Escribe Olga Cristóbal
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La información, difundida como parte de una investigación del periódico Het Laatste Nieuws (HLN), sostiene que miles de jóvenes belgas embarazadas fuera del matrimonio entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 80 fueron internadas en centros gestionados por la Iglesia en Flandes. En esos centros, fueron sometidas a todo tipo de maltratos y a veces abusadas sexualmente aún estando embarazadas, dieron a luz bajo control de párrocos y monjas. Aunque las denuncias comenzaron en 2015, HLN publicó nuevos testimonios de mujeres obligadas a abandonar a sus bebés recién nacidos y de adultos adoptados que afirman que fueron “vendidos” por la iglesia a las familias adoptivas.
En la mayoría de los casos se trataba de jóvenes solteras cuyos padres querían ocultar el embarazo. En esa última situación contactaban a las órdenes religiosas para que ellos encontraran familias dispuestas a adoptar. Una víctima relató que unas monjas la llevaron al hospital a dar a luz. En el recinto la sometieron a una “esterilización forzada” y su hija fue “vendida” por varias decenas de miles de francos belgas.
Los bebés, apenas nacidos, eran entregados a familias sin el consentimiento de sus madres. Esas familias pagaban sumas considerables para la época, entre 10.000 y 30.000 francos belgas, que no iban a las jóvenes madres sino que se quedaba la propia Iglesia.
Las jóvenes que parían bajo supervisión de religiosos eran esterilizadas durante el parto para que no volvieran a quedar embarazadas.
Se estima en unos 17 millones de dólares el dinero que habría obtenido la Iglesia flamenca vendiendo esos niños durante cuatro décadas. La conferencia episcopal belga pidió “una investigación externa para determinar las responsabilidades reales”. El vocero de la iglesia católica belga, Tommy Scholtes, dijo que “repetimos las excusas presentadas en 2015”. Con un cinismo acuñado durante siglos, Scholtes rechazó la versión de la venta de los bebés al nacer. “No eran niños comprados. No aceptamos la expresión”, dijo, y agregó que “las familias en espera de adopción agradecían a las religiosas cuando recibían al bebé, y contribuían financieramente al funcionamiento de las comunidades religiosas”. Para él no era una compra venta aunque se entregara dinero luego de que los recién nacidos quedaran en manos de esas personas.
El proceso de reunificación entre madres e hijos “es hoy extremadamente complicado dado que muchos de los documentos han sido destruidos”, según HLN. Más claro, esos centros religiosos, que dependen directamente de los obispados, destruyeron las carpetas de internación de las mujeres y los documentos de adopción.
Esta historia no puede causar sorpresa. Una investigación oficial demostró que unas 90 000 niñas y mujeres solteras fueron recluidas en Hogares para Madres y Bebés de la Iglesia Católica irlandesa y en los Asilos de la Magdalena. Allí eran esclavizadas, sometidas a trabajos forzados, y las embarazadas obligadas a dar a sus hijos en adopción. El último hogar cerró sus puertas en 1998.
En esos centros religiosos, y en los que encerraban a niños huérfanos, fueron halladas cientos de fosas comunes. Muchos murieron de hambre, de frío o producto de las golpizas.
En España, alrededor de 300.000 bebés fueron robados a sus madres y vendidos a parejas sin hijos durante y después de la dictadura franquista, hasta entrados los años 90. “Mientras que en los primeros años de la dictadura franquista la motivación era ideológica, el robo de niños pronto se convirtió en un negocio lucrativo del que participaban médicos, abogados y, sobre todo, la Iglesia católica” (DW 22/8/23).
En la Argentina, el Movimiento Familiar Cristiano fue la organización -avalada por el Episcopado- que se ocupó de entregar a las familias de apropiadores los bebés hijos de desaparecidas nacidos en los campos de concentración.
La nieta recuperada Laura Catalina De Sanctis Ovando, cuando declaró en el juicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés, mostró una carta de su apropiadora donde esta le contaba que la había visitado una persona del MFC y le había prometido que el bebé que le entregarían era “sanito”.
La Iglesia Católica es una organización delincuencial urbi et orbi. Son los mismos que en nombre de la vida han condenado y condenan a muerte a mujeres y niñas embarazadas, obligadas a un aborto clandestino. Son los que con el mismo argumento prohibieron durante varias décadas el uso de preservativos, en plena epidemia del sida. Son los mismos que dijeron que los negros podían esclavizarse porque no tenían alma y se tomaron casi un milenio para decidir que las mujeres sí la tenían.
Esa barbarie medieval, sin embargo, convive con una poderosa organización capitalista que abarca desde la fábrica Fiat hasta “la fábrica de armas Pietro Beretta Ltda (tal vez la industria armamentística más poderosa del orbe) es controlada por Beretta Holding SpA, y que es el accionista mayoritario después de Gussalli Ugo Beretta, y el IOR (Instituto para las Obras de Religión).
Esta información, conocida en 2017, fue desmentida por el Vaticano. Sin embargo, recién en julio de 2022, el Vaticano anunció que impulsará una política de inversiones “éticas y sostenibles”, que prevé el cierre de cuentas en el extranjero y la prohibición de invertir en los sectores de armas y de defensa.
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