Muerte obrera en Frigorífico Morrone: los trabajadores se organizan contra crimen patronal

Escribe Camila Pérez

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Un trabajador del Senasa que desarrollaba funciones en el Frigorífico Morrone (ex Federal) murió este martes a causa del coronavirus. Había sido diagnosticado el pasado 8 de abril. Otros ocho trabajadores más se encuentran infectados, uno de ellos en estado grave.

Al día siguiente de la muerte de este trabajador, el miércoles 22, los trabajadores se presentaron en la fábrica, pero reclamaron la suspensión del trabajo. Ante esto, la empresa -que ha rechazado la aplicación de los protocolos de seguridad y la cuarentena- planteó que aquel trabajador que no quisiera entrar a la planta debía firmar un papel de suspensión sin goce de sueldo. Ante esta extorsión, los trabajadores ingresaron a la planta. Pero llegado el mediodía, con la detección de un nuevo caso de COVID-19, los trabajadores decidieron parar la planta en defensa de sus condiciones de salud.

La diseminación de la pandemia en el frigorífico implica la formación de un gran foco de contagio. La continuidad de la producción, como pretende su dueño, Genaro Morrone, constituye una política criminal que pone en riesgo la vida de los trabajadores del frigorífico y de todos los vecinos del barrio La Paz de Quilmes. Morrone culpa a los trabajadores por el crecimiento de los contagios, autoexcluyéndose de cualquier responsabilidad para disponer las condiciones de seguridad en la fábrica. En declaraciones al diario La Nación, Morrone amenazó con "cerrar de forma indeterminada hasta que venga gente idónea a laburar". Una provocación contra los empleados del frigorífico.

La responsabilidad por el fallecimiento del compañero es tanto de la empresa, por no garantizar las condiciones de higiene, como del propio Estado, en tanto el trabajador en cuestión pertenecía al Servicio de Sanidad y Salubridad Agroalimentaria (Senasa).

En la conferencia rigen la más extrema precarización y condiciones insanas. Los protocolos que rigen en el gremio para garantizar la salud de los trabajadores no se cumplen; el coronavirus ha potenciado esta situación preexistente.

Esta violación de la emergencia sanitaria ha contado con la indulgencia del Estado. Los gobierno nacional y provincial y la intendencia no intervinieron en ningún momento para garantizar las condiciones sanitarias adecuadas ni, ahora, para imponer la cuarentena. Por su parte, el sindicato de la carne no ha convocado ninguna medida de fuerza, a diferencia de lo ocurrido en el Penta, donde el llamado al paro fue arrancado por los trabajadores después de la represión.

A pesar de que la producción de carne forma parte de los productos esenciales, cuando ocurren apariciones de casos, debe quedar implicado el levantamiento preventivo de actividades con goce de haberes para sus trabajadores; la desinfección total de la planta, el testeo masivo a todos los trabajadores y familiares o conocidos que hayan estado en contacto con ellos, y la intervención de bromatología y el Senasa para que determinen la viabilidad de la comercialización de los productos alimenticios. Es fundamental el desarrollo de asambleas conjuntas entre los trabajadores del frigorífico y los vecinos del barrio que delibere y vote un protocolo de seguridad, en defensa de sus condiciones de salud y de vida.

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