El Pacto de Mayo: el DNU/70, corporativista y militarista

El gobierno de Milei ha convocado a gobernadores, legisladores, miembros de la Corte Suprema de Justicia, jefes militares y dirigentes sindicales para firmar el 9 de Julio, en Tucumán, el "Pacto de Mayo", que debía haberse celebrado en Córdoba hace dos meses. El Pacto añade a los propósitos del mega DNU/70 un planteo corporativista y militarista.

La conmemoración de este 9 de julio tendrá su coronación con un desfile militar en Buenos Aires. La “recuperación” del militarismo y las Fuezas Armadas es el objetivo central de toda la Jornada; el resto es para la tribuna. Es la reivindicación grabada en piedra de Milei, de la videliana Victoria Villaruel y de Patricia Bullrich. A esta militarización ha apuntado el despliegue de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones y luchas obreras. La finalidad de esta remilitarización no es liberar Malvinas sino cumplir con los acuerdos con la IV Flota del Pentágono en el Atlántico, la entrega de la Hidrovía y el control de los ríos y sumar a Argentina a la guerra de la OTAN en Europa y al sionismo en Palestina. Desde el gobierno de Menem Argentina nunca ha perdido su condición de aliada extra OTAN que ahora se refuerza.

Las Fuerzas Armadas no son solamente el guardián armado del régimen imperante, según lo define la Constitución. Son un aparato de espionaje interno que cada Fuerza maneja por separado e incluso haciendo operaciones de Inteligencia de unas contra otras, sin control politico ni parlamentario. Constituyen un régimen independiente dentro del régimen constitucional. En momentos en que gobierna Argentina una camarilla que reivindica a la última dictadura, el Pacto violenta el presuntuoso 'Nunca Más' con que gobiernos precedentes buscaron edulcorar sus desatinos y desgobiernos. No hay fascismo ni corporativismo sin la reanimación del militarismo. Las camarillas ‘democráticas’ presentes en Tucumán y la firma del Pacto se convierten en un socio de la peor reacción política.

Nuestro partido, Política Obrera, advierte a los trabajadores que el fascismo oficial está preparando sus armas para acabar con toda forma de democracia política. Se pretende instalar a Argentina con las hordas golpistas de Trump y Bolsonaro y con el imperialismo que promueve guerras a repetición y una guerra mundial.

En este 9 de julio, Política Obrera se movilizará para denunciar el contenido reaccionario y antiobrero de la Ley Bases y el Pacto de Mayo y para denunciar la complicidad de los “pactantes” –presentes o no- con el gobierno liberticida.

El Pacto corporativista

El documento de once puntos arranca con un paso en falso al declarar la “inviolabilidad de la propiedad privada” que ya se encuentra consagrada en la Constitución Nacional. Se trata de un acto de hipocresía porque en nombre de ese derecho se ataca a la fuerza de trabajo, que es la única propiedad de la clase obrera. Milei ha definido en reiteradas ocasiones a la propiedad como un régimen de contratos, pero el superajuste del que se jacta cada vez que puede ha violado todos los contratos de trabajo y muchos otros, como ocurre con la obra pública. El ajuste no se aplica a la deuda pública, que se indexa por inflación o dólar, para proteger a los acreedores de las oscilaciones del mercado. En cambio, cuando se trata del precio de la fuerza de trabajo, ha arrebatado por medio de decretos de necesidad y urgencia y resoluciones del Banco Central, el 30 y 40 % del poder de compra de nuestros salarios y jubilaciones –que son un salario diferido-. El expropiador Nº 1 llama a proteger la propiedad; el capitalismo es él mismo un sistema de expropiación, porque se apropia de la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el producto del trabajo.

El primer punto del programa del socialismo es, por esto, precisamente, “la expropiación de los expropiadores”.

El Pacto proclama el “equilibrio fiscal” y la reducción de la “presión impositiva”, a costa de los trabajadores, no de las patronales. El gobierno que destruye las libertades políticas de protesta y manifestación acaba de obtener el aumento del impuesto al salario y el mantenimiento e incluso una suba del IVA, que rebana el 21 % de los salarios y jubilaciones en almacenes y supermercados. Ha reducido el impuesto a los bienes personales –que pagan los ricos-, mantiene las exenciones impositivas a las empresas y acaba de establecer el RIGI, una masiva exención de impuestos a inversiones superiores a los 200 millones de dólares. Para consumar un proclamado ajuste del 19 % del PBI, del orden de los 100 mil millones de dólares, ha aumentado casi un ciento por ciento la deuda pública, una carga fiscal que no podrá ser pagada nunca, aunque se grave la totalidad del ingreso de los trabajadores. En la Casa de Tucumán se protagonizará este martes una monumental farsa, en medio de un nivel de pobreza que se ha instalado por encima del 53 por ciento.

En cuanto al gasto público, se ha empeñado en el despido de decenas de miles de trabajadores del Estado, que serán reemplazados por consultoras privadas que costarán cien veces más al Tesoro que toda la nómina salarial del Estado. En nombre de la austeridad republicana se prepara el mayor robo del Tesoro de toda la historia argentina, a cargo de un estafador con delitos prescriptos – Federico Sturzenegger.

El socialismo, a diferencia de estos patanes, plantea la abolición de los impuestos al consumo y la aplicación de un impuesto progresivo sobre las clases pudientes, hasta un alícuota final del ciento por ciento a los capitanes de la industria, la oligarquía agraria y el capital financiero y bancario. Asimismo plantea un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, una auditoría del gasto a cargo de la clase obrera y el derecho a la revocatoria de todos los funcionarios gerenciales del estado.

El Pacto dedica un punto al “cambio de la coparticipación federal”, sin indicar en qué consiste. De lo que se trata es de la abolición de la soberanía federal con el propósito de agrupar a las provincias en regiones administrativas, supervisadas por el gobierno central, y la instalación de impuestos a las ventas.

El socialismo defiende el federalismo histórico y propone un federalismo superior: la Unidad Federal de América Latina bajo un gobierno de obreros del campo y la ciudad. En cuanto a la coparticipación, planteamos la subordinación del gasto impositivo a la planificación integral de la economía nacional votada por una Asamblea nacional única y por consejos obreros con poder político.

El Pacto incluye un compromiso a favor de una educación “útil y moderna” y “sin deserción”, pero omite la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, y la abolición de regímenes de limitación pre y post universitarios. Con ese lenguaje abre de par en par las puertas de las escuelas a la privatización y a la enseñanza confesional. Nosotros proponemos una educación que valorice las capacidades técnicas e intelectuales de los trabajadores, en oposición al régimen actual de desvalorización monetaria de la fuerza de trabajo mediante una enseñanza limitacionista y parcializada. El Pacto proclama una reforma laboral que significa mayor rotación en los trabajos, liquidación del derecho indemnizatorio, aval al trabajo no registrado. El Pacto plantea una reforma previsional privatista, para sujetar las cuentas individuales a la especulación en las Bolsas y liquidar los regímenes especiales que aun mantienen el 82 % móvil.

El socialismo plantea la potencialización de la fuerza productiva por excelencia, la clase obrera en su más amplio sentido, para reducir el tiempo de trabajo necesario y potenciar el tiempo libre, y para liberar a la naturaleza del yugo destructivo del capital. Por la defensa del trabajador retirado, el 82 % móvil, que nunca podrá ser inferior al costo de la canasta familiar.

Después de la firma, el Gobierno prevé constituir un “Consejo” de funcionarios, empresarios, dirigentes políticos y sindicales a cargo de legislar o ejecutar lo establecido en el Pacto. Estamos ante el propósito de sustituir el régimen político representativo por un régimen corporativista de tipo fascista. El “gobierno del pueblo” dará paso al ‘gobierno corporativo de los emprendedores’, los héroes sociales del fascista Milei. En las alforjas de la camarilla liberticida se guarda un planteo fascista que será suscripto por las camarillas ‘feudales’ y no feudales de las provincias.

El socialismo llama a destruir políticamente al fascismo en forma definitiva mediante el establecimiento de un gobierno de trabajadores. El pasaje de la democracia trucha al corporativismo es la prueba irrefutable de la caducidad de la democracia burguesa que se ha identificado hipócritamente con el régimen representativo.

LEER MÁS:

Resolución Política III Congreso Nacional de Política Obrera. Aprobada en el III° Congreso de Política Obrera, 04/07/2024.