Condenaron a perpetua a los policías que mataron a Lucas González

El fusilamiento del adolescente Lucas González en el barrio de Barracas en 2021 sintetiza el modus operandi y la aguda descomposición de la Policía de la Ciudad, que tiene en su haber un promedio de dos asesinatos mensuales desde su fundación, en 2016. Los casos específicos de gatillo fácil suman 38, la mayoría contra pibes de menos de 25 años, en las inmediaciones de los barrios populares porteños.

El martes pasado, tres policías -Gabriel Isassi, Juan José López y Fabián Nieva- fueron condenados a prisión perpetua. Son miembros de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 que, de civil y en un auto sin identificación, interceptaron una Suran en la que Lucas, dos amigos y un compañero del club se retiraban de un entrenamiento de fútbol.

Los adolescentes los confundieron con ladrones e intentaron huir. Entonces los policías de incógnito les descargaron una veintena de balazos; dos fueron a la cabeza de Lucas. No les bastó: lo torturaron en la agonía y golpearon y torturaron también a sus amigos al grito de “negros villeros, los vamos a matar a ustedes también”.

El tribunal los condenó por «homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad» y por los mismos delitos en grado de tentativa contra los otros chicos. El concepto “odio racial” es menos apropiado que “odio de clase”. En el Río de la Plata, “negro villero” es una definición que define sin tapujos la condición social.

Como si fuera parte de un protocolo, inmediatamente Isassi y sus hombres prepararon el andamiaje de impunidad. Informaron por radio que habían tenido un “enfrentamiento con delincuentes”. Sus jefes les mandaron patrulleros y decenas de policías para borrar las pruebas.

“¿Qué pasó Rodo? ¿Se mandaron un moco?”, se escucha en una de las conversaciones por radio. “Le dije a Inca (Roberto, jefe de la Brigada) que está como subcomisario que vaya y busque lo que tenga que buscar para justificar esto. Yo lo llamo a Santana (Daniel, uno de los absueltos), por qué no lo llamas al Perro y le decís que vengan a emprolijar esta cagada”. El “Perro” es Juan Romero, jefe de la Brigada.

Durante el juicio, el policía Héctor Cuevas rompió el pacto de silencio y contó que el subcomisario Inca les ordenó que fueran a buscar una pistola de utilería para plantarla en la Suran y dar cuerpo a la versión del “enfrentamiento”. Esto ocurrió ante el propio Inca y los comisarios Juan Romero, Rodolfo Ozán y Fabián Du Santos, todos condenados por encubrimiento (LN, 12/7). A Sebastián Baidón lo condenaron a ocho años porque, además de encubrir, torturó.

El Tribunal se detuvo ante los peces más gordos. De un total de 14 policías procesados, cinco fueron absueltos. Por ejemplo y -aunque figura en los audios- Daniel Santana, máxima autoridad del Departamento Comunal 4. Tampoco aceptaron encausar a Gabriel Berard y a Fabián Lencinas, jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad a pesar de que lo pidieron dos defensores, el fiscal y el abogado de las víctimas, que probaron que la cadena de encubrimientos llegó hasta ellos.

Viviana Arévalos, hermana y defensora del policía Ángel Arévalos, que incriminó a Berard, dijo que su hermano teme por su vida y la de sus hijas. “Berard sabía -coincide el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, a Infobae-. Se cortaron ocho manzanas para delimitar la zona. En un River-Boca se corta menos. Las autoridades no podían no estar al tanto del crimen y del encubrimiento.”

Como dice la sabiduría popular, no es un policía, es toda la institución.

Qué hacía la Brigada de civil esa noche

A juzgar por la magnitud del operativo para encubrir el crimen, es posible que los superiores hayan intentado también ocultar las actividades ilegales de la Brigada. Las respuestas de qué hacían allí son inverosímiles: “Inteligencia en un caso de narcotráfico”, “trabajo de campo”. ¿A balazo limpio?

La Policía admitió que el auto no identificable era habitualmente utilizado por Isassi y sus hombres (López y Nievas) en “investigaciones encubiertas” que llevaban a cabo dentro de la villa 21-24. En un barrio obrero pauperizado, donde actúan sin obstáculos el narcotráfico y las redes de trata, es probable que la policía estuviera extorsionando comerciantes o recaudando o en una “excursión de caza”. Esa recaudación policial nunca es cuentapropismo: remite directamente al comisario recaudador. Lo mismo ocurre con la “caza”.

Históricamente, las brigadas aprovechan que no usan uniforme para recorrer las calles para recaudar, regular de manera ilegal el delito. Sus integrantes se asocian a los delincuentes o les cobran peaje. Vínculos que se extienden, por supuesto, a la Justicia y al poder político.

La policía, y todas las fuerzas de seguridad, están asociadas e inficionadas por las distintas mafias, hasta convertirse en organizadoras del delito o socios de éstas, como ocurre con el narcotráfico, las redes de trata para la explotación sexual, la captación de soldaditos para el delito.

El desmadre de las policías es incontenible por más “modernizaciones” y cursos derecho-humanistas que se les imparta. Rosario es un espejo nítido de ese devenir. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue creada con el voto favorable de macristas y kirchneristas y reclutada entre comisarios y oficiales de la vieja Policía Federal Argentina.

La única seguridad de la que podemos gozar los explotados es la que surja de nuestra organización.

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