Paritarias municipales en Pergamino

Escribe Lucas Giannetti

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En el marco de las negociaciones paritarias de los trabajadores municipales, ni lento ni perezoso, el intendente de Pergamino, Javier Martínez (JxC), quiere posicionarse en los nuevos tiempos políticos como aquel que lleve adelante el “plan motosierra” en su municipio. En este sentido, adujo problemas financieros en las arcas municipales, refugiándose en el argumento de la incertidumbre que genera la política fiscal del nuevo gobierno electo a nivel nacional.

Pero estamos en presencia de una crisis mas profunda, ya que el gobernador, Axel Kicillof, no ha presentado el Presupuesto 2024; no ha establecido las pautas coparticipables para los municipios y ha enviado un proyecto a la Legislatura provincial para que discuta un endeudamiento por 150 millones de dólares para realizar los pagos de fin de año. Por su parte, intendentes de la UCR y el PRO están pidiendo que se paguen deudas de IOMA y fondos del programa “Municipios a la Obra” a cambio del voto positivo al endeudamiento. De todas maneras, los intendentes y legisladores opositores determinaron al ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, para que la plata esté depositada antes de la votación de la Ley de Endeudamiento. Cuando todo parecía que estaba encaminado para que la oposición votara afirmativamente el endeudamiento, el miércoles 29, los legisladores del PRO no bajaron al recinto, acentuando las diferencias dentro de Juntos, ya que intendentes y legisladores radicales, se mostraban a favor de colaborar. De esta manera, Axel Kicillof, que tendrá que poner a validación el endeudamiento con una nueva composición de la Legislatura luego del 10 de diciembre y por ende, con los legisladores de LLA.

Los intendentes de San Pedro y Rojas también patearon las paritarias para adelante. Estas maniobras pueden convertirse en cóctel explosivo teniendo en cuenta las estimaciones inflacionarias para diciembre que rondan el 20%. Mientras tanto en Junín, el intendente Pablo Petrecca (JxC) aceleró las negociaciones con los gremios logrando cerrar una paritaria a la baja del 30% al básico, para cobrarse recién en enero y un único bono de 30 mil pesos a cobrar en diciembre.

La paritaria en curso en Pergamino está condicionada por la crisis política y por la deliberación de los trabajadores que han tenido un 2023 de retención de tareas, paros y movilizaciones por reclamos salariales.

En marzo, el acuerdo paritario fue de un 12% para el mismo mes y un 16% para junio. Con la escalada inflacionaria, en julio se reabrieron las paritarias. Pero esta vez las bases sobrepasaron a las direcciones sindicales y pusieron en pie un plan de lucha que comenzó con una retención de tareas en los lugares de trabajo. El gobierno local, con personal jerárquico a la cabeza y por medio de aprietes a trabajadores tercerizados del municipio, en medio del conflicto montó un “corralón municipal paralelo” de donde salían los camiones recolectores de basura, lo que avivo el conflicto y dio paso a un paro general en todas las dependencias municipales. El gobierno logró cerrar el conflicto, con la anuencia de los cuatro sindicatos que tienen representación (ATE, UPCN, SOSBA y Sindicato de Municipales), otorgando un 12% para julio y un 10% para agosto. Nuevamente en agosto recibieron un aumento del 6% para el mismo mes sobre el salario básico de julio y un 12% en septiembre sobre el básico de agosto, arrojando un aumento acumulado a septiembre del 80,20%, cuando para este mes la inflación acumulada en el año, según el INDEC, fue del 120%, que se tradujo en una perdida salarial del 40%. Al día de la fecha la discusión paritaria se encuentra empantanada. Desde el gobierno ofrecieron un 8,3%.

Sin convenio colectivo de trabajo, los municipales se encuentran a merced de todos los atropellos antiobreros del gobierno y los sindicatos, empezando por los salarios de miseria que perciben. La última categoría del escalafón recibe un salario de 120.000 pesos, muy por debajo -de la también desfasada- canasta básica familiar, que al día de hoy se encuentra en 345.295 pesos. Ante la complicidad de los gremios, la autoconvocatoria es el camino para que surjan los mandatos de base en todas las dependencias, con un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha para conquistarlas.

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