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El pasado 28 de julio, a través de un breve mensaje de texto por celular, la jefa de gobierno de Italia, Giorgia Meloni, les dijo a 169.000 familias que perderán su reddito di cittadinanza (ingreso ciudadano) en los próximos cuatro días. Se estima que unos 2,5 millones de personas se verán afectadas por los recortes. Se espera que el dinero “ahorrado” termine en una fabulosa transferencia de capital a los grupos capitalistas en forma de exenciones impositivas. Esta arremetida sería solo el comienzo.
El ingreso ciudadano se había impuesto en 2019, bajo el gobierno del Movimiento Cinco Estrellas, lo que le había valido un gran apoyo sobre todo en el sur de Italia. La medida proporcionó un ingreso adicional de hasta 500 euros al mes. Los cónyuges podían recibir 200 euros adicionales, los hijos 100 euros por cada uno y un máximo de 280 euros destinados al pago de un alquiler. Con la reforma de Meloni, solo los hogares en los que vivan menores, personas con discapacidades o adultos mayores recibirán un máximo de 480 euros. Además, se suma que esta reforma contempla que las personas de 18 a 59 años se consideran “empleables” y no recibirán ningún subsidio. Solamente se hace la excepción si participan en cursos de educación y formación continua, donde recibirán 350 euros al mes, limitados a un máximo de un año. Sin embargo, hasta el momento no existen tales cursos y el Ministerio de Trabajo ni siquiera ha establecido una plataforma de Internet para que se desarrollen.
Esta medida es una declaración de guerra contra la clase trabajadora. De fondo, prepara una ofensiva en regla contra el mundo del trabajo. En primer lugar, busca presionar a los trabajadores a tomar los empleos más precarios y peor pagados para llevar, aunque sea, un mínimo ingreso a sus casas. Por otro lado, busca imprimir una división feroz en el seno mismo de la clase obrera entre los trabajadores más pauperizados y la clase media un poco más acomodada con los desocupados que reciben subsidios.
Este ataque era uno de los caballitos de campaña de Fratelli d'Italia, el partido político de Meloni, que denunciaba a la renta ciudadana como “una invitación a no hacer nada y quedarse en el sofá". La promesa electoral fue abrazada por asociaciones empresariales que se quejaron de la falta de personal en las industrias porque, según ellos, los beneficiarios de las ayudas se negaban a tomar los trabajos mal pagados.
La medida fue saludada por los círculos capitalistas europeos. En nuestro país, la Argentina, los periódicos comentaron la noticia con grandilocuencia. Clarín, por ejemplo, tituló: “Giorgia Meloni eliminó los planes sociales de los italianos que rechazaron un trabajo”. El apoyo a la medida de Meloni muestra que la hoja de ruta de la burguesía mundial es mejorar la tasa de beneficio a costa de la superexplotación laboral.
La inflación desatada por la guerra en Ucrania, entre la OTAN y la oligarquía rusa, ha azuzado una enorme pérdida de poder adquisitivo como resultado del alza de los precios. Italia, por otra parte, no tiene regulado un salario mínimo, lo que genera que sean muchas las personas que necesiten del apoyo del gobierno para subsistir. Con esta quita, millones de personas no tendrán los suficientes recursos para sobrellevar el día a día. Los índices de pobreza son muy altos. En Nápoles, uno de cada seis hogares reciben Renta Ciudadana y en la ciudad norteña de Bolzano es uno de cada 30. La situación social es catastrófica.
Como resultado, hubo protestas frente a las oficinas de la agencia de bienestar social INPS en muchos lugares. En el municipio siciliano de Terrasini, un hombre irrumpió en la oficina del alcalde, arrojó gasolina por todas partes y amenazó con prender fuego a todo (WSWS, 3/8).
El ataque de Meloni es sin duda un laboratorio político para los demás países que buscan implementar las mismas medidas. Esto debe ser rechazado por todos los trabajadores del mundo.
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