Salta: Sáenz se prepara para enfrentar los reclamos sociales (y las elecciones) con represión

Después de meses de preparación, el gobernador Sáenz ha decretado un “protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado Provincial en manifestaciones públicas” para intentar poner fin a los piquetes que se producen cotidianamente en la provincia, pero sobre todo en el norte provincial. Es donde los niveles de pobreza y desocupación superan ampliamente al 60% de la población.

El decreto habilita la intervención policial para garantizar el “libre tránsito”, y sólo una vez cumplido ese objetivo, buscar abrir un cause de negociación con funcionarios correspondientes. Es decir que busca desarmar a los manifestantes de una posición de fuerza a la que se vieron obligados a recurrir justamente por la esterilidad de los mecanismos y vías estatales de “petición”. Además, habilita la represión contra periodistas y medios de comunicación en nombre de un eventual entorpecimiento del operativo represivo. Por estas razones ya ha sido rechazado por organizaciones sociales, partidos de izquierda, de DDHH, la asamblea popular oranense contra el tarifazo de Edesa y el gremio de prensa local, entre otros.

Dicha medida fue exigida por las patronales terratenientes, agroindustriales, del comercio y logísticas; e impulsada por el ex ministro de desarrollo social Zabaleta, en su último viaje a Salta. Complementa un amplio plexo legal represivo que rige en la provincia. Los capitalistas exigen el despeje de las rutas de los pobres y explotados que ellos mismos han propiciado con la complicidad abierta del Estado y diferentes burocracias sindicales.

El surgimiento del protocolo represivo de Sáenz acompaña las infructuosas medidas que el gobernador ha tomado para hacer frente a la rebelión que ha producido en el norte provincial el colapso del conjunto de los servicios públicos. El nuevo ministro de Salud, Mangionne, ha debutado despidiendo trabajadores precarizados, profundizando el vaciamiento hospitalario. El armado de un comité de Emergencia hídrica en el Norte ha fracasado y continúan las manifestaciones y cortes por la falta de servicio. Los decretos de una tarifa diferencial para el norte provincial hasta el momento no se ha aplicado y movimiento contra el tarifazo “segmentado” del servicio de Luz exige un descuento del 80% en sus boletas. Diferentes comunidades originarias siguen reclamando por tierra, agua, alimentos y atención médica, hartas de las maniobras del gobierno y sus punteros.

En este cuadro, el protocolo represivo del gobernador salteño es una suerte de “confesión de parte”, sobre la negativa del gobierno a resolver estos reclamos y a quebrarlos por la vía de la fuerza. Por otro lado, es también un recurso para lanzarse contra eventuales autoconvocatorias de docentes y trabajadores de la salud contra su paritaria trucha, que ahora ya no comienza por la intergremial docente sino que suma a todos los burócratas enquistados en los gremios estatales; o los crecientes conflictos obrero en la puna bajo el “boom” minero. La burocracia sindical toda defiende el protocolo represivo de Sáenz bajo su propio interés. También lo hacen los diferentes alfiles políticos capitalistas que hoy improvisan armados “opositores” para la próxima elección provincial.

La posibilidad de que Sáenz avance en este ensayo represivo abierto está directamente condicionado por la respuesta que la clase obrera y los trabajadores en general den para cortar de cuajo esta intentona y no a especulaciones electorales y acciones de aparato. El gobernador salteño busca un segundo mandato mediante la derrota de las luchas obreras y una desmoralización que le permita imponerse en las urnas.

El rechazo de este protocolo por una multitudinaria asamblea popular contra el tarifazo de luz en Orán, a la par de la ratificación de sus medidas y métodos de lucha, delinea un curso a seguir. Impulsemos asambleas en los barrios y lugares de trabajo estableciendo las reivindicaciones inmediatas y las acciones de lucha para imponerlas, unidas a la lucha contra todos los actos represivos del Estado; impulsemos la coordinación de las luchas y un gran congreso provincial de trabajadores. El derecho a la protesta y a luchar es un derecho inalienable. Una vez quebrado, el Estado y las patronales podrán avanzar sobre el resto de derechos, libertades y reivindicaciones, de los trabajadores y explotados.

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