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Bajo la lluvia, pero con la urgencia de denunciar el boletazo que se pretende consumar en el Concejo de la Capital tucumana, Política Obrera concretó el martes 10 un acto donde estuvieron presentes los principales medios televisivos, radiales y digitales de San Miguel.
El acto fue presidido por Daniel Blanco y Alejandra del Castillo, ambos precandidatos de la lista a diputados nacionales. Se acercaron vecinos y usuarios del servicio de transporte público, los principales perjudicados por el aumento del boleto que se pretende consumar.
El día anterior, luego de 5 días de paros del transporte público de la provincia, en una reunión de la AETAT (la cámara empresarial del transporte), la conducción de UTA y el gobierno provincial, se arribó a un acuerdo provisorio, por el cual el gobierno adelantaba la entrega del subsidio mensual de 580 millones de pesos (los empresarios ya habían recibido el subsidio nacional por 530 millones) y sobre esa base se pagaron los salarios adeudados de junio y el medio aguinaldo. En paralelo, los empresarios presentaron al Concejo de la Capital un pedido de actualización del valor de la tarifa mínima del boleto urbano, planteando que el valor actual de 84 pesos debía ser llevado a 361,74, o sea, un aumento del 430 %. Desde el Concejo, todos los bloques plantearon que iban a tratar en comisión el pedido empresarial.
Al boletazo en el transporte en la capital, por decreto se lo hará extensivo luego al resto de la provincia y, a su vez, será referencia para que otros medios de transporte, como son los taxis y remises, acomoden sus tarifas. O sea que lo que está en curso es un golpe al bolsillo de los trabajadores y de la clase media.
Desde el gobierno, distintos referentes han planteado que el sistema actual es “anacrónico” y que se debería reformular. Son conscientes de que el mes que viene y una semana antes de las PASO el conflicto va a reaparecer, ya que todos los últimos meses se viene presentando la misma situación. En función de ello, desde el gobierno quieren instalar el planteo de provincializar el servicio quitándoselo al municipio de la capital, hoy gobernado por un referente de JxC. Hasta el momento, el actual intendente ha guardado silencio porque sabe que defender el actual sistema lo enfrenta con los usuarios, que están pagando unas de las tarifas más caras del país para un pésimo servicio, con el agravante de que va a tener que promulgar el futuro aumento que resuelva el Concejo.
El planteo de la provincialización es una política de rescate de los empresarios del transporte. El vicepresidente de AETAT sostuvo que habría que estudiar el tema. Desde ya esperan que, si dan de baja las concesiones, sean indemnizados e incluso asociados bajo una nueva figura similar a la salteña, donde se formó SAETA, que colocó el sistema de transporte bajo gestión estatal, pero donde SAETA puede subconcesionar el servicio, una salida que también es impulsada por la burocracia de la UTA provincial.
Jaldo ha también ha planteado que el sistema actual no va más, pero sus concejales ya adelantaron que van a votar en el Concejo el aumento del boleto junto a los demás bloques, incluso alguno se animó a plantear su tratamiento sobre tablas. Tienen el temor de que el boletazo se transforme en un tema de agitación popular.
Delante de la concentración de vecinos y delante de los medios presentes, se denunció toda esta situación. También se llamó a impulsar asambleas autoconvocadas en las barriadas y los pueblos y a elegir delegados, para poner en pie una coordinadora que impulse la movilización contra el boletazo, por un servicio de transporte estatal bajo control de los trabajadores, por una tarifa social para los desocupados y todos los trabajadores cuyo salario no cubra el costo de la canasta familiar, por la apertura de las cuentas de las empresas concesionadas y determinar el destino de los subsidios multimillonarios recibidos desde hace 20 años.
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