Manicomios nunca más, el abandono de la salud mental

Esta semana se ha desatado una polémica por la colocación de una placa en una de las salas del Hospital Alejandro Korn en Melchor Romero, entre asociaciones profesionales y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. La placa hace referencia a la violación de derechos humanos en la institución y reza “manicomios nunca más”. Esta discusión excede los límites de la provincia de Buenos Aires, y se derrama sobre la totalidad de los servicios de salud mental del país, donde la escasez de recursos mantiene en condiciones indignas a un gran número de personas.

Los Estados hacen propia la idea de la perspectiva de derechos para facilitar la reducción de presupuestos en salud mental. La mentada refuncionalización de los manicomios no es otra cosa que la expulsión de personas en situaciones de pobreza extrema y con padecimientos mentales de forma compulsiva a manos de prestadores sociales vaciados, como PAMI y las obras sociales. No es casual que en el sistema privado las internaciones “involuntarias” sean casi inexistentes. Carecen en realidad de control por parte de los organismos estatales que creara la ley de salud mental.

Este traspaso del sistema público al privado no garantiza ningún tipo de derecho, más bien vuelve la lógica de manicomios, o depósitos humanos, un negociado fabuloso para las empresas de medicina privada.

Mientras el sector privado engrosa sus arcas, vemos como día a día se van desfinanciando los servicios públicos de salud mental. Esto es producto de los bajos salarios que percibimos los trabajadores, la falta de mantenimiento y las condiciones edilicias de riesgo, la tercerización de los servicios y equipos interdisciplinarios incompletos.

La provincia de Buenos Aires cerró servicios de internación donde personas se encontraban en condiciones inhumanas, residiendo en el hospital sin otro criterio clínico que la situación de pobreza extrema.

Los trabajadores del sistema público de la ciudad de Buenos Aires acabamos absorbiendo la demanda de este achique disfrazado de ‘refuncionalización’. La carencia de servicios de salud mental hace casi imposible acceder a turnos de atención en las comunidades de pertenencia. Por lo tanto, el criterio centrado en la atención primaria en salud que dió lugar al cambio de paradigma cae en una entelequia.

Una verdadera expresión de salud mental comunitaria hoy se traduce en la organización de trabajadores y usuarios para exigir al Estado el acceso al sistema de salud mental. La falta del mismo se evidencia en el hecho de que las personas tienen que destinar gran parte de su tiempo en viajes para ello. Esto actúa en perjuicio de la vida misma y agudiza todo tipo de sufrimiento mental. No contar con espacios en los lugares de residencia atenta contra los vínculos humanos más elementales, el descanso, o la posibilidad de un empleo digno. La evidente falta de inversión por falta del Estado responde a una política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Si no enfrentamos a esa orientación ninguna perspectiva de derechos es posible.