Salta: protestas contra el tarifazo

Escribe Violeta Gil

Tiempo de lectura: 4 minutos

La crisis hídrica y el tarifazo eléctrico en el norte provincial, ha causado una importante reacción popular que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Sáenz.

Desde diciembre del año pasado no han cesado las protestas de la población del departamento San Martín, que hace 45 días no tiene agua potable y es asistida con camiones tanque. En el caso de Orán, el impacto de la segmentación de la tarifa eléctrica impuesta a nivel nacional por el tándem Massa-Royón, sumado a un servicio con deficiencias crónicas, ha provocado una rebelión contra el tarifazo en el servicio y contra la prestataria privada Edesa.

Maniobras políticas y el agua no aparece

Bajo la crisis hídrica y después del fracaso de “rogar para que llueva” y descargar culpas en la sequía historia en curso, Sáenz tuvo que cambiar el director de la sociedad anónima estatal Aguas del Norte. Este cambio vino acompañado por el anuncio de una inversión en obras por más de 3 mil millones de pesos, que hasta ahora no se saben cuáles serán ni cuando comenzarán. El nuevo director de la empresa estatal, se ha remitido a promover el retaceo de un recurso y preparar las condiciones para una nueva avanzada en la colocación de medidores sobre buena parte de los usuarios.

Ahora Sáenz ha puesto a andar el comité de emergencia hídrica creado por sus legisladores hace más de un mes, ante el fracaso del comité de emergencia departamental impulsado por saencistas y su socio radical e intendente de Tartagal, Mimessi; y el persistente reclamo de municipalización del servicio por parte de la pequeño burguesía local. Este comité provincial es coordinado por el titular del Ente Regulador Provincial (Enresp), el radical Carlos Saravia, quien en medio de la crisis en curso se niega a cobrarle a Aguas del Norte las multas correspondientes por el mal servicio; por otro lado, se hizo cargo del sistema de reparto de aguas, denunciado todos los días como un negociado para empresas de camiones y para los punteros que hacen un uso clientelar de la distribución.

Orán arde contra el tarifazo de luz

En el caso del tarifazo aplicado por Edesa, la primera reacción del gobierno fue solicitar al gobierno nacional que el límite de consumo se eleve un 50% para los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, por ser zonas de altas temperaturas. Es que por las temperaturas record de diciembre pasado, las tarifas de una importante capa de usuarios, sobre todo comerciantes y residencias con aires acondicionados, han tenido aumentos de hasta el 300% llegando a boletas de 100 mil pesos. Por otro lado, el gobernador ordenó desde el Enresp “auditar” los medidores de luz con la promesa de restituir eventuales cobros indebidos.

Como la asamblea de usuarios conformada en Orán rechazó de plano estos planteos y prosiguió con sus protestas, y a la par su ex funcionaria y actual secretaria de energía de la Nación, Flavia Royón, ignoró olímpicamente el pedido provincial y anunció que proseguirá con el esquema de subas segmentadas, Sáenz se vio obligado a emitir varios decretos que establecen multas a Edesa por el mal servicio, la limitación del tarifazo a un 30% y una tarifa especial para el norte provincial, que sin embargo todavía no se sabe de cuánto será. Por esto mismo, los usuarios de Orán reclaman la caída de la segmentación y un descuento del 80% con respecto a la tarifa general y exigen la estatización bajo control de los usuarios.

La crisis sigue abierta

Las medidas que Sáenz ha tenido que tomar por decreto buscan más que nada descomprimir los reclamos de pequeños y medianos comerciantes y de un sector de asalariados que complementan sus magros salarios con alguna actividad comercial en su vivienda. El gobernador es muy consciente de los límites de sus maniobras ya que, por caso, el nivel de inversiones que requiere revertir la crisis hídrica y eléctrica en el norte provincial choca con la política de ´austeridad´ presupuestaria del FMI y, sobre todo, con la política de confiscación salarial para los trabajadores estatales –para quienes, en 2022, sus ingresos han quedado varios puntos por debajo de la inflación. También sabe que la resolución de los reclamos populares chocan directamente con los intereses capitalistas de Edesa y un amplio sector de proveedores y contratistas de Aguas del Norte. Por esto mismo ataca al movimiento de lucha acusando de estar influenciados por intereses políticos y ha comenzado a cooptar a sectores de las organizaciones piqueteras para que se retiren de las protestas.

En el caso de la luz, los nuevos tarifazos ya programados pueden hacer trizas las maniobras del gobierno y reanimar el movimiento de lucha. Lo mismo sucede con la continuidad de las altas temperaturas durante lo que queda del verano. Edesa profundizará su política de vaciamiento en nombre de la escasez de recursos para mantener un servicio ya al borde del colapso. En el caso del agua, la emergencia hídrica sólo ha promovido la especulación capitalista de proveedores de camiones tanque y otros insumos, lo que se extenderá a los capitalistas que accedan a las concesiones de nuevas obras que, bajo la ley de emergencia, no necesitan pasar por un proceso de licitaciones. Pero a lo que más teme el gobernador Sáenz es que estas crisis y luchas se extiendan provincialmente y tiendan a confluir con la discusión de las paritarias estatales en febrero próximo, lo que podría imponer la tónica de la clase obrera a los reclamos contra los servicios de agua y luz, sumando el reclamo del salario y los métodos de la huelga.

El hecho de que las luchas de los usuarios se desarrollen contra una empresa privada (Edesa) y otra estatal (Aguas del Norte), pone en la mesa que el problema no es el “tipo de gestión” sino su carácter capitalista, que sólo puede ser quebrado por una intervención de la clase obrera con su propio programa. La pertinencia de un congreso provincial de trabajadores para el desarrollo de esta lucha es completa. Una prestación adecuada de estos servicios públicos a los intereses de la gran masa laboriosa solo puede ser garantizada por un gobierno de trabajadores.

LEER MÁS:

Demos pelea a los tarifazos Nota de tapa de Política Obrera N°61 edición impresa. 11/01/2023.

Las elecciones de un Estado Provincial en colapso permanente Por Julio Quintana, 27/12/2022.

Salta: crisis hídrica en el norte provincial Por Olga Céspedes, 30/11/2022.

Suscribite a Política Obrera