Escribe Agustín Fernández
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Hubo que esperar tan solo algunos días luego de las elecciones generales provinciales que catapultaron al rejunte de macristas, socialistas y radicales a la gobernación, para que estallara un nuevo escándalo político. Si los años del gobierno de Perotti fueron marcados por el “affaire” Traferri, la trama delictiva ahora incorpora a parte de los victoriosos opositores.
Sucede que se confiscaron 45.251.600 pesos, 83.000 dólares, 22.000 euros; y 23.000 reales en un allanamiento en uno de los departamentos del Puerto de Santa Fe. En dicho lugar reside un militante del radicalismo local, de apellido Benavídez, quien ocupó cargos públicos en la Municipalidad de Santa Fe durante la intendencia del hoy diputado provincial José Corral (UCR-JxC). No solamente le fueron sustraídas las sumas de dinero mencionadas, sino que también 39 tarjetas de débito junto a celulares y diversos documentos. Esto último es de suma trascendencia, porque también fue secuestrado un “cuaderno con anotaciones en las que surgen movimientos económicos, con nombres y apellidos” (Letra P, 13/09).
Se acusa a Benavidez de haber montado una cueva financiera en su departamento: lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y defraudación. También su pareja esta sindicada como autora de estos delitos. Las fuentes relatan que utilizó su profesión de contadora para la intermediación financiera prohibida y el lavado de activos. Pero la esposa de Benavidez milita en el peronismo local: fue designada empleada en el Ministerio de Economía de la provincia durante el actual gobierno de Perotti.
Por el momento, ningún político ha salido a recoger el guante ni a dar una versión distinta a la que apunta la fiscalía. Pullaro, quien fuese electo gobernador, se ha refugiado en el silencio en la previa a su asunción.
El capítulo de Armando Traferri y el juego clandestino, pasando por la crisis política que desató “Chocolate” Rigau en provincia de Buenos Aires, hasta la cueva financiera montada en la capital santafesina, exponen hasta qué punto es tan imprescindible el financiamiento ilícito para los partidos patronales que el régimen ampara.