El PTS propone solucionar la rebelión jujeña con una ley… provincial

La Izquierda Diario ha sacado a relucir, nuevamente, en el marco de la rebelión de los trabajadores estatales y de los pueblos originarios de Jujuy, una propuesta de ley sobre “Estatización del litio en Jujuy para que lo controlen trabajadores y comunidades y sacar a la provincia de la pobreza”. Durante años contrario a las iniciativas parlamentarias por parte de la izquierda, a las que atribuía un intento de reformar el capitalismo, el PTS ha adoptado con entusiasmo el método que rechazaba en el pasado con argumentos ultraizquierdistas. La decadencia del capitalismo no inhibe, en términos absolutos, la posibilidad de arrancar reformas parlamentarias en beneficio de la clase obrera, que de otro lado pueden servir como palanca de movilización. Es el caso paradigmático del proyecto presentado por Altamira en la Legislatura porteña para reducir la jornada laboral, que fue aprobado, en una primera votación, por el 75% de los legisladores.

El proyecto del PTS acerca del litio tiene otro carácter, en primer lugar, porque admite la provincialización de la cuestión minera, que fue establecida, constitucionalmente, en la Reforma de 1994, junto a un conjunto de descentralizaciones (educación, salud) establecidas por la dictadura militar. De otro lado, el litio está presente al menos en cuatro provincias, no es exclusivo de Jujuy. Lo más significativo, sin embargo, es que desvía hacia el parlamentarismo una movilización muy importante que reclama la derogación de la Reforma de la Constitución por parte de Gerardo Morales.

¿Qué dice el proyecto?

En su título I, el proyecto de ley dice tener por objeto “anular las concesiones del litio con las empresas mineras privadas, manteniendo la fuente laboral bajo gestión obrera y de comunidades originarias”. Para viabilizar esta gestión se crearía la “Empresa Estatal única del Litio” que funcionaría con parte del presupuesto provincial, administrada por un “Consejo de Empresa, elegido democráticamente por la totalidad de los trabajadores del sector”.

Es claro que Jujuy no puede establecer una “empresa estatal única”, o sea nacional. En segundo lugar, al ligarla al presupuesto de la provincia, hace recaer su financiamiento sobre los trabajadores, quienes son los que pagan el grueso de los impuestos nacionales y provinciales. El Consejo de Empresa dirigido por los trabajadores, procura endulzar el proyecto, cuando de todos modos será una empresa como otra cualquiera del Estado capitalista. El aparato del PO busca notoriedad con un recurso contra la residencia de Jorge Macri, el PTS busca lo mismo con un planteo típico del estatismo burgués.

Los capitales instalados en las tres provincias litíferas están ligados entre sí, con los gobiernos provinciales y el Estado nacional. Recientemente, Allkem, instalada en la puna jujeña, cerca de donde se diera la represión de Purmamarca, se fusionó con la norteamericana Livent, que opera en Catamarca. Livent acaba de hacer un acuerdo con Salvarezza, de la división de YPF Litio, para proveer de materia prima a la planta piloto de baterías ubicada en La Plata. La provincia de Jujuy está lejos de disponer de cadenas de aprovisionamiento de materias primas, maquinaria y crédito propios. Además, la explotación minera de litio enfrenta una seria limitación, porque todavía requiere de una inversión a gran escala que incluye infraestructura de transporte. Para eso necesita expropiar a las comunidades de las tierras que circundan esas inversiones; lo mismo debería hacer una empresa estatal. Cuando el capital extranjero exige “garantías jurídicas” se refiere, precisamente, al conjunto de medidas sociales que viabilicen el proyecto minero. En este cuadro, la provincialización enfrentaría más temprano que tarde, el ahogo presupuestario y la interrupción de la cadena de suministros, algo que el PTS no advierte. Una inversión minera del Estado no podría nunca financiarse con los recursos del presupuesto –requiere medidas profundas, también confiscatorias, contra el capital. Entre esas medidas confiscatorias se encuentran los impuestos progresivos sin tope a las ganancias capitalistas y el monopolio del comercio exterior. La estatización aislada incurre en toda una serie de gastos, que pagan en definitiva los trabajadores. El PTS no asimiló todavía el fracaso de las estatizaciones peronistas, ni tampoco las del chavismo. El proyecto en cuestión lo coloca en el mismo campo programático de sus rivales internos. En 2013, sin embargo, el PTS e IS suscribieron un programa para el FIT que critica el estatismo burgués y que fue redactado por Altamira. Las expulsiones en el Partido Obrero han tenido un propósito de contrabando programático claro, que se extiende a todo el FIT-U.

En segundo lugar, el proyecto de ley establece que tanto los trabajadores como las comunidades originarias implicadas en los territorios donde se emplaza la actividad minera intervengan en el proceso de control y administración de la empresa estatal por medio del Consejo “democrático”. El PTS fundamenta esta política en la idea de “una producción en función de la satisfacción de las necesidades sociales y de una relación racional y verdaderamente sostenible y sustentable con el ambiente”. El planteo de una producción, bajo el capitalismo, con vista a satisfacer las necesidades sociales, es un monumental embuste, no importa si las empresas son estatales o privadas. El señalamiento sobre las necesidades sociales es un agregado que no figuró, ni por parte del FITU ni, en especial, por el PTS, en ocasión de la discusión sobre la ley de humedales el año pasado. El PTS apoyó la ley de Leonardo Grosso (Movimiento Evita), que no contemplaba el veto de las comunidades a los proyectos productivos que se instalaran en los humedales y que limitaba su participación a ser “informadas”. Los acuerdos entre las fuerzas oficiales terminaron por clausurar la lucha contra los incendios y por el castigo a sus perpetradores, sobradamente demostrado. Fueron acciones de sabotaje de los intereses agro-ganaderos e inmobiliarios de la zona del litoral.

En definitiva, el proyecto en cuestión oculta que una empresa estatal, bajo el régimen capitalista, de ningún modo preserva el medio ambiente. Después de tanto cacareo ‘ecologista’, se termina apoyando el “extractivismo”. Para determinar los alcances de un proyecto de extracción sobre el medio ambiente, debe intervenir toda la clase obrera, toda la comunidad científica. Se trata no solamente de evaluar el daño sino de investigar el conjunto de los métodos y tecnologías que habilitarían el proyecto. Un proyecto minero o industrial, en las condiciones del capitalismo, tiene siempre un carácter internacional. Estatal o privado debe servir a la cadena de la producción internacional, lo que supone una integración a los bloques que disputan sus cuotas en ese mercado mundial. La estatización aislada, considerada en forma aislada y al margen de los intereses históricos de la clase que la emprende, se comporta como un eslabón del capital internacional y de la guerra internacional.

Un método ajeno a la lucha de clases

El proyecto de ley fue presentado de cara a las elecciones provinciales, para luego, ser desempolvado en la situación actual, cuando todo lo que pueda modificar la situación política de la provincia y del país, sucede en la calle y en las asambleas de trabajadores y comunidades. Al proponer una ley, que debería discutirse en el recinto legislativo, el PTS ofrece una segunda oportunidad al régimen político, aunque con verborragia obrerista.

La relación entre la rebelión jujeña y la cuestión del litio se encuentra justamente donde el PTS no la ve: en la misma rebelión. El problema del salario, de las tierras y del derecho a la protesta, que son los motores de la actual movilización, han empujado a los trabajadores a avanzar en la deliberación y organización. Son necesarias consignas de movilización transicionales, como la apertura de los libros y el control obrero tanto de los proyectos de inversión como de los que están en ejecución. La tarea consiste en imprimir una perspectiva política autónoma socialista, no sólo en Jujuy. Los parlamentarios socialistas deben ejercer una función de agitadores políticos, y recoger las inquietudes y tendencias de las mismas masas.

La preocupación del PTS está puesta, en cambio, en ganar la interna electoral en el FIT-U.