Bolivia y la crisis del gas: crónica de un vaciamiento anunciado

Escribe Julián Asiner

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Veinte años después de la ‘guerra del gas’, las reservas de Bolivia se han agotado. El país ha pasado de ser el principal proveedor del Cono Sur a importar hidrocarburos. La alianza entre el indigenismo del MAS y las grandes corporaciones petroleras, que cogestionó el drenaje del recurso durante estas dos décadas, favoreció fabulosas ganancias capitalistas sin aportar a un desarrollo autónomo de Bolivia, que ahora se enfrenta a una bancarrota económica y social.

En octubre de 2003, una insurrección popular había puesto en fuga al presidente “Goni” Sánchez de Lozada, quien tuvo que huir del país luego de la masacre del Alto, en la que 65 personas fueron asesinadas por la represión militar. Era la continuidad de un proceso de ascenso revolucionario de las masas andinas que había tenido un primer episodio tres años antes con la ‘guerra del agua’ en Cochabamba.

Estas protestas protagonizadas por obreros y campesinos hace 20 años tenían por eje la nacionalización de los hidrocarburos, contra los planes de exportación de gas a Chile que el gobierno de Sánchez de Lozada había acordado con grandes petroleras internacionales. Junto a la recuperación del gas se planteaba la convocatoria a una Asamblea Constituyentes.

Tras intermediar para contener la rebelión, Evo Morales absorbió estas dos demandas fundamentales como parte de su plataforma, siendo electo en el año 2005. El 1 de mayo del 2006 anunció una ‘nacionalización’ de los yacimientos de hidrocarburos que en realidad implicaron una renegociación de los contratos con el aval de los grandes pulpos. Para la sanción de la nueva constitución entregó un poder de veto que la oligarquía santacruceña no había obtenido en las urnas.

La ‘nacionalización a la gallega’ (por el lugar de Repsol y el entonces presidente Zapatero en los acuerdos) provocó la renuncia del ministro de Hidrocarburos de Evo Morales, Andrés Solís Rada. El ex funcionario denunció que, a través de un “inocente anexo F”, los nuevos “contratos de producción compartida” cedían la propiedad de las reservas a las compañías exportadoras, liquidando la posibilidad de un proceso soberano de industrialización (ver Prensa Obrera, “La nacionalización arrodillada”, por Andrés Solís Rada, https://prensaobrera.com/politicas/la-nacionalizacion-arrodillada, 19/4/12).

Lula y Kirchner, al frente de los dos principales países importadores del gas boliviano, jugaron una presión clave para que la crisis se resolviera a través de un compromiso con el gran capital y el imperialismo. En un contexto de alza de los precios de las materias primas, los nuevos contratos implicaban mayores regalías para el fisco pero en cambio eximían a los pulpos petroleros de cualquier compromiso de inversión (ver Prensa Obrera, “Bolivia: los pulpos nacionalizan el petroleo”, por Jorge Altamira, https://prensaobrera.com/partido/bolivia-los-pulpos-nacionalizan-el-petroleo, 2/11/06).

Esta falta de inversiones en exploración de nuevos yacimientos está en la base de la crisis actual. El gran capital, al cual se asoció el indigenismo boliviano, aprovechó al máximo la cesión de los pozos y activos que pertenecían a la YPF boliviana y que habían sido otorgados gratuitamente por gobiernos anteriores. Durante el ciclo de alza de precios, que tocó su pico en el año 2014, vació las reservas de gas acaparando el valor internacional en el mercado de exportación, sin realizar las inversiones necesarias para garantizar la continuidad del recurso.

Este proceso condenó al pueblo boliviano a la desindustrialización, a recurrir al endeudamiento y a una penuria energética que fue acompañada por ‘gasolinazos’ contra el pueblo, cada vez que la crisis puso en jaque la capacidad del Estado para subsidiar el valor del combustible. Ahora que las reservas llegaron a su fin, Bolivia se convirtió en importador y se espera que pueda abastecerse con el gas de Vaca Muerta, a través de las mismas tuberías que hasta ahora proveían de gas boliviano a la Argentina.

El resultado de este vaciamiento es una crisis económica vertebral que actualmente envuelve al país andino, con una deuda que llega al 70% del PBI, la caída en picada de sus reservas financieras, fuga de capitales y una suba de los precios de la canasta básica. Esta crisis está en la base de la ruptura del MAS y las denuncias cruzadas de altísimo voltaje entre el ala del actual presidente Arce y la que conduce Evo Morales. En búsqueda de un nuevo espejismo, Arce pretende sortear la crisis del gas apelando a la minería del oro y el litio, para la cual ya firmó convenios de exploración con compañías de Rusia y China.

El periplo boliviano es un espejo de lo que le espera a nuestro país con el proyecto que toda la burguesía comparte de ‘salvarse´ con Vaca Muerta. El vaciamiento de los recursos y la destrucción del ambiente serán la garantía para un nuevo ciclo de endeudamiento financiero. En manos de gobiernos de trabajadores, la reapropiación de los recursos energéticos haría posible un desarrollo industrial a escala de todo el continente, en el marco de la Unidad Socialista de América Latina.

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