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En el discurso de apertura de las sesiones legislativas de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz encubrió la crisis política de los servicios públicos, que ha llevado a las calles y rutas a vecinos autoconvocados del departamento de Orán, principalmente, y también del departamento de San Martín y barrios de la ciudad Capital. Tampoco ha hecho referencia a la crisis que azota a la clase obrera y a las comunidades originarias.
La nómina de obras públicas que Sáenz mencionó en el discurso está ligadas a una agenda compartida con los gobernadores del llamado Norte Grande. Se trata de un plan de infraestructura vinculado a las necesidades del capital minero, agroindustrial e inmobiliario. El dinero público es destinado a disminuir el costo de la salida de la producción a los mercados, lo cual constituye un subsidio encubierto a los grandes grupos beneficiarios. Los puestos laborales que crean esas obras no se hubieran perdido si quedaran a cargo de las mineras, cuyo incentivo es la alta demanda mundial de esos minerales, como consecuencia del desarrollo de baterías para autos eléctricos, la crisis que se ha desatado en las cadenas de producción internacionales y la guerra. Los puestos laborales se caracterizan por contratos precarios, salarios bajos y riesgos laborales.
Sáenz anunció la entrega de más de 2.500 créditos a empresas por $4.300 millones y el lanzamiento de una nueva línea de Desarrollo Productivo con el Banco Macro por $1.000 millones, con subsidio de tasa de la Provincia y del FONDEP, y con aportes del FONDAGRO para productores ganaderos. Habilitó el aumento del 80% de alquileres y la oferta de alquiler temporario en dólares. Este año desapareció del discurso de Saénz el plan “Mi Lote” que improvisó el año pasado, para más de 80 mil familias sin vivienda. La defensa de “federalismo real” para terminar con la “discriminación para el Norte Grande en materia de subsidios” llenó de aplausos el recinto. En Salta, sin embargo, se paga el boleto de transporte más caro del país. Seguirá con los tarifazos en los servicios públicos de agua y electricidad.
Saénz continúa sin resolver la crisis del agua potable que explotó en noviembre pasado. Anunció una “tarifa diferencial” por “zonas calientes” para electricidad y agua que no altera mayormente el precio del servicio. Aborda la crisis del agua potable con medidas precarias e improvisadas, como ocurre con el reparto discrecional de agua con camiones cisterna bajo la tutela de los punteros del gobierno. No está en sus planes la construcción real de acueductos que abastezcan a toda la provincia, que también servirían para crear empleo. Los vecinos autoconvocados de Orán siguen en lucha con cortes de ruta y carpas, mientras que las comunidades originarias, por tercer año consecutivo, llegaron en caravana desde el norte provincial a la casa de gobierno para exigir una solución a la crisis de sus condiciones precarias de vida. Un estudio de laboratorio de los vecinos del barrio Grand Bourg halló materia fecal y salmonella en el agua dizque “potable”; ahora serán denunciados por difamación por parte del director de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, designado por Sáenz. Lejos de resolver la crisis de los servicios públicos, Sáenz refrendó en su discurso el protocolo represivo “para garantizar la paz social”.
Por otro lado, el gobernador se ha jactado de que los docentes y los trabajadores de la salud han logrado las mejores paritarias del país. Días antes había firmado con la burocracia sindical de estos sectores un 35,5%y 26%, respectivamente, hasta mayo y en tres ‘cómodas ‘cuotas; la inflación interanual hasta enero la llegado a casi 100 por ciento. Los hospitales continúan colapsados por las diferentes enfermedades epidemiológicas que, con la falta de agua potable, se acentuaron - como ser el dengue que ya tiene circulación comunitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Güemes con casi 200 casos en lo que va del año. El covid-19 y los casos de fiebre tifoidea y paratifoidea no dan tregua, hay más de 1060 casos de coronavirus y 35 casos de la bacteria salmonella que se presenta principalmente en el agua “potable”. Mientras tanto, los trabajadores nacionales de vectores denuncian que no les otorgan los equipos de protección personal y no saben en qué edificio trabajarán; actualmente están en el edificio donde funcionaba la ex Palúdica que “donó” el gobierno de Macri, en el 2016, a la intendencia capitalina para convertirlo en un Museo al Folclore, a instancia del entonces intendente y actual gobernador Sáenz.
Sáenz dice “tomar distancia” del gobierno nacional y también de Juntos por el Cambio. En su oratoria sentenció “no quiero ningún dirigente nacional que venga a levantarme la mano y diga “este es el candidato de los salteños”. Pero pasados estos comicios, discutirá con cuál de los dos ajustadores se alinea en la elección nacional. Al igual que Massa, defiende a muerte la contrarreforma educativa, los tarifazos “segmentados”, y las reformas reaccionarias de las jubilaciones y el programa del FMI. Ni que decir de una entrega de recursos naturales que, en el mejor de los casos, financiará la fuga de capitales y el pago de una deuda usuraria. En la apertura de sesiones aseveró que “no sabe de grietas ni divisiones”, mientras prodiguen sus choques intestinos con los otros rejuntes políticos. Responsabilizó a la pandemia y a la guerra por la inflación, los incendios forestales y las sequías que “afectaron la economía”. Sáenz se manifiesta un ferviente defensor de la guerra imperialista de la OTAN y Rusia, alegando las supuestas “ventajas” que ofrece a la minería y a la agroindustria de Argentina y de Salta.
Al finalizar la asamblea legislativa, el salteño exclamó que había terminado con la muerte de niños wichi. En los primeros tres meses del año pasado fallecieron 44 bebés, niños y niñas de comunidades originarias. Al menos cinco más en el segundo trimestre y otros cuatro en las últimas dos semanas del mes de julio. En la primera mitad de 2021 fallecieron 64 bebés, niños y niñas menores de cinco años en comunidades wichi de territorios declarados en emergencia sociosanitaria. Según información oficial, al menos 7543 menores de cinco años de esas comunidades estaban en estado de riesgo nutricional y 108 habían fallecido en 2020 (Tiempo Argentino, 22/7/22). En lo que va del 2023 ya han fallecido al menos 4 niñas y niños wichí por desnutrición, deshidratación y enfermedades epidemiológicas.
Con este panorama político, los trabajadores estamos convocados a agruparnos en un congreso obrero provincial para derrotar esta política e imponer nuestras reivindicaciones.
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