Docentes bonaerenses: cuarentena sin actualización salarial y con mayor precarización

El acuerdo salarial a la baja aceptado (en soledad) por la burocracia del Suteba condena el salario a un congelamiento que no se corresponde con las necesidades crecientes de la docencia para afrontar la cuarentena. El 8% de aumento percibido en marzo, que llevó al salario conformado inicial del maestro a la cifra paupérrima de 29 mil pesos, ya fue devorado por la inflación de enero-marzo. De tal modo que el salario de un maestro representa el 38% del costo de la canasta familiar, y se ubica un 30% por debajo de la línea de pobreza. El preceptor está todavía más lejos: su sueldo está congelado en 26.196 pesos. Frente a esto, Baradel y sus acólitos proponen esperar a la segunda (y última) cuota del “acuerdo”: ¡otro 8% en julio!

De ninguna manera. Un acierto del activismo, y en particular de Tribuna Docente (Tendencia) y la Multicolor, fue plantear la defensa de la cláusula gatillo, como un reaseguro salarial ante la escalada inflacionaria. El cacareado argumento para entregar la cláusula gatillo, de que el acuerdo iba a permitir “ganarle a la inflación” (Baradel en Perfil, 10/2) se ha revelado como un embuste. Planteamos el adelantamiento de la segunda cuota y la reapertura urgente de la paritaria, para avanzar con la recuperación del poder adquisitivo del salario, por un salario básico equivalente al costo de la Canasta Familiar (75 mil), con cláusula gatillo.

Por otra parte, la suspensión de las clases golpeó fuertemente a un conjunto de docentes que se venían desempeñando como suplentes, o que trabajan en el plan Fines y otros programas. Esta drástica reducción laboral y salarial, alimentada por el propio gobierno con la suspensión del Fines y el no nombramiento de cargos faltantes, expresa un ajuste encubierto, en línea con la tentativa de Kicillof de cancelar la deuda de la provincia “con fondos propios”.

Programa “Piedas” y precarización

Un extendido movimiento de reclamos que recorrió toda la provincia, con base en coordinadoras de Fines -que se fueron extendiendo en medio de la cuarentena- así como la presión de las seccionales multicolores que tomaron diversas iniciativas de visibilización, fueron un factor que obligó al gobierno a tomar alguna clase de medida para dar respuesta a las necesidades del sector más precarizado de la docencia, que además quedó excluido del IFE y demás ‘beneficios’ destinados a paliar la situación generada por la cuarentena.

El “Piedas” (Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes en el marco de la emergencia sanitaria), lanzado en la primera quincena de abril, estuvo destinado en una primera etapa a docentes desocupados (con 0 módulos/cargos) y les asignó un ingreso equivalente a 8 módulos (poco más de 17 mil pesos). Recientemente, mediante la resolución 2020-901, el programa se amplió para que en una segunda etapa se incorpore a docentes con una carga horaria inferior a 8 módulos semanales, completando dicho “tope” de 8. Es decir, al docente que tiene 2 módulos le asignarán 6 del “Piedas”. Si trabaja en 3 módulos le asignarán 5 del “Piedas”. Si trabaja en 7 le asignarán 1, etc.

En la ‘letra chica’ del ‘Piedas’, el docente queda sujeto a los requerimientos laborales que la jefatura educativa de su distrito considere. Es decir, se ve forzado a aceptar condiciones laborales que en principio desconoce. Ante la alternativa del hambre, el gobierno descuenta que aceptarán dichas condiciones leoninas.

Ya son decenas de miles los docentes que están siendo convocados a tareas que no les corresponde, vinculadas a la asistencia en los comedores o tareas administrativas, para las cuales no están preparados, ni se los provee de elementos de protección sanitaria elemental en medio de la pandemia, como lo son barbijos, guantes o el alcohol en gel."

Hay que rechazar estas imposiciones y defender fuertemente la vigencia del Estatuto del Docente. Desde Tribuna Docente (Tendencia) planteamos el derecho a una garantía salarial de 42 mil pesos para todos los compañeros que hoy se encuentran con pocas o sin ninguna hora/cargo, y la incorporación masiva de los docentes a la plantilla oficial.

Ningún docente en condiciones de precariedad laboral.