El otro Núremberg

Paralelamente a los famosos juicios, se celebraron otros menos conocidos: los tres juicios a los empresarios que financiaron el nacionalsocialismo, colaboraron con el régimen y se beneficiaron de él.

Tal día como hoy, hace 75 años, comenzaba en la ciudad de Núremberg el proceso judicial en el Tribunal Militar Internacional (TMI) contra 24 dirigentes de la Alemania nazi. Como este viernes se encargarán de recordar los principales medios de comunicación, este juicio contribuyó enormemente al desarrollo del derecho internacional, en particular en los campos de los derechos humanos y el derecho militar, en la tipificación y persecución de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y en el concepto de guerra de agresión, considerada “no solo un crimen internacional, sino el crimen internacional supremo, que difiere de todos los demás crímenes de guerra en que contiene en sí el mal acumulado de todos”. El juicio de Núremberg estableció también los fundamentos de la Corte Penal Internacional (CPI), una iniciativa de Naciones Unidas –una organización surgida asimismo de las cenizas del conflicto– que se formalizaría finalmente en 2002. “Núremberg” es hoy sinónimo de un macro-proceso judicial contra una élite política que ha cometido graves crímenes de guerra y contra la humanidad.

Casi un año después de que se iniciase el proceso, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, se leía la sentencia que condenaba a los acusados de planificar, iniciar y librar guerras de agresión, así como de otros crímenes contra la paz, de participar en crímenes de guerra y en crímenes contra la humanidad. Doce de los acusados fueron condenados a pena de muerte, aunque únicamente se llevaron a cabo diez, ya que que el responsable la Luftwaffe, Hermann Göring, se suicidó el día anterior a su ejecución, y el secretario privado de Adolf Hitler, Martin Bormann, fue condenado in absentia (los Aliados desconocían que Bormann se había suicidado mientras trataba de escapar del Berlín sitiado por las tropas soviéticas y que su cadáver había sido enterrado cerca de la estación central). A ninguno de los acusados con rango militar durante el conflicto (Wilhelm Keitel, Alfred Jödl y Göring) se les concedió el derecho a ser ejecutados por un pelotón de fusilamiento, según la costumbre castrense, sino por la horca, es decir, como criminales. Tras fotografiar a los cadáveres como prueba de su muerte con el fin de impedir que surgiese la leyenda de que habían escapado y seguían con vida, sus restos fueron incinerados y arrojados al río Isar.

El arquitecto Albert Speer, que había ocupado varios cargos oficiales durante el nazismo, y el líder de las Juventudes Hitlerianas, Baldur von Schirach, fueron condenados a 20 años de prisión, el diplomático Konstantin von Neurath, a 15 años, y el almirante Karl Dönitz, presidente del llamado “Gobierno de Flensburgo” entre el 30 de abril y el 23 de mayo de 1945, a 10 años. Otros tres acusados fueron condenados a cadena perpetua: el comandante de la Marina, Erich Raeder, el último ministro de Economía del Tercer Reich, Walther Funk, y la mano derecha de Hitler, Rudolf Hess. Como los dos primeros fueron liberados en 1955 y 1957 respectivamente por motivos de salud, Hess se convirtió en el único y último recluso de la prisión de Spandau en Berlín. Durante años, los neonazis intentaron convertir en banderín de enganche las peticiones de liberación de Hess, quien se ahorcó el 17 de agosto de 1987, a los 93 años, con el cable de una lámpara, aprovechando un descuido de los vigilantes. La prisión de Spandau fue demolida poco después para evitar su uso propagandístico por parte del movimiento neonazi, que, a pesar de todo, organizó en los años siguientes marchas anuales a la tumba de Hess en Wunsiedel (Baviera), hasta que la parroquia decidió no renovar la concesión de la parcela y, en 2011, y con el consentimiento de la familia, sus restos fueron incinerados y arrojados al mar.

Sólo tres de los acusados en aquel juicio fueron absueltos, con el voto en contra del juez soviético, Iona Nikítchenko: Hans Fritzsche, uno de los principales responsables de la propaganda nazi (posteriormente condenado a ocho años de prisión); Franz von Papen, vicecanciller alemán entre enero de 1933 y agosto de 1934; y Hjalmar Schacht, ministro de Economía entre agosto de 1934 y noviembre de 1937, y de quien el fiscal estadounidense, Robert H. Jackson, dijo famosamente que “su superioridad [intelectual] respecto a la mediocridad del común de los nazis no es su excusa; es su condena”. El industrial Gustav Krupp no pudo ser juzgado por su avanzado estado de edad y su manifiesta senilidad, aunque no se le retiraron los cargos que se le imputaban. Robert Ley, responsable del Frente Alemán del Trabajo, tampoco pudo ser juzgado, ya que se suicidó en su celda el 24 de octubre de 1945. Ley, uno de los hombres que había disfrutado de un tren de vida por todo lo alto durante el nazismo, terminó ahorcándose con una toalla anudada en torno a la cañería del inodoro.

Los “juicios subsiguientes”

Menos conocidos, sin embargo, son los doce de los llamados “juicios subsiguientes”, que las autoridades estadounidenses –no el TMI, aunque se celebraron en la misma sala– llevaron a cabo en Núremberg, en la zona de ocupación asignada a los Estados Unidos. Entre éstos se incluyen “el juicio de los doctores”, en el que se procesó a 23 médicos que experimentaron con reclusos de los campos de concentración y facilitaron los programas de exterminio del régimen, o “el juicio de los jueces”, en el que se sentó en el banquillo de los acusados a 16 magistrados, fiscales, juristas y abogados que contribuyeron a diseñar la arquitectura legal del nazismo y la implementaron. También se juzgó al alto mando militar, a 24 oficiales de los Einsatzgruppen (los escuadrones de la muerte de las SS en Europa oriental y la Unión Soviética) o a 12 generales responsables de la campaña en los Balcanes, entre otros. Aún menos conocidos todavía, y aún menos recordados por los medios de comunicación por motivos que se señalarán más adelante, son los tres juicios a los empresarios que financiaron el nacionalsocialismo, colaboraron con el régimen y se beneficiaron de él.

El primero de esos tres juicios fue contra el industrial Friedrich Flick y los administradores de sus empresas (19 de abril – 22 de diciembre de 1947) por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos el saqueo y espolio de los territorios ocupados, tanto en el Este como en el Oeste, la apropiación de bienes ajenos mediante el proceso de “arianización” de la economía alemana, el uso de trabajo esclavo en las minas y fábricas del grupo, y la pertenencia al Partido Nacional-Socialista del Trabajo Alemán (NSDAP) y las SS del propio Flick. Este empresario fue uno de los participantes de la reunión secreta con Hitler del 20 de febrero de 1933 en Berlín, en la que el dinero fluyó a las cajas del partido después de comprometerse el líder del NSDAP a respetar la propiedad privada a cambio de aplastar a los marxistas. El propio Flick contribuyó con una generosa donación anual de 100.000 marcos. En correspondencia, las empresas de Flick fueron de las mayores beneficiarias del Tercer Reich: de 1933 a 1943 su capital pasó de 225 a 953 millones de marcos. No lo hizo, como se ha adelantado, con métodos legítimos: en 1944 la mitad de los 130.000 empleados del consorcio eran trabajadores esclavos o internos de los campos de concentración a quienes se encerraba en barracones sin camas, sin proporcionarles apenas comida y brutalmente golpeados por los guardias con regularidad. Se calcula que más de 10.000 de ellos perecieron por las pésimas condiciones a las que fueron forzados a trabajar.

Flick –quien desde 1944, ante el avance de las tropas aliadas, había ordenado reunir todas las facturas que acreditaban la financiación de partidos durante la República de Weimar para destruirlas y no dejar ninguna prueba– fue condenado a siete años de prisión, pero a pesar de cumplir íntegramente su condena, su fortuna quedó prácticamente intacta. En 1955, por ejemplo, contaba con un centenar de empresas que le reportaban unas ganancias de 88 millones de marcos. Ello le permitió convertirse en el hombre más rico de Alemania occidental, en el mayor accionista de Daimler-Benz y contar asimismo con participaciones en importantes empresas químicas y siderúrgicas como Feldmühle, Dynamit Nobel, Buderus y Krauss-Maffei. Flick recibió además la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1963, y en Kreuztal (Renania del Norte-Westfalia) un instituto llevó su nombre hasta 2008. También se le dedicaron estadios en Rosenberg (Baviera) –el nombre no se modificó hasta 2012, después de una agria polémica– y calles en varios municipios, de las que todavía sobreviven cuatro: en Maxhütte-Haidhof y Schwandorf (Baviera), en Teublitz (Alto Palatinado) y en Burbach (Renania del Norte-Westfalia).

Del ‘Zyklon B’ a la Talidomida

El siguiente “juicio subsiguiente” concerniente a los financiadores del nazismo fue contra los responsables de IG Farben (14 de agosto – 30 de julio de 1948), a quienes se acusó de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, entre ellos: colaborar en la planificación y los preparativos para la agresión militar así como su desenvolvimiento, empleo de trabajo esclavo –la compañía contaba con instalaciones adyacentes al campo de concentración de Auschwitz– y experimentos humanos, y pertenencia a organización criminal. Las pruebas utilizadas en el proceso procedieron de los documentos incautados por la división financiera bajo el mando del general Dwight Eisenhower en la sede de la compañía en Frankfurt am Main, en abril de 1945.

Como recoge el protocolo del proceso, IG Farben suministró a la Wehrmacht caucho sintético, gasolina, nitrógeno, metales ligeros y, a través de sus filiales, explosivos. Poseía, además, un 42’5% de las acciones de Degesch, la empresa de pesticidas que fabricó el ‘Zyklon B’. Como es notorio, este insecticida se utilizó para ejecutar a los prisioneros en las cámaras de gas de los campos de Majdanek, Mauthausen, Dachau, Buchenwald y Auschwitz. El comandante de este último, Rudolf Höss, explicaría en su juicio que autorizó el uso de ‘Zyklon B’ tras la recomendación de un subordinado suyo, el Hauptsturmführer Karl Fritzsch, quien lo había empleado antes con prisioneros de guerra soviéticos a finales de agosto de 1941.

El ‘Zyklon B’ era adquirido a través de los distribuidores Heli y Tesch & Stabenow (Testa)–que llegó a ofrecer cursos en Riga y Sachsenhausen a los miembros de las SS para instruirlos en su manejo seguro–, y en ocasiones directamente a los fabricantes. Se calcula que sólo Auschwitz recibió 23’8 toneladas de ‘Zyklon B’, únicamente seis de las cuales se utilizaron para lo que había sido originalmente pensado: fumigar plantas. El presidente de Testa e inventor del ‘Zyklon B’, Bruno Emil Tesch, fue juzgado dos años antes por un tribunal militar británico en Hamburgo (1-8 marzo de 1946), que falló que Tesch conocía el destino del gas y, en consecuencia, lo condenó a la pena de muerte. Tesch fue ejecutado en la prisión de Hameln el 16 de mayo de 1946 junto con el vicepresidente de Testa, Karl Weinbacher.

No corrieron sin embargo la misma suerte los 23 procesados en el juicio contra IG Farben, la mayoría de ellos condenados a penas de prisión de uno a ocho años en la cárcel de Landsberg (Baviera), que no siempre cumplieron íntegramente. A pesar de haber sido condenados como criminales de guerra, varios se reintegraron en la vida económica de la República Federal Alemana (RFA) como miembros de los consejos de administración de empresas químicas y farmacéuticas. Uno de ellos, el químico Otto Ambrose, llegó incluso a ser asesor del canciller Konrad Adenauer y trabajó para la farmacéutica Grünenthal, en la que participó en el desarrollo de la Talidomida (comercializada en Alemania occidental como Contergan), un medicamento que se publicitaba como remedio contra la ansiedad y la náusea durante el embarazo y que provocó 10.000 nacimientos con malformaciones y miles de abortos no deseados. Otro de los condenados, Heinrich Bütefisch, recibió la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en marzo de 1964 por su trabajo en la junta directiva de Ruhrchemie AG, pero cuando se hizo público su pasado nacionalsocialista se le retiró el galardón.

Pocos apellidos alemanes sean posiblemente tan conocidos como el de Krupp, cuya historia como proveedor de armas se remonta a la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), en la que suministró a todos los bandos combatientes. Las empresas Krupp fueron el objeto del tercero de los “juicios subsiguientes” (8 de diciembre de 1947 – 31 de julio de 1948) relacionados con el capital que financió al nazismo. Como se encargó de recordar el fiscal Robert H. Jackson en su acusación, “cuatro generaciones de la familia Krupp han poseído y operado las grandes factorías de armamento y municiones que han sido la principal fuente de suministros de guerra de Alemania. Durante más de 130 años, esta familia ha sido el foco, el símbolo y el beneficiario de las fuerzas más siniestras implicadas en la amenaza a la paz en Europa”. La participación de la empresa en el régimen nazi era innegable: Krupp suministró generosamente a la Wehrmacht desde tanques hasta cruceros y submarinos pasando por cañones de artillería y munición. El aprecio por los nazis hacia su patrocinador era tal que en un discurso a las Juventudes Hitlerianas Hitler llegó a afirmar que “el joven alemán del futuro debe ser delgado y ágil, veloz como un lebrel, curtido como el cuero y duro como el acero de Krupp.”

El material de guerra de Krupp era fabricado por 100.000 trabajadores esclavos, entre ellos más de 23.000 prisioneros de guerra –principalmente en su factoría en Essen (Renania del Norte-Westfalia)– y 4.978 internos de los campos de concentración de Auschwitz y en Wroclaw (en alemán: Breslau), invariablemente en condiciones inhumanas: largas jornadas de trabajo, alojamiento inadecuado y expuesto a los bombardeos (en violación del Tratado de La Haya), malnutrición, falta de asistencia médica y brutalidad por parte de los guardias. En su declaración ante el tribunal, el Dr. Wilhelm Jäger, uno de los médicos de la empresa que fue enviado a supervisar las condiciones de los campos, relató en su testimonio que “las condiciones sanitarias eran atroces: en Krämerplatz [donde trabajaban 2.000 prisioneros de guerra soviéticos y franceses] solo había 10 cuartos de baño de niños para 1.200 reclusos… Los excrementos cubrían el suelo de estos baños por completo. Los tártaros y kirguises eran los que más sufrían: caían como moscas [a causa del] alojamiento, la mala calidad de la insuficiente comida, el exceso de trabajo y la falta de descanso… Miles de moscas, insectos y otros parásitos torturaban a los internos de estos campos”. En Nöggerathstrasse se llegó a hacer dormir a los prisioneros de guerra franceses durante seis meses “en jaulas para perros”: cinco reclusos dormían en cada jaula, “en la que tenían que entrar a cuatro patas”. Los hijos de las trabajadoras forzadas secuestradas en Europa del Este se alojaban en barracones para niños en condiciones no muy diferentes a las descritas y muchos de ellos murieron por la mala alimentación y falta de asistencia médica. El presidente, Alfried Krupp, respondió a todos los informes de Jäger con indiferencia.

Por todo ello, doce directivos de Krupp, incluyendo a su presidente desde 1943, Alfried Krupp von Bohlen y Halbach, fueron sentados en el banquillo de los acusados por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Sólo uno de los acusados, Karl Heinrich Pfirsch, responsable de ventas de la empresa, fue absuelto: el resto fueron condenados a penas de prisión de entre tres y doce años de prisión, y a Alfried Krupp se le impuso además la venta de sus posesiones. Como en los casos de Flick e IG Farben, el tribunal rechazó los argumentos de la defensa de que los acusados no hicieron más que “cumplir órdenes” y de que actuaron por “necesidad”, asegurando que se habían visto obligados a alcanzar las cuotas de producción impuestas por el gobierno alemán y que, para conseguirlo, era necesario hacer uso de la fuerza de trabajo proporcionada por el Estado porque no había otra disponible, y que, de haberla rechazado, ello hubiera acarreado consecuencias para los empresarios y sus administradores. De igual modo, se desestimó el argumento de la defensa de que el tribunal estaba aplicando una “justicia de vencedores”, así como que las leyes que se les acusaba infringir no estaban vigentes en el lugar y el momento de las acciones realizadas (nullum crimen, nulla poena sine praevia lege).

Sin embargo, el alto comisario de EE UU para la RFA, John J. McCloy, convencido de la necesidad de restaurar la capacidad industrial de Alemania occidental frente a una emergente URSS, decidió entre 1951 y 1952 reducir las penas de la mayoría de los acusados. El propio Alfried Krupp fue amnistiado el 31 de enero de 1951 y se le restituyeron sus propiedades en la RFA, que en la zona de ocupación soviética (a partir de 1949 la República Democrática Alemana) habían sido ya expropiadas. El terreno para la amnistía lo habían preparado antes las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales y los medios de comunicación conservadores, que habían puesto en marcha una intensa campaña de relaciones públicas para relativizar las acciones de Krupp durante el nazismo. Cabe decir que lograron su cometido con creces, ya que Krupp se convirtió como es sabido en una de las empresas más importantes de posguerra. En 1999 se fusionó con Thyssen AG, cuyo presidente en el período de entreguerras, Fritz Thyssen, también financió generosamente al nacionalsocialismo hasta 1933, cuando su relación con el régimen comenzó a deteriorarse. Thyssen, que abandonó Alemania en 1939 y en 1940 publicaría en Francia una biografía titulada Yo financié la ascensión de Hitler, llegaría a ser internado tras su detención en el régimen de Vichy y extradición a Alemania en varios campos de concentración, aunque siempre recibió un trato de favor por su condición social.

“Lo hicieron voluntariamente”

En el juicio contra IG Farben, el fiscal presentó como prueba núm. 58 el siguiente fragmento del interrogatorio a Göring:

P. ¿Habría contemplado Alemania su vasto programa de agresión si no hubiesen contado con el pleno apoyo de los industrialistas durante todo el tiempo?

R. Los industrialistas son alemanes. Tenían que apoyar a su país.

P. ¿Les forzaron a hacerlo o lo hicieron voluntariamente?

R. Lo hicieron voluntariamente, pero de haberse negado, el Estado habría dado un paso al frente.

P. ¿Piensa que el Estado habría sido lo suficientemente fuerte para forzar a la gran industria a ir a la guerra si ésta no quería la guerra?

R. Cuando llegó el momento de ir a la guerra, todas las industrias nos siguieron sin problemas de conciencia.

Lo cierto es que tampoco tuvieron problemas de conciencia antes de la guerra: sin las donaciones de los industriales —a quien Hitler había cortejado abiertamente desde 1926-1927 presentando a su partido como dique de contención del bolchevismo—, el NSDAP no hubiera podido desembolsar por ejemplo los 805.864 marcos que costó la compra y renovación del Palacio Barlow de Múnich, donde el partido estableció su sede. Después de la ya mencionada reunión secreta del 20 de febrero de 1933, los “capitanes de industria” donaron tres millones de marcos —más de dos millones de los cuales se ingresaron en un fondo fiduciaro ad hoc creado por Schacht— para financiar a la ultraderecha. Los porcentajes son significativos: el 25% se destinó al Frente Negro-Blanco-Rojo, la coalición liderada por Franz von Papen, y el 75% restante al NSDAP. Según Martin Blank, uno de los testimonios de aquella reunión, aquel mismo día los representantes de la industria siderometalúrgica se comprometieron a donar un millón de marcos, mientras que el fabricante de maquinaria Wolfgang Reuter prometió entregar 100.000 marcos, la misma suma que dio Siemens. En el fondo de Schacht aparecen Osram, que donó 40.000 marcos (27 de febrero), Telefunken, con unos 35.000 (27 de febrero), IG Farben, con unos 400.000 marcos (28 de febrero), o AEG, con 60.000 (3 de marzo), por señalar sólo las compañías más conocidas de la lista, en la que también figuraban empresas mineras y de fabricación de maquinaria.

No sólo fue la industria: el acuerdo entre Papen y Hitler para hacerse con la cancillería se fraguó en la casa de un banquero, Kurt Freiherr von Schröder, en Colonia, con la mediación una vez más de Schacht. En su declaración en el juicio de Núremberg, Schröder narró cómo “antes de dar este paso, conmigo hablaron una serie de caballeros de la economía y me informé en general de cómo la economía quería establecer una cooperación entre ambos.” “Los mayoría de los esfuerzos de los hombres de la economía se dirigían”, continuaba Schröder en su declaración, “a ver la llegada al poder de un líder fuerte en Alemania que construyese un gobierno que permaneciese en el poder por un largo período tiempo”. Cuando “el NSDAP sufrió el 6 de noviembre su primer revés en las urnas y alcanzó con él su techo electoral, el apoyo de la economía alemana se hizo especialmente apremiante”. De acuerdo con el testimonio de Schröder, “existía un interés común en la economía en el miedo del bolchevismo y la esperanza de que los nacionalsocialistas, una vez en el poder, estableciesen una política consistente y sólidos fundamentos económicos en Alemania”.

Quizá la mayoría de industriales y banqueros viese a los nazis como parte de la constelación de fuerzas conservadoras que habían de impedir el ascenso del movimiento obrero organizado que suponían tanto el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) como el Partido Comunista de Alemania (KPD) y sus sindicatos. Carl von Ossietzky escribió en Die Weltbühne cómo el magnate de los medios de comunicación Alfred Hugenberg no quería “dejar libre a su golem, Hitler.” “Cuando ya no lo necesite más”, creía Ossietzky, “le cortará el grifo de la financiación y el movimiento nacionalsocialista desaparecerá tan misteriosamente como estos últimos dos años misteriosamente ha crecido”. Años después el dramaturgo Heiner Müller compararía a los nazis con un perro rabioso atado a una correa que finalmente se aflojó demasiado. Sea como fuere, como escribe Antoni Domènech en El eclipse de la fraternidad (Crítica, 2004; Akal, 2019), “lo que el propio [fiscal estadounidense] Telford Taylor llamó ‘guerra civil fría’ desencadenada en EE UU contra los ‘comunistas rooseveltianos’ contribuyó decisivamente a que las condenas judiciales a la oligarquía industrial y financiera alemana quedaran en nada”, entre otras razones, “gracias a la enorme presión de la derecha empresarial y política norteamericana que consideró –no sin un punto de razón– que procesar a los Flick, a los Krupp y compañía era tanto, según expresó en su día el luego tristemente célebre senador McCarthy, ‘como procesar a los Ford y a los Rockefeller’”.

No se produjo una caída de los dioses: el capital sin el que el nazismo no hubiera sido posible fue restituido en su lugar, considerado como un ‘mal necesario’ para hacer de Alemania occidental un muro de contención contra la expansión del comunismo soviético, a pesar de que ello suponía una violación del apartado B.12 del Acuerdo de Potsdam de 1945, según el cual “en el plazo más breve posible la vida económica alemana ha de descentralizarse con el objetivo de destruir la desproporcionada concentración existente del poder económico, representada especialmente por los carteles, corporaciones, trusts y otras asociaciones monopolistas”.

La URSS defendió en todo momento el establecimiento de un castigo ejemplar e inequívoco a los criminales de guerra nazis: sobre ellos tenía que caer todo el peso de la ley, sin concesiones. Esta manera de proceder tenía como fin impedir que su memoria pudiese ser rehabilitada y asestar a un mismo tiempo un golpe definitivo al capital que había posibilitado el peor conflicto de la historia de la humanidad. Buena parte del resto de los Aliados, en cambio, temía que el juicio a los notables de la vida económica alemana se convirtiese en una poderosa herramienta propagandística para los soviéticos. Como seguramente se refleje en los medios de comunicación estos días, hubo un Núremberg que ha llegado a ser muy conocido por el público y otro que no, y que, además, quedó incompleto.