Escribe Daniela Romano
Rechaza el ´aumento´ de pobreza del 35% de Sáenz.
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La docencia autoconvocada combativa de la provincia de Salta rechazó el aumento trucho del 35,5% del Gobierno y la burocracia de la intergremial.
Esta paritaria ha causado indignación. En la última asamblea se votó por unanimidad el rechazo. El pliego aprobado, entre otros, incluye la convocatoria a paro de 48 horas los días 6 y 7 de marzo por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por cargo, el 82% móvil, el rechazo a la 5ta hora y el rechazo a la reforma antieducativa.
Sáenz y su alfil Mazzone (secretario general de ADP) se reivindican como los que mejor pagan en base a la miseria salarial generalizada que imponen todos los gobernadores del país junto a la burocracia de CTERA, alineados a la política confiscatoria de salarios y tarifazos de los Fernández, Massa y el FMI.
Un aumento para los docentes en algunos ítems no representa más que una profundización en la miseria salarial actual – un sueldo de un docente que recién inicia es de 100 mil pesos, por debajo de la canasta de pobreza. Para que haya una verdadera recomposición salarial la paritaria debe partir por la actualización del salario igual a la canasta familiar, es decir 280 mil pesos en el sueldo inicial y de ahí establecer los aumentos correspondientes para indexar el salario respecto a la inflación del 100% para este 2023.
Para quebrar la política de Sáenz es necesario desenvolver las fuerzas que permitan ir a una nueva huelga general. En 2021, la burocracia sindical autoconvocada quebró el movimiento y habilitó los descuentos sancionatorios a los huelguistas. Los llamados “Delegados de la Plaza tomó parte en la intergremial, se levantó de la mesa paritaria “disconforme” para luego aceptar en una “asamblea” no representativa de las bases el miserable 35% de Sáenz. En contraposición, el activismo de la autoconvocatoria salteña marca un camino y sienta un punto para lo que será la pulseada en las paritarias con el resto de los estatales.
Es necesario impulsar una acción común de los estatales explotando la tendencia a la autoconvocatoria en médicos, judiciales y municipales provinciales.
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