“Libertad educativa”: una ley en la escena de la guerra mundial

Se conoció la propuesta de ley del gobierno de Milei que mediante más de 130 artículos busca impartir una educación regimentada por el Estado, atomizada en su enseñanza y descalificada en cuanto a saberes y contenidos. La legislación que propone el gobierno nacional, denominada “Libertad educativa”, ha despertado indignación en la burocracia sindical y en las organizaciones políticas afines al gobierno provincial de Kicillof, que se arrogan el papel de representantes educativos; sin embargo, los liberticidas vienen a consagrar, mediante la legislación, todo el recorrido educativo que promovieron las diversas variantes de gobiernos peronistas (FpV; UC; FdT y FP) y también el gobierno macrista de Cambiemos.

El Estado dirigido por los liberticidas asume, mediante una norma legal, es decir a través de las estructuras políticas, las alteraciones a la relación educativa y a las condiciones de trabajo docente que se fueron imponiendo a través de reformas y contrarreformas educativas impartidas por las diversas jurisdicciones y en los marcos de la legislación vigente kirchnerista. Todas esas modificaciones contaron con el acompañamiento de las conducciones sindicales. Los atropellos a las condiciones de vida y a los modos de trabajo de la docencia se fueron llevando adelante en estos años.

La continuidad del capital en la educación: contenidos

Según la ley propuesta por los liberticidas “el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones mínimas comunes”; asumiendo un rol básico el aparato estatal libera las fuerzas del capital, por lo que apela a que se respete “la autonomía institucional y la diversidad de proyectos educativos propios de cada institución.” Se les otorga a las instituciones educativas “autonomía para organizar su régimen de gobierno interno” (art. 94). Esta reglamentación recoge las actuales modificaciones en el Régimen Académico que imparte el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuya finalidad es “establecer que las escuelas puedan organizar institucionalmente la enseñanza en distintos formatos”, donde se habilita a que las escuelas consideren “las características y organización institucional de las escuelas secundarias en la diversidad de realidades de la provincia” promoviendo “la implementación de distintos formatos para profundizar la enseñanza y acompañar las trayectorias de las/os estudiantes” (Actualización del Régimen Académico en PBA, 2024 ver en https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/202407/Actualizacio%CC%81n%20del%20Re%CC%81gimen%20Acade%CC%81mico%20ES.pptx_.pdf ).

Los liberticidas avanzan legislando las propuestas que imparten las provincias y/o las jurisdicciones. La promoción de “libertad de contenidos” y el establecimiento de “los planes de estudios propios, elaborados por cada escuela conforme a su ideario y proyecto educativo, en el marco de la autonomía institucional” (infobae 16-11-25), son desprendimientos de las políticas vigentes. La legislación liberticida apunta a establecer un máximo de horas para impartir la educación básica y un tiempo restante para el denominado “espacio de autonomía curricular”. Esto no es nuevo; desde 2011 se aplica en diversas instituciones educativas, incluido los profesorados, el denominado “Espacio de Definición Institucional (E.D.I.)” que promueven propuestas curriculares esbozadas por los consejos directivos o los idearios institucionales. En la ley del 2006 se plantea que se “promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares.” (art. 86). Esos módulos habilitaron contrataciones precarias donde cada institución habilitaba asignaturas según sus consideraciones tomando a docentes para cumplir con la materia designada, por un tiempo determinado. La precarización avanza.

La continuidad del capital en la educación: familias

Además de alterar los contenidos educativos y la organización escolar, estableciendo materias comunes y básicas y docentes a disponibilidad del ideario institucional, se apela a la presencia de las familias en los establecimientos educativos. La presencia de las familias en la escuela siempre ha sido un elemento de presión para la función docente porque los cuestionamientos que realizan son considerados por las instancias superiores, inspección o jefaturas, que intervienen en los establecimientos educativos colocando a la institución escolar en la posición de demostrar cómo ha desempeñado sus funciones; esto es posible porque con la ley vigente (L.E.N. 26.206) las familias pueden apelar a “hacer respetar la libertad de conciencia” de sus hijos (art. 129), algo que suele ser utilizado como un artilugio mediante el cual se rechaza o se justifica la no participación en actividades que apliquen la E.S.I.. En esta misma legislación se establece que "el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender" (art. 6) y se afirma que la familia debe ser reconocida como “agentes naturales y primarios de la educación" gozando del derecho de "elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas." (art. 128).

Luego de más de 20 años de la Ley de Educación Nacional, que fue presentada como progresiva, progresista y democrática; evidencia que su propia existencia aseguró el desarrollo de tendencias que anidan en la dinámica del capital hacia la descentralización, la flexibilidad y precariedad laboral pero también a la desorganización del trabajo docente. La apelación a la familia como agente natural y primario de la educación también apunta a colocar una cuña entre familias y docentes. El crecimiento de la serpiente anidaba en el huevo de la ley 26.206.

El huevo de la serpiente

En la nueva legislación que promueven los liberticidas se habilita a las jurisdicciones a complementar contenidos mínimos comunes impartidos en las “instituciones de Educación Básica estatales” y “fuera del horario escolar regular” a través de la implementación de “programas y bibliografía acordados con las confesiones religiosas” (art.33 de la propuesta de Ley). En el art. 67 pto. d), además de indicar que los Estados hacen sus aportes correspondientes, establece que el financiamiento es una “responsabilidad compartida” involucrando “en la medida de sus posibilidades, a las familias y la sociedad civil”. El fascismo busca motorizar a la familia y a las religiones para establecer el orden social y moral.

La cualidad relevante de esta propuesta de ley es establecer la educación como servicio esencial para plantear la ilegalidad de toda huelga y colocar un quiebre dentro de la masa de trabajadores. En Política Obrera ya destacamos que la docencia constituye el corazón social y cultural de la sociedad porque es una caja de resonancia de las angustias y de las expectativas de la masa de trabajadores, especialmente de la niñez y de la juventud.

Milei avanza en su programa político (2021), donde puso de relieve que para los liberticidas “el problema político primario” es el movimiento de los trabajadores. Su plataforma política concebía la toma del poder político para desplegar un ataque al movimiento del trabajo promulgando leyes para eliminar el derecho a huelgas. El liberticida quiere la libertad (del capital) y un Estado de control (para el trabajo). En ese momento, el FIT-U convocaba a la población a “meter 10 diputados”. (Ver acá: https://politicaobrera.com/5570-es-milei-el-candidato-a-enfrentar)

En el camino de atomizar a la clase obrera los liberticidas establecen un doble foco de ruptura con la docencia; por un lado, promueven la formación específica en liderazgo educativo e institucional (art. 110) para ejercer como Director de escuelas y convirtiendo dicha función, además de pedagógica, en la de capataz escindiéndolo del cuerpo docente. ¿Por qué? Porque al director de instituciones educativas estatales se le otorga la función de “seleccionar y proponer la contratación de docentes y personal no docente” así como “proponer la suspensión o separación del personal” (art. 97). El otro lado del foco de ruptura es la conformación del Consejo escolar de padres que tendrá la capacidad para establecer “el nombramiento y remoción del Director de la institución”. Ese mismo consejo orientará los lineamientos institucionales y “será consultado en los procesos de contratación y remoción del personal docente y administrativo” (art. 96). En las “instituciones de Educación Básica privadas” esto será decisión de los dueños. (art.97). El consejo de padres coloca enfrentadas a las familias con la docencia a los fines de quebrantar y atomizar a la clase obrera entre sí. Colocando a la familia contra la docencia y, viceversa.

En este ataque que apunta a retrotraer todos los derechos democráticos de la clase trabajadora coloca el art.42 donde se establece que “la educación general básica será considerada servicio esencial”, quedando en manos del consejo de padres y del director actuar contra la docencia en caso de huelgas.

La ruptura que valoriza el capital

La existencia de líneas de continuidad expresa que el Estado es un aparato que, bajo el capitalismo, orienta sus fuerzas para sostener la reproducción del capital y las relaciones sociales necesarias. Por eso las políticas liberticidas fascistizantes están desplegando políticas que fueron impartidas por gobiernos de otra índole. Esta continuidad, sin embargo, tiene una ruptura de calidad.

La crisis capitalista ha agravado las condiciones de vida de los trabajadores y acentuado la violencia, en todos sus órdenes. La depresión económica internacional se traduce en una ola de despidos, de desocupación y de ‘reformas laborales’ que acentúan la explotación. Los ajustes para rescatar de la quiebra al capital internacional, ha reducido a la nada las políticas sociales, con las que los gobiernos “woke” (redistribucionistas) cooptaron a diversos sectores sociales. Este avance (y el acompañamiento por parte de las conducciones sindicales) pone de manifiesto los límites insuperables del Estado que pretende asegurar la continuidad de este orden social. El fracaso de las políticas públicas ha abierto el camino a una contra tendencia ultraderechista y fascista para suprimirlas, incluso en la letra de la ley.

El gobierno de Milei es la representación del momento histórico del capital, que recurre a medidas reaccionarias, fascistas y represivas a los fines de sostener la reproducción del capital. La ruptura con las políticas anteriores está dada en que se construye una legislación que prepara al capital para su desenvolvimiento en un contexto de guerra mundial. Porque para presentarse en el escenario de la guerra mundial la política del capital necesita quebrar a la clase obrera, atomizarla y enfrentarla en su interior promoviendo un gobierno autoritario, represivo y policial.

Las fuerzas de la democracia se muestran incapaces de afrontar esta agresión. El progresismo que tomó partido en el Argentinazo hoy se encuentra cooptado a organismos o al carrerismo político. De enfrentar al Estado, a integrarlo e, incluso, a conducirlo (Kicillof es personificación de este recorrido). Está dinámica, de girar hacia la derecha también la sufre la izquierda que se ha parlamentarizado especialmente el Partido Obrero que recurrió a expulsar militantes en 2019. La capa de la pequeña burguesía enrolada en el Estado y cooptada por este se muestra incapaz de afrontar el avasallamiento de derechos porque se ha enrolado en el peronismo o en la izquierda democratizante y actúa expectante a que transcurra el tiempo, para gestionar luego de Milei. El verdadero hundimiento del progresismo “woke” es un factor desmoralizante para un sector de la docencia.

Enfrentar toda esta política requiere de una lucha contra la guerra, contra el imperialismo y las dictaduras civiles. Los gobiernos “woke” (populistas) y sus corrientes afines se han caracterizado por frenar el desarrollo de esta lucha e incluso han actuado como gestantes de los derechistas, esto es lo que se desprende de la derrota de la Ley de Educación Nacional Kirchnerista, como fracaso de una experiencia progresista en el poder. Los tiempos venideros, dejan planteado que para defender la educación, la lucha deberá alcanzar un carácter de masas.

Frente a esto la tarea está en promover una orientación socialista a toda lucha porque la contrapartida a este gobierno autoritario del capital es un gobierno obrero que instale la dictadura del proletariado como instrumento contra el capital asumiendo la autoridad de la clase trabajadora, por la emancipación social de la humanidad.

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“Ley de Libertad educativa”: la escuela “subsidiaria” de la familia Por Alejandro Barton, 22/11/2025.