Caen las inscripciones en la UBA: la crisis capitalista golpea el derecho a estudiar

Según un informe publicado recientemente en el diario Clarín (23/7), las inscripciones de 2023 en la Universidad de Buenos Aires cayeron un 11,4% con respecto al año pasado. La cantidad de anotados para el primer cuatrimestre del Ciclo Básico Común pasó de 63.044 en 2022 a 55.857 en 2023 (es decir, 7.187 menos) y quedó por debajo de los niveles previos a la pandemia, donde hubo un alza extraordinaria ligada a la virtualidad y al retorno de estudiantes que habían dejado la cursada. Aunque el descenso en las inscripciones abarca a casi todas las facultades de la UBA, afecta particularmente a las de Ciencias Sociales, Derecho y Medicina.

El actual director del CBC, Felipe Vega Terra, que integra el mismo espacio político que conduce el Rectorado, minimiza esta caída significativa en el número de ingresantes señalando que la matrícula sigue siendo altísima. Sin embargo, se ve obligado a admitir que uno de los principales motivos de este retroceso tiene que ver con “la situación económica”.

En medio de la profunda crisis que atraviesa la Argentina, una parte importante de los jóvenes no puede anotarse en una carrera universitaria o se ve obligada a abandonar los estudios porque tiene que salir a trabajar para mantenerse o contribuir al sostenimiento de sus familias. Los salarios de pobreza y por detrás de la inflación que hoy recibe el grueso de la clase obrera no alcanzan a cubrir las necesidades elementales, por lo que la perspectiva de acceder a la educación superior, incluso en la universidad pública, tiende a estrecharse. Es que la gratuidad no está garantizada: la falta de becas y comedores conspira contra la posibilidad de estudiar.

Actualmente, el 50% de los estudiantes universitarios trabaja, pero la degradación del régimen capitalista vuelve cada vez más difícil conjugar el trabajo con el estudio. La juventud es el sector privilegiado donde prolifera el empleo precarizado, con jornadas laborales extenuantes, horarios rotativos, contratos basura y por fuera de convenio, que la dejan completamente desamparada frente a la patronal. En estas condiciones, los jóvenes deben reducir forzosamente la cantidad de materias que cursan y las horas que dedican a estudiar, o directamente se ven obligados a dejar la facultad. El bajo nivel de egreso que registra la universidad pública argentina (alrededor de un 20%) y la prolongación del tiempo promedio que los estudiantes tardan en recibirse (nueve años) se vincula a este cuadro general y al largo deterioro de la enseñanza media e inicial producto de las políticas privatistas de sucesivos gobiernos.

Las autoridades de la UBA no se han pronunciado sobre qué van a hacer frente a la caída en las inscripciones, que en algunas facultades (como Sociales) alcanza niveles alarmantes. Las medidas de ajuste exigidas por el FMI que viene aplicando Massa, pero continuarán luego de las elecciones, echarán leña al fuego de la crisis e implicarán un nuevo golpe para la educación. Es necesario que estudiantes y docentes debatan y se organicen en defensa del derecho a estudiar y de la universidad pública y gratuita.

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