Juan Grabois, el precarizador

Escribe Leonardo Perna

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El precandidato de Unión por la Patria, Juan Grabois, referente del MTE y la UTEP, recientemente realizó un acto en Berisso junto a Axel Kicillof. En el cierre, Grabois arengó: “lo único que no tenemos es miedo y plata”. Pero si se trata de fondos, la realidad es que la UTEP es la organización predilecta del Ministerio de Desarrollo en la asignación de los recursos, que incluyen partidas millonarias bajo el ítem de la administración de cooperativas, que en el año 2022 destinó unos 14.000 millones de pesos en partidas de carácter discrecional donde la UTEP se encuentra en el top de los favorecidos.

Juan Grabois en su plataforma electoral y spots se presenta como un heredero de “Néstor, Cristina, Perón y Evita” que construye “desde adentro”, claro, se refiere en ese aspecto a los cargos en el Estado. Sus propuestas gravitan alrededor del reconocimiento de la “economía popular como modo de trabajo genuino” y la renegociación con el FMI sobre bases de una “defensa de la patria”. Según su sitio web, su programa surge de un plan de trabajo elaborado con Wado de Pedro en el último año. Nada dice la plataforma sobre los ingresos por debajo de la indigencia que se lleva adelante en toda la “economía popular”, ni menos aún explica cómo llevaría esos ingresos a conformar una Canasta Familiar hoy por encima de los 250.000 pesos. Mucho menos aclara cómo cumpliría su promesa de salir del Fondo, cuando la herencia política de Néstor, Cristina y también Massa es la de asumir los compromisos de cada ciclo de endeudamiento y pagar al capital internacional.

El líder del Frente Patria Grande solo presenta precandidatos a presidente y vice-presidente, el resto de su boleta llevará lo que acordó en las listas de Unión por la Patria. Por esto, su recorrida por municipios no implica ninguna amenaza para los intendentes camporistas y pejotistas que cobijan sus actos. Grabois, que hace poco fustigó contra la industria del juicio laboral, se mantiene firme en el libreto de precarización que acordó con el capital agrario de Grobocopatel y los pools de siembra. Nada que altere la digestión de los barones del pejotismo ni de la burocracia sindical.

Economía de la indigencia

Una reciente investigación de la Universidad Nacional de Córdoba y el Conicet, pone luz sobre la realidad de estas propuestas. “Hacerse el Sueldo, un retrato de la economía popular” marca que por ejemplo en Córdoba 1 de cada 4 personas, la mayoría mujeres, están enroladas en este sector. Ganando un 50% menos que la media de los trabajadores formales (unos 40 a 50 mil pesos). En todo el país son 6 millones de personas las inscriptas en esta modalidad donde la reforma laboral es un hecho cotidiano. Esta informalidad que promociona Grabois, está extendida en un régimen de cuentapropistas no registrados y también bajo la órbita de las unidades de gestión de las organizaciones donde figuran como “trabajo asociativo”. Donde ningún convenio ni ley protege al trabajador, por ejemplo, ante un accidente de trabajo o en caso de enfermedad. Y donde muchas veces el mismo trabajador debe pagar por su uniforme y herramientas.

El embellecimiento que hace Grabois de un sistema precario de carreros, changarines y feriantes no formalizados es el paralelo al emprendedurismo que impulsan tanto liberales como macristas. Sus cooperativas están enroladas en actividades como el comercio, la construcción, textiles, agrarias y recolección de residuos. Donde según el estudio el 23% de los trabajadores padecen pobreza extrema. Otra característica de este trabajo es el pluriempleo en diferentes áreas, o sea una superexplotación, que es otra forma de encubrir relaciones laborales por fuera de un sistema de previsión y seguridad social.

Paradigmáticamente, el estudio encontró que, de la masa total de los inscriptos en la “economía popular”, solo el 30% recibe algún tipo de ayuda directa desde el Estado, tanto sea en la forma de tarjeta alimentaria como de un plan social. La fuerte presencia de la UTEP en este tipo de actividades económicas no ha redituado en una mayor protección a los trabajadores desde el Estado. Como ha colocado el mismo FMI, la reducción o incluso la eliminación de la asistencia social es un punto nodal para imponer salarios por debajo de la indigencia.

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