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La llegada de un 'outsider' guatemalteco a la Casa de Gobierno ha sido cuestionada por el poder político local, al punto que el presidente electo denuncia un “golpe de Estado en curso” para evitar su toma de posesión del mando. Bernardo Arévalo, tildado de “progresista” y “antisistema”, ganó las elecciones presidenciales con el 58% de los votos en el ballotage de agosto pasado contra la derechista Sandra Torres. Antes de la primera vuelta, las encuestas lo dejaban en los últimos lugares. El triunfo de Arévalo fue, según algunos medios, “inesperado para todo el mundo”. Se produjo, además, en medio de un conflicto con la justicia electoral: el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió al partido de Arévalo, el Movimiento Semilla, poco antes de ser éste elegido presidente. Para El País (26/6) “las candidaturas con más visibilidad, tras una campaña marcada por las inhabilitaciones y las críticas a las autoridades electorales, se situaban en el espectro ideológico de la derecha y apuntaban al continuismo. Los electores, sin embargo, lanzaron un mensaje de rechazo del sistema de partidos tradicionales”.
A dos meses de asumir la presidencia -el cambio de mando estaba previsto para el 15 de enero próximo- Arévalo denunció un plan golpista integrado por la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía, Rafael Curruchiche, el juez séptimo de Instancia Penal, Fredy Orellana, y la Junta Directiva del Congreso. La injerencia del Poder Judicial en todo el proceso electoral fue abrumadora, proscribiendo a diferentes partidos en campaña. Tanto la Fiscalía como la Justicia habían intentado impedir la participación del partido de Arévalo en el ballotage. Luego de su triunfo, la Justicia ordenó al tribunal electoral suspender al Movimiento Semilla por una investigación de 2017 sobre la veracidad de las firmas que había reunido para registrarse como partido político. Por otra parte, “en el Congreso dictaminaron un presupuesto público para 2024, el cual deberá ser aprobado antes de que concluya noviembre, que constituye un auténtico regalo envenenado para Arévalo y su futuro gabinete. El propósito es paralizar la inversión en los servicios esenciales desde el primer año para azuzar el descontento social” (El País, 5/11).
El Ministerio Público, recientemente, solicitó el retiro de inmunidad de Arévalo para imputarlo por un caso de daños al patrimonio, a raíz de su supuesta participación en la toma estudiantil de la universidad de San Carlos, en el año 2022, contra la elección del rector. Por la misma causa, el Ministerio ordenó el arresto de cinco miembros de Movimiento Semilla, realizó 31 allanamientos y emitió otras 27 órdenes de captura de ese partido.
Arévalo recibió, en contrapartida, el respaldo de la OEA, la CIDH, Estados Unidos y la Unión Europea. “El secretario de la OEA (Luis Almagro) advirtió este viernes en la reunión extraordinaria de la OEA que 'cualquier otra opción' que no sea la investidura de Arévalo de León el próximo 14 de enero 'será vista como un rompimiento constitucional'” (Clarín, 1/9). El gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones contra 14 personas por “socavar la democracia y el Estado de derecho”, incluyendo varios funcionarios del Ministerio Público. Arévalo también recibió el apoyo de los expresidentes integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), en un comunicado firmado por Mariano Rajoy (España), Iván Duque (Colombia), Vicente Fox (México), Álvaro Uribe (Colombia) y Mauricio Macri (Argentina), entre otros.
La ofensiva de las fuerzas tradicionales del régimen político para boicotear la asunción de Arévalo tuvo como respuesta una oleada creciente de movilizaciones populares y un paro nacional en octubre que exigían la renuncia de Consuelo Porras y otros funcionarios golpistas. Durante varias semanas se mantuvieron más de 120 cortes de rutas en todo el país por iniciativa de las autoridades indígenas, junto con una protesta permanente frente a la sede del Ministerio Público.
Las cámaras patronales aglutinadas en CACIF presionaron por una salida represiva, pero la represión estatal se vio rápidamente desbordada. En el barrio La Bethania (Ciudad de Guatemala) los manifestantes hicieron retroceder a las fuerzas policiales. En muchos casos el Estado recurrió a fuerzas parapoliciales y grupos civiles armados para amedrentar a la población. Donde se hicieron presentes, los manifestantes se armaron con palos, piedras y machetes para defenderse. Las bandas narcos se han sumado al hostigamiento de los manifestantes y asesinaron a uno de ellos en un corte en el departamento de San Marcos. Luego de varios días de permanencia, los bloqueos se convirtieron en verdaderos centros de organización y deliberación.
Las protestas fueron convocadas desde las provincias por la asamblea de las autoridades indígenas que aglutina a los pueblos maya, garífuna y xincas. Con el paso de los días, se fueron sumando estudiantes universitarios, profesionales, organizaciones sociales, comerciantes y comités de vecinos. “La noche del jueves 5, los universitarios organizaron grandes manifestaciones en Quetzaltenango, la segunda ciudad. El viernes, la ciudad de Guatemala amaneció bloqueada por pobladores y estudiantes. Los pilotos del transporte pesado se sumaron y los comerciantes de todos los mercados cantonales -que tradicionalmente fueron movidos como fuerza de choque del sistema- anunciaron un paro total a partir del lunes 9 si la fiscal Porras sigue en el cargo. Los policías bajan las armas e intermedian” (El País 8/10).
Arévalo se negó a participar de un diálogo con la mediación de la OEA para el levantamiento de las protestas. Ante la acusación de la oposición de evadir “su responsabilidad en los bloqueos”, Arévalo aseguró que las autoridades de los pueblos indígenas (que mantienen las protestas) son los interlocutores legítimos de cualquier diálogo. “Éstas aceptaron la responsabilidad de participar en las discusiones, pero advirtieron de que temen ser criminalizados por 'defender la democracia', dijo el presidente de los 48 cantones indígenas de Totonicapán, Luis Pacheco” (El País, 12/10).
A pesar de las protestas, Consuelo Porras y los demás funcionarios aseguraron que no piensan renunciar. El pasado martes 21 de noviembre se realizó una nueva movilización a la capital de Guatemala para exigir su renuncia y defender la asunción de Arévalo. “La marcha por el centro histórico de la capital estuvo encabezada por decenas de ancianas ataviadas con trajes multicolores, las llamadas 'abuelas de los pueblos', quienes llevaban sus bastones de mando, símbolo de autoridad en sus comunidades autóctonas” (La Nación, 21/11). Uno de los principales líderes del movimiento, Luis Pacheco, aseguró que si no renuncian se mantendrá la protesta "hasta el 14 de enero" (día de asunción de Arévalo).
El proceso electoral aún se encuentra judicializado y el conflicto se agudiza. Guatemala se encuentra atravesando, además, una crisis de inseguridad alimentaria y una crisis migratoria, siendo el país centroamericano que mayor cantidad de ciudadanos busca ingresar a los Estados Unidos.
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