Trabajadores estatales en cuarentena: defendamos la salud y nuestro salario

En el marco de la crisis sanitaria desencadenada por una pandemia mundial y la extensión de la cuarentena obligatoria hasta fines de abril, la oposición patronal bajo el slogan “Que los políticos bajen sus sueldos”, presentó un proyecto de ley que propone un ajuste escalonado que va del 5 al 20% en los salarios superiores a los 70.000 pesos de la Administración Pública Nacional, un castigo a los salarios que alcanzan la canasta familiar.

Una receta ya aplicada en décadas pasadas. Basta recordar el decreto 290 de 1995 de Menem y Cavallo que recortaba los salarios de manera escalonada, descargando en los trabajadores del Estado la Crisis del Tequila. En el 2001 De la Rúa reflotó ese decreto aplicando un recorte salarial del 13% para cumplir con el FMI. En la última década las rebajas de nuestros salarios se produjeron por la vía inflacionaria y por el Decreto 324 del 2012 que quito sumas adicionales y compensaciones. Vuelve a la carga la Fundación Mediterránea y similares que plantean una reducción del 30 % en todos los niveles de la administración pública -nacional, provincial, municipal- con independencia de monto del salario.

En el orden provincial, los ataques se han visto en Mendoza, Salta y CABA, donde Larreta acaba de impulsar un “aporte voluntario del 25% de los salarios por tres meses desde mayo”, que alcanzará a todos los cargos políticos del Ejecutivo porteño.

Detrás de la campaña para reducir el “gasto político” se esconde un feroz ataque hacia los estatales, que acarreamos una importante pérdida del poder adquisitivo desde hace varios años.

Este ataque es habilitado por el DNU que avala suspensiones con descuento salarial en el ámbito privado. Y forma parte de la política del conjunto de la patronal, que aprovecha la crisis sanitaria para pulverizar conquistas y derechos de todos los trabajadores. Su programa para salir de la pandemia es una reforma medular de las leyes laborales y previsionales. El argumento utilizado contra los estatales es el de la “solidaridad” ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Lo cierto es que hoy los estatales garantizamos el sustento de nuestras familias golpeadas por la disparada inflacionaria de los alimentos, los despidos y las suspensiones.

Mención aparte merece el teletrabajo, que cumplimos gran parte de los estatales. El Estado no ha facilitado los soportes tecnológicos ni los servicios. Trabajamos con nuestras computadoras y el pago de los servicios de electricidad e internet salen de nuestros bolsillos.

Lo que pretenden es que los trabajadores seamos solidarios con los empresarios, así como han sacado del Anses los fondos para subsidiar a las patronales. Nos quieren confundir y meter en la misma bolsa con los funcionarios políticos de turno quienes sí cobran sueldos exorbitantes. Pero esa no es la realidad para las y los trabajadores estatales, quienes en su gran mayoría no llegamos a fin de mes, en un país con una canasta básica familiar que supera los $70.000.

Para hablar del gasto público, hay que decir que el gobierno, más allá de los últimos anuncios de suspensión de pagos, ha atendido puntillosamente el pago de una deuda externa usuraria. Tanto es así que durante la cuarentena se pagaron $ 250 millones de dólares de intereses a los acreedores. Es necesario desconocer la deuda usuraria y romper con el FMI, para destinar el conjunto del ahorro nacional a un enérgico plan de rescate sanitario y social de la mayoría trabajadora, garantizar todo insumo y equipamiento en los hospitales y que ningún trabajador deje de percibir su salario, solo así defendemos el aislamiento social.

Las direcciones sindicales, ATE y UPCN, han puesto al desnudo su incapacidad para defender los reclamos de los trabajadores ante la crisis sanitaria y económica. Basta recordar que ni siquiera han reclamado las cláusulas de revisión, previstas para noviembre y marzo. Antes de la pandemia ya habían entregado nuestra paritaria a cambio de una mísera suma fija a cuenta de futuros aumentos, solo para los que cobramos por debajo del costo de la canasta familiar. Han mantenido el silencio cómplice y actúan como correa de trasmisión de las políticas del gobierno.

Ante esta situación impulsemos la organización de reuniones virtuales en los sectores con teletrabajo y asambleas en las dependencias donde haya concurrencia (con medidas de distanciamiento y prevención del contagio) para exigir la reapertura de paritarias que recupere la perdida por inflación.

Elaboremos protocolos de Seguridad e Higiene que permitan imponer y ejercer el control de las condiciones laborales para evitar el contagio en los sectores que estén concurriendo.

Reclamemos el pase a planta y la incorporación masiva de personal en los hospitales, laboratorios e institutos de salud, sumado al reclamo por el reconocimiento del Covid-19 como una enfermedad laboral para todos los trabajadores.