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A casi un año de la declaración de la Emergencia Hídrica en el departamento San Martín, en el norte provincial, la falta de agua potable sigue sin resolverse. Los reclamos de las familias afectadas empezaron hace unas semanas de manera sostenida, ante la falta de soluciones reales a la crisis del agua potable por parte del gobierno.
En su segundo mandato, el gobierno de Sáenz y sus funcionarios siguen diciendo que las obras no se hacen de un día para el otro. La crisis del agua potable no sólo no fue resuelta, sino que trae aparejados problemas de contaminación. Igancio Jarsun, el titular de Aguas del Norte, en agosto pasado anunció a los vecinos del departamento que incorporaron seis nuevos filtros de dos que funcionaban hasta diciembre del año pasado y que se estaban tratando las algas del dique Itiyuro, el principal embalse de agua potable. Sin embargo, desde el 3 de octubre, la misma entidad declaró que el agua “potable” sólo puede tener uso sanitario por la presencia de cianobacterias en el principal mencionado embalse.
Los principales afectados son los vecinos de Aguaray, que desde entonces vienen denunciando que las obras que el gobierno y Jarsun anuncian no se están desarrollando con la celeridad que indican. También denuncian que no se está abasteciendo con la cantidad de agua que declaran los funcionarios, que sólo hay cinco camiones cisterna abasteciendo a toda la región y que dudan de la calidad del agua que se distribuye, ya que no logran acceder al certificado de calidad (Aries On Line, 11/10). A su vez, la información de la contaminación del agua no llega a los parajes y comunidades originarias que siguen consumiendo el agua.
El gobierno se jacta de que está en vías de resolución de un problema histórico. Sin embargo, el recorrido de las obras que realizó Jarsun con el ministro de economía de la provincia, Roberto Dib Ashur, dan cuenta de que sólo están improvisando con parches. Declaran que están “reparando el dique Itiyuro”, una construcción de 1965, y la reparación del acueducto Aguay que es lineal y siempre está rompiéndose por la falta de cambios estructurales. El mismo ministro de Infraestructura de la provincia, Sergio Camacho, declaró a Página/12 que el Aguay es completamente frágil por su sistema líneal de 65 km de extensión, “una sola línea hace que, llegado el caso, ese acueducto se rompa en un punto y deje a todos los de abajo sin una posibilidad de ser asistidos". También declaró que la fragilidad del sistema de abastecimiento está dada porque el 78 % responde a abastecimiento de superficie, mientras que el otro 22,% es subterráneo. Es decir que dependen estrictamente de las lluvias.
El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, anticipó hace unos días a El Expreso de Salta que, si a estas alturas del año ya no hay lluvias, la crisis de fin de año será más grave que la del año pasado. Saravia ata la falta de agua a las sequías, sobre todo en el norte provincial donde avanza la deforestación. Un informe de GreenPeace denunció que Salta está entre las cinco provincias que más deforestó este año con 90.755 hectáreas, un 21 % más que en el 2022 (El Nuevo Diario, 9/10).
Los vecinos de Aguaray son la punta de lanza para lo que se avizora para este fin de año, un nuevo cuadro de lucha que se acentúa con la crisis actual que atraviesa el país. El camino es la autoconvocatoria del pueblo del norte salteño para pelear por el bien elemental y contra la voracidad del capital en la depredación ambiental.
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