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El país se suma a la histórica crisis del dengue en Salta. El norte provincial padece esta endemia cada verano y cada año es peor. Ahora el aedes aegiptys prolifera al ritmo de la pobreza. El gobierno de Sáenz va de crisis en crisis en un año electoral al que asiste por su reelección.
Todos los años, los hospitales colapsan por dengue. A esta enfermedad se sumó el covid-19 y la fiebre tifoidea por salmonella. Los nosocomios ya no contienen, y la pandemia lo reveló, a estas enfermedades por el vaciamiento crónico de la salud pública y un sistema fracasado como el de gerenciamiento y autogestión que sostienen todos los gobiernos.
Al momento de escribir estas líneas, en la provincia hay 2.844 casos confirmados de dengue, 482 internaciones y siete fallecidos concentrados en los departamentos de San Martín, Orán y General Güemes, según el portal oficial del gobierno de Salta. La franja etaria más afectada va de entre los 20 y 59 años y desde principio de año que hay circulación autóctona. Los vecinos de San Ramón de la Nueva Orán denuncian que cuando asisten al hospital no son atendidos de inmediatos por falta de médicos, abarrotando los pasillos donde se respira el virus, donde los pacientes vomitan, con altas temperaturas y sin agua potable. Los habitantes de las comunidades originarias siquiera asisten, es decir que hay más casos (La Nación, 10/3).
Mientras, el covid-19 hace lo suyo. En el 2023 hay 1.84 casos y 10 fallecimientos (Noticia Iruya, 22/3). La pandemia ha dejado en terapia intensiva a la salud pública y frente a este caos el secretario de Servicios de Salud, Adrián Rúa, dice que “es responsabilidad de la sociedad” y envía a los pacientes a que no vayan a los hospitales, que se queden en sus casas o de última vayan a los centros de salud de los barrios.
La composición social de los afectados son trabajadores, comunidades originarias, desocupados, precarizados. Es decir que se combina con el nivel de pobreza que acaba de informar el INDEC que para Salta supera casi un punto la media nacional, 40,1 %. La pobreza va de la mano con la precariedad en las condiciones de vida, va de la mano con viviendas de chapa, de paja, de cartón, de plástico. Barrios sin obra pública alguna, sin cloacas ni cordón cuneta y ni hablar de pavimento. Viviendas con pozos sépticos sin tapas junto a pozos de agua. Las tormentas de verano, luego de una sequía galopante, han llenado de charcos de agua servida, focos de proliferación de mosquitos. A todo esto, el gobierno sigue sin resolver la crisis del agua potable y ya no puede sostener la improvisación y precariedad de sus medidas que no contemplan una solución real y los baches ya no pueden sostenerse en el tiempo como la entrega de bidones de agua. El abastecimiento de agua con camiones cisternas también tiene su grado de contaminación ya que no reciben un mantenimiento regular de higiene y desinfección.
Sáenz gobierna acorralado por los reclamos de los pueblos originarios, con las mujeres a la cabeza, que cortan rutas y marchas en caravanas a la ciudad capital que reclaman viviendas, centros de salud y alimentos para que sus niños dejen de morir por las enfermedades, por desnutrición y deshidratación. Hasta febrero son tres niños wichí fallecidos en el 2023 (Nuevo Diario, 10/2). En los primeros días de marzo, originarios protestaron en el hospital de Embarcación, departamento de San Martín, por la muerte de una niña wichí. Los trabajadores de la salud denuncian que no tiene condiciones laborales para hacer frente a la crisis y la docencia autoconvocada votó, entre sus medidas, que los docentes de la ciudad de Orán no asistan a clases por la cantidad de maestros contagiados.
Para hacer frente a esta endemia no es suficiente cambiar el agua del florero o sacar el agua de los neumáticos como propone el “plan de descacharrado” del gobierno. Debemos autoconvocarnos a un congreso de trabajadores para discutir una agenda que resuelva la crisis del dengue y del agua en pos de nuestra salud.
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