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Entre la batería de proyectos que propuso Sergio Massa para relanzar su campaña como candidato presidencial, se encuentra la propuesta de reducción de la jornada laboral. Argentina, con una Ley de Contrato de Trabajo que estipula una semana laboral de 48 horas, se encuentra entre los países que superan los límites que recomienda la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Para demostrar que no se trata de un mero arrebato de campaña, Massa se referencia en los diversos proyectos presentados por el peronismo, como el de Hugo Yasky que plantea llevar la semana laboral a 40 horas, y los de Ormaechea y Recalde, que disponen una semana laboral de 36 horas, en ambos casos, sin afectar el salario.
En el contexto de una inflación que destruye el salario real día a día, el hambre obliga a trabajar en más de un empleo o hacer horas extra.
En la Argentina actual no se cumplen ni siquiera las 48 horas semanales. No sólo debido a que los trabajadores en negro superan el 40 % del total y están, por lo tanto, por fuera de la legislación laboral. Las horas extra no son la excepción, sino la norma en cada vez más empresas y los acuerdos con los sindicatos habilitan jornadas más extendidas en varios gremios. La mayoría de las patronales no respetan ni el doble pago de las horas extra ni el descanso de fin de semana desde el mediodía del sábado que establece la Ley de Contrato de Trabajo.
Pero el problema no es solo lo inocuo que sería esta medida debido a los salarios de miseria y al incumplimiento de los derechos laborales, sino que sirve de excusa para una reforma laboral completa.
El proyecto de Claudia Ormaechea, por ejemplo, con un cambio en la sintaxis le otorga una concesión a las patronales largamente reclamada. La actual Ley de Contrato de Trabajo establece que "Integrarán la jornada de trabajo los períodos de inactividad a que obliguen la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador”. Es decir que, ante un inconveniente que impida la actividad, ese tiempo se considera parte de la jornada y debe ser remunerado como tal, a menos que el trabajador decida no trabajar sin motivos. El proyecto de Ormaechea, en cambio, establece que "Integrarán la jornada los periodos de inactividad a que obligue la prestación contratada, con exclusión de los que se produzcan por decisión del empleador, las pausas necesarias en razón de la actividad o función, las que respondan a razones de salubridad, y las dispuestas para alimentación, sin perjuicio de otras que pudieran establecerse en las convenciones colectivas de trabajo o en los contratos individuales".
Por lo tanto, de un plumazo, la bancaria y diputada de la Unión por la Patria le otorga a la patronal la posibilidad de considerar fuera de la jornada laboral no solo la hora de almuerzo, sino los tiempos muertos ocasionados por cualquier cosa que interrumpa la actividad. Un corte de luz, una fuga de gas, o la decisión patronal de frenar por exceso de stock, pueden interrumpir el trabajo y el empleador puede considerar esos tiempos muertos, que no son responsabilidad del trabajador, como horas no trabajadas. Este párrafo no se entiende bien si es un error de redacción, ya que parece ir en contra del espíritu del resto del proyecto de ley, o una decisión deliberada, pero en cualquier caso modifica la actual normativa en detrimento de los trabajadores, y le permitiría a la patronal manipular a su antojo y necesidades el tiempo de cada trabajador.
Como antecedente, tenemos la Ley de reducción de jornada laboral votada este año en Chile, que empezó como un proyecto del PC en defensa del derecho al tiempo de ocio y terminó estableciendo las reivindicaciones de las patronales en materia de flexibilización que le quedaron pendientes a Pinochet: el derecho a modificar constantemente la jornada laboral en función de las necesidades de producción.
El derecho al tiempo de ocio es una reivindicación que los trabajadores levantamos desde los inicios del capitalismo, pero sin un salario igual al costo de la canasta familiar es letra muerta, y el gatopardismo de los nacionales y populares nos obliga a estar alertas ante cualquier tentativa de reforma laboral.
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