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En todos los medios provinciales y nacionales ha vuelto a comunicarse la queja de los productores de Misiones que no consiguen mano de obra para la cosecha de cítricos. Los patrones atribuyen el problema a la resistencia al blanqueo por parte de los trabajadores, justificados por el temor a la pérdida de los planes sociales, aunque por otro lado también refieren a la “haraganería” de los trabajadores.
La realidad es que, durante la cosecha, que dura unos dos a tres meses, los trabajadores perciben entre 70$ y 100$ por cada cajón de fruta que entregan, de unos 20 a 25 kg. Es decir que, para cobrar $5.000 en un jornal, el trabajador debe cosechar y entregar como mínimo una tonelada de fruta. No se entregan ropas ni herramientas, el agua cada uno debe proveérsela y si se hacen campamentos, les cobran la comida; el seguro no cubre medicamentos ni reposo. La producción se entrega mayormente a las fábricas de jugo de cítricos. La caída de las exportaciones por los altos costos de mantenimiento fitosanitarios y técnicos hacen que las quintas en su mayoría se encuentren casi abandonadas, por lo que la tarea se dificulta y representa un gran riesgo para los trabajadores por la presencia de todo tipo de alimañas.
Por otro lado, los mismos contratistas que manejan los grupos están llevando los trabajadores a Brasil, casi en las mismas condiciones laborales, pero con mecanización mayor, con una casa compartida y habitable. Tienen vivienda y, por la diferencia en los valores de la moneda, aun con la estafa del contratista que le cobra comida, un joven percibe por dos meses de tarea entre $200.000 y $400.000 o entre 2.000 y 4.000 reales, mucho más que lo que percibiría en nuestro país.
“Productores autoconvocados” se movilizaron con el objeto de reclamar el cese de las inspecciones del Ministerio de Trabajo, que labró una infinidad de actas por infracciones por trabajadores no registrados. Las patronales esgrimen el argumento antes dicho, sobre la incompatibilidad de planes con empleo, pero los funcionarios lo desmienten, dado que el decreto 514/21 compatibilizó el trabajo temporario en blanco con la continuidad en la percepción de los planes, justamente lo que reclaman ahora. Las demandas patronales no se limitan a esto. Además, piden la suspensión de la fiscalización en la provincia y la flexibilización del trabajo adolescente.
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