El Consejo de Mayo le pone nafta a la motosierra

El Consejo de Mayo, fundado luego de que el Ejecutivo y 19 gobernadores firmaran el 9 de julio del 2024, en Tucumán, el “Pacto de Mayo”, convirtiéndose en un órgano subsidiario de éste, tenía entre sus objetivos primordiales impulsar las contrarreformas del gobierno liberticida en materia laboral, educativa, impositiva y en la explotación de recursos naturales, y comenzó a funcionar en junio de este año, presidido por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Al día de hoy el Consejo está conformado por el Poder Ejecutivo con Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, por el Senado Carolina Losada, en representación de la Cámara de Diputados participa Cristian Ritondo, el colaboracionista de la última dictadura militar, Gerardo Martínez por la CGT (quien se ausentó de la última reunión del Consejo por una decisión de la central obrera, que ha “endurecido” su posición frente al gobierno), Martín Rappallini en representación de la UIA y quien preside “órgano consultivo” es el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El martes pasado Adorni fue el responsable de presentar sus conclusiones, un informe que contiene recomendaciones y propuestas para 8 de los 10 temas que en el 2024 el Gobierno acordó con los sectores, exceptuando dos temas claves: la coparticipación federal, ya que es menester la presencia de todos los gobernadores y la reforma previsional, que para su tratamiento antes rquiere la aprobación de lo que el gobierno llama, “modernización laboral”, es decir que sobre la base de la destrucción de las leyes laborales, los liberticidas querrán avanzar sobre el régimen previsional.

Propiedad privada

El documento elaborado por el Consejo de Mayo tiene como punto de partida el de la inviolabilidad de la propiedad privada, que ya se encuentra consagrada en la Constitución Nacional, caracterizándola por los “consejeros” como aquella que “hace posible la actividad económica y la acumulación de capital; es también un insumo indispensable para la libertad política”. A dos años de gobierno liberticida queda claro que el concepto de propiedad privada que sostienen los seguidores de la escuela austríaca no aplica para trabajadores y jubilados que han asistido a una confiscación brutal de sus ingresos como consecuencia de la política de guerra de Milei-Caputo contra los explotados en general. Milei ha definido en reiteradas ocasiones a la propiedad como un régimen de contratos, pero el superajuste del que se jacta cada vez que puede, ha violado la ´propiedad´ de los trabajadores y jubilados: salarios y haberes.

En lo que respecta a la Ley de Expropiaciones (Nº 21.499), encargada de regular el derecho de propiedad frente al poder expropiatorio del Estado, el Consejo propone una reforma a dicha ley “que asegure que cualquier indemnización por expropiación sea pagada al valor de mercado previo al anuncio de la expropiación, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se determine mediante tasaciones independientes, evitando cualquier conflicto de interés”, modificaciones en favor del capital especulativo inmobiliario a través de aligerar los desalojos, redefinir los criterios de indemnización por expropiaciones y flexibilizar las condiciones para la transferencia de tierras y viviendas hoy alcanzadas por regulaciones específicas (I Profesional, 10/12).

En lo que respecta a los procesos de desalojos los “consejeros” pugnan por “la inmediata entrega del inmueble cuando se trata de tenedores precarios, intrusos o usurpadores, con la sola presentación del título de propiedad y de una caución juratoria. Debiendo entregarse el inmueble dentro de los 5 días de efectuada la solicitud del actor".

Sobre Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, regulada por la Ley Nº27.453, que entre otros puntos establecía la conformación de un Fondo Fiduciario para la Integración Socio-Urbana (FISU), fue disuelto mediante el Decreto 312/2025. El Consejo de Mayo promueve una verdadera legislación en favor de los “desarrolladores urbanos” promoviendo que “personas reciban el inmueble con la libertad de transferirlo a personas jurídicas, si así lo desean. Esto beneficiará a los propietarios, que ahora recibirán un derecho más completo y aumentará el valor de sus inmuebles. Asimismo, potenciará las zonas beneficiadas, que ahora podrán recibir inversiones de personas jurídicas que busquen desarrollarlas”, un largo anhelo del capital financiero inmobiliario que el gobierno liberticida busca satisfacer.

En el punto de inviolabilidad de la propiedad privada los consejeros adjuntaron una propuesta sobre la ya deficiente Ley de Tierras promovida por el kirchnerismo y la Ley de Manejo del Fuego, planteando avanzar en la eliminación de las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y derogar las modificaciones introducidas en el régimen de manejo del fuego de 2020, un guiño a los productores agropecuarios que en su momento pusieron el grito en el cielo. En el informe se puede leer sobre la Ley de Tierras que “desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley Nº 26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector". Los liberticidas dan luz verde a la acentuación del proceso de extranjerización y la monopolización de la tierra en manos de los agronegocios y el capital financiero.

“Equilibrio fiscal”

El segundo punto del informe versa sobre el innegociable equilibrio fiscal, del que el gobierno se ufana, y “se plantea la presentación de una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y convierte en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno” (La Nación 10/12), y está planteado como un “objetivo central de la batalla cultural que lleva adelante el Presidente Milei". El gobierno busca que le cierren las cuentas a partir de la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que según el informe “no busca establecer reglas de superávit estructural, sino a limitar la promulgación de legislación que atente contra el objetivo fiscal".

Concretamente los “consejeros” le proponen al presidente y a los gobernadores que se comprometan “a congelar el gasto público real hasta alcanzar el equilibrio deseado. El Consejo sugiere aprovechar el incremento de la recaudación derivado del crecimiento de la actividad económica, manteniendo constante el gasto público en términos reales. De esta manera, sería posible converger gradualmente hacia un nivel menor de participación del Estado en la economía". Es decir, profundizar la motosierra sobre el sector público a expensas de un ajuste brutal sobre las masas.

Educación

El tercer punto del informe se titula “Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar". Sin citar ninguna estadística oficial el informe afirma taxativamente que “la evidencia internacional demuestra que los mejores resultados educativos están en directa relación con altos niveles de autonomía y libertad de los docentes, los directores, las familias y los propios estudiantes como los verdaderos protagonistas del proceso educativo".

Como no podía ser de otra manera el Consejo no se privó de atacar el derecho a huelga de los docentes señalando que “existe un uso de la protesta gremial más como arma política que como reclamo salarial. Tal uso es un acto de extraordinaria crueldad".

Según el informe, Gerardo Martínez en “representación” de los trabajadores dentro del Consejo, “propuso un Sistema Integral de Formación Profesional (FP) articulado con educación, producción y trabajo”, y arribó a un acuerdo con el representante de la UIA “para consolidar espacios tripartitos permanentes que identifiquen déficits de habilidades, alineen currículas con demandas laborales, formen instructores y equipos técnicos y realicen estudios prospectivos sobre habilidades futuras y empleos verdes". Estamos en presencia de una contrarreforma educativa que se une por el vértice con la reforma laboral propuesta por el gobierno. Esto quedó claro cuando el gobernador Cornejo propuso “la transición educativa debe acompañarse de un marco laboral que facilite la empleabilidad. Propuso modalidades más flexibles de contratación a plazo (totalmente registradas) para formalizar trabajo eventual sin precarización y un régimen “Sub 30” que elimine temporalmente aportes y contribuciones para la contratación de jóvenes sin experiencia previa, manteniendo derechos laborales completos". Por su parte Ritondo propuso “declarar la educación servicio estratégico esencial, fijar un mínimo de 190 días efectivos de clase".

Con respecto a la Ley de Libertad Educativa las propuestas de los “consejeros” se centran en los siguientes puntos: Libertad educativa y centralidad de la familia a la que caracterizan como “agente natural y primario y garantizan el derecho de esta última a elegir la educación más acorde con sus convicciones”; Sistema plural y autonomía institucional que consagra “la autonomía pedagógica y curricular para todas las instituciones educativas del país, tanto estatales como privadas (…) posibilidad de definir su proyecto institucional, sus métodos de enseñanza, su organización interna y su calendario escolar así como participar en la selección del personal docente, dentro de los parámetros nacionales y jurisdiccionales; Educación como servicio esencial que “debe garantizarse la continuidad mínima del servicio educativo y el derecho de los alumnos a recibir clases”; Nuevas formas de escolarización reconociendo “formatos diversos que pueden ser presenciales, híbridos, comunitarios, domiciliarios y a distancia, entre otros”; Contenidos mínimos y mayor libertad curricular “garantizando una formación común para todos los estudiantes del país”; Fortalecimiento de la evaluación educativa “que brinden información continua sobre aprendizajes y trayectorias, permitiendo conocer con precisión qué se aprende, dónde están las brechas y qué políticas funcionan de verdad”; Federalismo concertado en donde el “Consejo Federal de Educación consolida su papel como ámbito de coordinación y articulación entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires”; Nuevo marco para la docencia “con criterios de mérito, desempeño, formación continua y evaluación periódica”; Régimen de Prácticas Formativas que “redefine la vinculación entre educación y trabajo”; Nuevas modalidades de financiamiento y transparencia que se implemente a través de asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante vales, bonos, becas y otros instrumentos equivalentes- con el propósito de asegurar que la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos de las familias-".

Las propuestas del Consejo de Mayo en lo que concierne a la educación acentúa el carácter reaccionario que se ha dado a conocer por medio del proyecto de Libertad Educativa, que pone a la educación al servicio del capital y acentúa la precarización laboral hacia dentro de la docencia.

Reforma tributaria

El cuarto punto del informe se titula “Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio”. Los “consejeros”, sobre este punto, caracterizan que en la Argentina hay una fuerte presión desde los diferentes sectores para que se aplique una drástica reducción de la carga impositiva, pero señalan que “muchas veces no se toma conciencia que solo es posible en la medida que el gasto público caiga”, es decir, acentuar el ajuste.

La cuestión de los recursos naturales y su explotación es tratada en el quinto punto abordado por el Consejo y en el que se propone un cambio de modelo en la política extractiva argentina y se realiza una "crítica frontal al modelo restrictivo", como lo caracterizaron en el documento. Los “consejeros” en el informe defienden una explotación "plena" de los recursos, con un argumento central y liberal: lo que no se aproveche ahora, puede no valer nada mañana. Y en este sentido proponen reformas a la Ley de Glaciares, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura, modificación del régimen de zonas frías y Eliminación de la Ley del Régimen Regulatorio de la industria y comercialización del Gas Licuado de Petróleo. Básicamente el Consejo propone una desregulación total en estas aéreas dando rienda suelta al extractivismo y entrega de los recursos naturales.

Reforma laboral

Sobre la reforma laboral el informe comienza caracterizando que “existe un amplio consenso en que las relaciones laborales en Argentina se encuentran condicionadas por una sobrecarga de costos y una marcada rigidez normativa". Las propuestas del Consejo para la Ley de Modernización Laboral, como es calificada por el gobierno, se centran en la ultraactividad (eliminación de la renovación automática de los convenios colectivos de trabajo), la prelación de los convenios (esta propuesta busca otorgar prioridad a los convenios de menor ámbito, regional o de empresa, por sobre los de alcance nacional), la modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (“que las empresas cuenten con un marco normativo claro y previsible, que garantice el derecho de defensa y reduzca la litigiosidad infundada”). El Consejo también propone modificaciones de carácter reaccionaria en lo que respecta a los repartidores independientes de plataformas, el trabajo agrario, la derogación de normativa laboral “obsoleta”, la recontratación de trabajadores, remuneraciones, vacaciones, huelga, licencias por enfermedad y bancos de horas. Como no podía ser de otra forma, las propuestas del Consejo de Mayo acentúan el carácter fascistizante de la reforma laboral, que tiene como fin último infringirle a la clase obrera ocupada y desocupada, una derrota de carácter histórico.

“Apertura comercial”

El último punto abordado por el Consejo de Mayo fue el de la apertura comercial “uno de los pilares fundamentales para construir una sociedad más próspera” y para avanzar en esta política insta a implementar plenamente los tratados ya aprobados y avanzar en aquellos que ya cuentan con media sanción, como el Tratado de Cooperación en Patentes. Los liberales libertarios que pregonan la apertura total, en beneficio de los capitales monopólicos, son los que “se niegan a liberar el mercado de cambios por el temor de que la estampida de dólares se convierta en una hiperinflación”, dando cuenta de las contradicciones insalvables del plan económico del tándem Milei-Caputo. Los “consejeros” aseguran en su informe que “el tipo de cambio actúa como mecanismo de ajuste para mantener el equilibrio externo". Pero una suba de la demanda de importaciones impactaría en un aumento en la demanda de dólares, justamente de lo que carece el plan económico. Mientras Adorni y sus secuaces en el Consejo de Mayo vociferan en pos del aperturismo comercial, el capital financiero exige el cese de las restricciones cambiarias, sin estas los ingresos de capitales no se concretarán, como ha sucedido en los dos años de gobierno liberticida.

El Consejo de Mayo es quien le pone nafta a la motosierra libertaria en tanto y en cuanto todas las discusiones del órgano colegiado parten de mantener la “estabilidad macroeconómica” y la innegociabilidad del ficticio “equilibrio fiscal”, que será sostenido por el gobierno a partir de un nuevo mazazo sobre las masas ya que se prevé una reducción del gasto público que llegaría al 25 % del PBI. El gobierno liberticida presentó a dicho consejo como una herramienta para impulsar su agenda de política de largo plazo y actúa como asesor del ejecutivo, que articula e implementa medidas basadas en el Pacto de Mayo, tratando de darle un barniz democrático y consensuado a las “reformas”, mientras el régimen político de gobierno por decreto se ha convertido en poder personal, aunque sin capacidad de movilización.