La ´unificación´ del sistema de inteligencia, la CIA y la militarización del Estado

Es notorio que en el seno del gobierno se desarrolla una feroz interna por la orientación y conducción del aparato represivo estatal.

Se trata de una disputa a varias bandas, aunque la más elocuente es la que involucra a Victoria Villarruel, de un lado, y al tándem Patricia Bullrich-Luis Petri, del otro. A la vice le habían prometido el control de las áreas de Seguridad y Defensa del gobierno libertario, pero terminaron en manos de la fórmula presidencial del extinto Juntos por el Cambio. El episodio más resonante de esta disputa gira en torno a los cambios en la ley de seguridad interior, promovidos por Bullrich, para habilitar la intervención de las fuerzas armadas en la represión interna. Villarruel dice resistir la aventura, en primer lugar, por la falta de “garantías jurídicas” para los militares. “Los que combatieron al terrorismo en los 70 están presos”, afirmó en una entrevista reciente. Para Villarruel, discípula de Videla y Astíz, las Fuerzas Armadas deben recuperar el fuero propio –la Justicia Militar-. La mayoría de la camarilla libertaria quiere sacar las cosas por decreto, lo más rápido posible.

El gobierno ha dado pasos consistentes en la unificación de la inteligencia criminal y militar. Seguramente el tema fue ventilado en las reuniones que mantuvo el jefe de la CIA, William Burns, con Nicolás Posse y Silvestre Sívori, en su reciente visita al país. El proyecto no es nuevo. Se intentó concretar a comienzos de los años 2000 y más tarde, en 2015, con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El área de inteligencia tiene tres actores: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Dirección de Inteligencia Criminal y la Dirección de Nacional de Inteligencia Estratégica Militar. Un exfuncionario de Macri, Martín Verrier, señala que la AFI es actualmente “juez y parte” de este aparato, porque “además de ser una agencia de inteligencia, actúa como coordinador del sistema, lo que genera incentivos negativos en el funcionamiento de los demás actores del sistema” (Pucará Defensa, 25/9/23). En Estados Unidos, luego de los atentados de 2001, se creó, en 2004, el cargo de Director Nacional de Inteligencia, de rango ministerial, con carácter de coordinador y enlace del sistema de inteligencia -que incluye agencias privadas- con el poder ejecutivo.

Ahora se han encarado negociaciones firmes para llevar adelante este proyecto. Clarín (24/3) revela que “a principios de marzo, de hecho, se realizó una reunión en Casa de Gobierno para 'coordinar' la integración de los tres subsistemas en la histórica sede de calle 25 de Mayo. Participaron de ese encuentro Silvestre Sívori, interventor de la AFI, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y su secretario de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer, el titular de Defensa, Luis Petri y el brigadier retirado Jorge Antelo, secretario de Estrategia Nacional de la Jefatura de Gabinete y, a la postre, los 'ojos' de Nicolás Posse desde la época en que estuvieron vinculados a Aeropuertos Argentinos 2000”. Mientras el planteo es resistido por Bullrich, “en Defensa [es decir, Petri], en cambio, se mostraron dispuestos a respaldar la eventual integración de las tres áreas”. Semanas atrás, asumió como director nacional de Inteligencia Estratégica Militar Marco Alberto Constela, a quien vinculan con la ex SIDE y que sería conocido del influyente Antelo (ídem). Bullrich es promotora del involucramiento de las fuerzas armadas en la “lucha contra el narcoterrorismo”, la persecución de las organizaciones de desocupados y la prohibición de huelgas, piquetes y manifestaciones callejeras.

Sin embargo, “un ex funcionario de Defensa aseguró que estos movimientos buscan recortar la potencialidad del país en esta área, un proceso similar al registrado durante el mandato de Mauricio Macri cuando -según observó-, se eliminaron operativos para vigilar la actividad en las Islas Malvinas. Ahora, aseguró, el oficialismo intentaría reducir las posibilidades de las agencias nacionales de hacer 'inteligencia externa' -para así depender de la información que le pueda brindar la central norteamericana- y, en todo caso, apuntar a que se concentren en la vigilancia interna” (íbidem). Incluso cuando se trata de la militarización se manifiestan los roces entre ‘nacionalistas’ y ‘liberales’.

Por el lado del kirchnerismo, Kicillof ha suscripto una declaración de apoyo a los “esfuerzos” del gobierno Milei en la “persecución penal del narcotráfico y el terrorismo”. El cristinismo ha sido autor de las leyes ´antiterroristas´. En rigor, el trabajo “coordinado” del aparato de inteligencia fue también uno de los objetivos de la creación de la AFI. Durante los gobiernos kirchneristas, la colaboración e intercambio con las agencias de inteligencia extranjeras fueron aceitados y frecuentes. Tanto Jaime Stiuso como el finado fiscal Alberto Nisman mantenían un fuerte vínculo con el Mossad y la CIA, con la excusa de la causa AMIA. El ´proyecto´ de unificación se cayó tras la ruptura de Stiuso con el kirchnerismo, con motivo del memorando con Irán, y el gobierno de CFK se apoyó en el aparato de inteligencia militar, capitaneado por César Milani, un hombre de los ‘grupos de tareas’, al que llevó a la jefatura del Ejército.