos y el intento de vincularla fuertemente a las fuerzas de seguridad, como la creación de Instituto Superior de Seguridad (llamada la universidad de la policía).
El FITU
El rol de los constituyentes del FITU hasta el momento no ha salido de la denuncia de tipo rutinaria, posiblemente por la caracterización que hacen de que la reforma ya está “cocinada”. Frente a su regimentación en las comisiones, el bloqueo del uso de la palabra y demás ataques, estos fueron respondidos por los constituyentes del FITU de forma legalista, no con el propósito de generar un choque político de cara a los trabajadores con estos ataques.
Levantan como consigna el planteo de paro general contra la reforma, pero su orientación, en los hechos, está ausente en los lugares de trabajo, y es puramente mediática, con conferencias de prensa o acciones en Buenos Aires en la Casa de la Provincia de Jujuy, más funcional a la campaña electoral que a impulsar un movimiento real contra Morales y su constituyente.
Los límites del gobierno
El gobierno, que no tuvo las condiciones políticas de reformar la Constitución en diciembre de 2022 para darle otro mandato a Morales y tuvo que atarla a las elecciones provinciales de 2023, pretende ahora, amparado en su triunfo electoral circunstancial, disponer de las condiciones para una avanzada contra toda la población y asentarlo en la ley suprema provincial.
Nuestro planteo es impulsar una gran campaña sobre los trabajadores de la provincia para impulsar la mayor organización y movilización que confronte al gobierno no solo en el rechazo a la reforma constitucional, sino que levante sus propias reivindicaciones para imponerlas.
LEER MÁS:
La Constituyente a medida de Morales: un engendro represivo Por Iñaki Aldasoro, 23/05/2023.
Jujuy: Morales se refrenda en medio de la crisis Por Iñaki Aldasoro, 09/05/2023.
La elección del FITU en Jujuy Por Iñaki Aldasoro, 09/05/2023.
Jujuy: manifiesto electoral de Política Obrera Por Política Obrera Jujuy, 26/03/2023.
