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Con un acto en el Monumento a la Bandera, el Ministro de Defensa, Luis Petri y los cuatro jefes militares encabezaron el despliegue del Ejército en la ciudad de Rosario. También participó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Es la primera vez, desde el final de la dictadura, que se produce una intervención de estas características de las Fuerzas Armadas. Para darle un barniz de legalidad, el gobierno apela al artículo 27 de la ley de seguridad interior, que prevé el apoyo logístico del ejército a las fuerzas federales y provinciales en caso de un “estado de crisis”.
Hasta el momento, la intervención militar consiste en el desembarco de 120 uniformados, patrulleros fluviales, dos lanchas, cinco helicópteros, 22 camionetas y otros recursos logísticos y materiales a ser usados, en el terreno, por las fuerzas federales. El monitoreo y seguimiento de las operaciones estará a cargo de los generales.
Asistimos a una “prueba piloto”, que apunta al involucramiento del conjunto de las fuerzas armadas en “seguridad interior”. Al día siguiente, Bullrich y Petri anunciaron el proyecto de modificación de la ley.
Más de 1.000 uniformados federales fueron enviados a Rosario, incluso con la participación de fuerzas de seguridad bonaerenses enviadas por Axel Kicillof.
A días del próximo 24 de marzo el conjunto del régimen político colabora con la reintroducción de los militares en la vida política nacional.
Narcos
Las medidas de este tipo que toma el gobierno vienen fracasando una tras otra. El desembarco de las fuerzas federales y la “mano dura” contra los presos vinculados con el narco en Rosario son acciones estériles para la erradicación del millonario negocio del narco. Las imágenes de los presos, semidesnudos, rodeados de policías armados, fue objeto de una represalia por parte de las bandas, que respondieron con el asesinato azaroso de cuatro trabajadores. Además de las ´requisas´, se denunciaron en la cárcel de Piñero, 14 kilómetros al sur de Rosario, torturas por parte del servicio penitenciario contra los presos que consistían en picanazos, “submarino seco” y golpes con fracturas. Todo este reforzamiento represivo, brutal, ni siquiera roza el corazón del problema: la descomposición imparable del Estado y sus fuerzas de seguridad y de la clase capitalista. El desembarco del ejército lo ´expone´ al negocio del narcotráfico, al cual han sucumbido todos los políticos y comisarios de la provincia.
Rosario es el principal puerto agroexportador, la mayoría de ellos privados y sin control alguno de lo que ingresa y egresa por los mismos. La venta minorista que corroe las barriadas rosarinas es un aspecto marginal del gran negocio de la venta de droga. Al mismo tiempo, de la mano del narco se ha desarrollado un enorme negocio inmobiliario mediante la construcción de enormes torres y edificios monumentales. Las bandas de criminales son apenas la punta del iceberg.
Las muertes y los enfrentamientos entre bandas narcos y los atentados a la población son el resultado extremadamente podrido de esa organización social, avalado por bancos, grandes multinacionales y la propia justicia. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, es un conocido abogado defensor de narcos y políticos implicados en estos negocios.
El pez se pudre por la cabeza y se extiende a todo el cuerpo social.
