Salta: Sáenz tiene su propio protocolo represivo contra los trabajadores

En los últimos días, el ministro de Gobierno Ricardo Villada manifestó, en medios locales, que su función principal era la de garantizar “la libertad de expresión y las manifestaciones” (Aries 14/12) y que, por tal motivo, no era necesario adherir al protocolo anunciado por Patricia Bullrich. Un cínico.

En medio de la última gran huelga docente, en mayo pasado, el gobierno de Gustavo Sáenz promovió la votación exprés en la legislatura provincial del llamado “protocolo antipiquetes”. Un proyecto redactado hace años por la diputada renovadora Cristina Fiore, actual ministra de Educación en el gabinete de Sáenz, y reflotado por la pejotista Socorro Villamayor, luego del desalojo, represión y detención de 19 docentes a la vera de la Ruta Nacional N° 9, el 25 de mayo pasado. El proyecto se aprobó sobre tablas, con la abstención del bloque kirchnerista, una posición encubridora ya que aceptaron el tratamiento sobre tablas y no tuvieron ni la política, ni el coraje para rechazarlo. Cuando hay que defender el interés del capital, reprimir y desalojar trabajadores, el kirchnerismo también envía a la infantería.

Sin embargo, fue el gigantesco repudio popular contra la represión a los docentes y la movilización contra la Ley Anti Piquetes, que obligó a Sáenz a derogar aspectos de la Ley, por ejemplo, la prohibición de movilizar sin autorización previa de la policía.

Sáenz y sus ministros saben, por experiencia propia, que el protocolo antipiquete, en el marco de un Rodrigazo y de un golpe de Estado económico contra los trabajadores, es echar más leña al fuego de las movilizaciones y piquetes.

Los mecanismos de blindaje del régimen político, en términos represivos, expresan el agotamiento de todas las instancias y los mecanismos previos de disuasión de los conflictos obreros, que ellos mismos suscitan, en una provincia con el 50% de la masa laboral en condiciones de precariedad y donde el 60% de los niños son pobres y no reúnen condiciones nutricionales básicas.

La democracia burguesa muestra su verdadero rostro de dictadura de clase. La democracia burguesa es el régimen social que garantiza al capitalismo poder explotar a los obreros y no el idilio en donde todos nos medimos por igual. Esto explica por qué un organismo como la Legislatura provincial, con diputados electos por la población, ahora le niega a esa población que lo votó, su derecho a rebelarse contra ella.

Esta cruzada represiva tiene su correlato, en el plano internacional, en el apoyo a la guerra de exterminio del sionismo contra el pueblo palestino –los gobiernos europeos han salido a prohibir las manifestaciones de solidaridad por Gaza. El gobierno de Milei se coloca en ese campo de giro represivo internacional.

Los trabajadores, por experiencia propia, saben que a las medidas represivas y de ajuste se las combate y derrota con una mayor movilización y despliegue de fuerzas en los lugares de trabajo. Si además esa fuerza se eleva políticamente, con un programa de confrontación con el régimen y sus voceros, los trabajadores estarán en condiciones de disputar y dirigir el proceso político.

De fondo lo que está en juego es, si se impone un golpe de Estado económico contra las condiciones de vida de las masas, en favor de los negocios capitalistas; o si nos imponemos los trabajadores defendiendo un aumento del 100% del salario, los puestos de trabajo, el acceso pleno a la salud, a la educación, a la vivienda, con una agenda propia de reivindicaciones.

Empecemos a desarrollar esa fuerza mediante la deliberación, las asambleas, las autoconvocatorias y la coordinación con otros sectores de trabajadores, tal y como ya lo han hecho los docentes, enfermeros y municipales en nuestra provincia.

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