Escribe Luciana Diaz
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En el acto de la CGT en Defensores de Belgrano, se puso en debate la reducción de la jornada de trabajo. Por su parte, Hugo Yasky relanzó un proyecto de su autoría sobre el mismo tema. Además, existe un proyecto del PTS que plantea 30 horas y varias propuestas más en danza, la mayoría elaboradas por el peronismo, que van desde el tope de 40 horas semanales (CTA de Yasky) a 36 horas (Ormachea, Recalde, PS y otros). La Argentina es uno de los países con la jornada laboral más larga establecida por ley, 48 horas semanales.
En su fundamentación, todos los proyectos del oficialismo plantean la intención de crear nuevos empleos, pero ninguno estipula la obligación de contratar nuevos trabajadores para cubrir las horas de trabajo liberadas, lo que solo puede redundar en intensificar los ritmos de producción y la sobrecarga laboral, en el supuesto de que se cumpliera la norma. Ni siquiera la actual jornada de 48 horas semanales, considerada demasiado extensa para la OIT, se respeta en la Argentina, donde se naturalizaron las jornadas diarias de 12 horas y el pago del plus por las horas extras es considerado un “privilegio”.
En todos los proyectos presentados se plantea el respeto por el salario preexistente a la aplicación de la norma, lo que con una hiperinflación en acecho no implica ninguna concesión en términos reales al trabajador. Todo el palabrerío sobre el derecho al tiempo de ocio queda en ridículo frente a la realidad de salarios por debajo de la línea de pobreza que obligan a trabajar más tiempo, cuando no a tener más de un empleo. El cuentapropismo y la informalidad están minados por la sobreexplotación y en el empleo formal sucede lo mismo. Como ejemplo bastan los docentes que trabajan dos o tres turnos para llegar a fin de mes, o los médicos que salen del hospital para seguir atendiendo en el consultorio hasta la noche. Es por eso que cualquier propuesta de reducción de la jornada o de reparto de las horas de trabajo solo es legítima si va atada a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, lo que permitiría vivir con solo un empleo.
La prueba más cabal de que, de parte del oficialismo, la reducción de la jornada es humo para la tribuna, es que mientras se rasgan las vestiduras por cumplir con los parámetros de la OIT, implementan la quinta hora en la escuela primaria en todo el país, lo que para un docente con dos cargos representa en los hechos una jornada laboral de 11 horas, 55 semanales. Sin mencionar que ninguno de los proyectos fue tratado ni siquiera en comisión ni tiene dictamen de cámara, al cabo de cuatro años en el gobierno.
Pero las intenciones pueden ser peores. Si nos referenciamos en el caso chileno, el proyecto de ley de Camila Vallejos que, en principio, era similar al de Yasky, durmió seis años hasta terminar convertido en un engendro de flexibilidad laboral acordado con el pinochetismo. No sería raro que tanto ímpetu por el derecho al ocio y el tiempo en familia por parte de todo el abanico de la burocracia sindical, visitante tan asidua ultimamente a la embajada yanki, esconda la intención de hacer pasar la reforma laboral que, desde la dictadura hasta hoy, el movimiento obrero argentino viene resistiendo.
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