Escribe Pablo V
Tiempo de lectura: 2 minutos
En una entrevista realizada en Radio Mitre el sábado pasado, el asesor económico de Milei y promotor del mega DNU, denunció a distintos organismos culturales por el desvío de fondos durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernandez.
El economista desplegó una serie de mentiras sobre las leyes que existen para la cultura y también argumentó que el Instituto Nacional del Teatro es una gran unidad básica de La Cámpora distribuída en cada provincia del país. Con semejante provocación y poniendo en cuestión la “transparencia” de los fondos, se busca dar rienda suelta al desfinanciamiento del organismo, lo que le valió el repudio generalizado del sector teatral independiente.
El Instituto Nacional del Teatro es un organismo que fue creado luego de muchos años de movilización de teatristas independientes y se promulgó en el año 1997 durante la decadencia del gobierno menemista. Desde su creación, se impulsaba una organización de base, con asambleas y representantes elegidos por el voto de la comunidad, pero sufrió la regimentación del Estado “democrático”, lo que, con el correr de los años, desembocó en un proceso de burocratización interna.
Sus ingresos, mayoritariamente provenientes del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) y de la Lotería Nacional son aprobados año a año en el Congreso a través de los presupuestos anuales y el Consejo de Dirección del organismo los destina a diferentes líneas de apoyo, subsidios o becas de manera federal de acuerdo a la normativa que establece la misma Ley N° 24.800. Todas acciones que quedan registradas en actas públicas.
El crecimiento sistemático de la actividad teatral independiente en los últimos años junto al acrecentamiento de numerosos grupos, salas y teatristas que solicitan más ayuda para sostener su actividad a posteriori de la pandemia, agravaron los problemas financieros históricos del organismo. Por un lado, la recaudación que sostienen las “asignaciones específicas” para cultura se enfrentan a una menor recaudación impositiva debido al crecimiento de las plataformas por streaming, que no están reguladas como el resto del sector audiovisual. Por el otro, arrastra hace años un aumento paulatino de los gastos administrativos internos del organismo que actualmente se estiman en el 50% del presupuesto, cuando por ley no debería exceder el 10%.
Este derrotero financiero se ha conjugado con las diferentes crisis que se desarrollaron con los directores ejecutivos que designa el gobierno de turno. Desde antes de la asunción de Macri, el entonces funcionario Guillermo Parodi (hijo de la reconocida cantante Teresa Parodi) había implementado una forma “legal” de ampliar sus facultades para saltear al Consejo de Dirección y decidir unilateralmente sobre las políticas generales y las contrataciones, en una disputa directa por los fondos. Esta maniobra ha sido mantenida por quienes lo sucedieron hasta hoy haciendo uso y abuso.
La gestión que ha finalizado recientemente terminó con un organismo colapsado teniendo que decretar, antes de la asunción de Milei, el cierre de todas las líneas de subsidios para poder afrontar las deudas del último trimestre. Deudas que son descargadas sobre los teatristas independientes ya que reciben las ayudas para producir, girar espectáculos o sostener sus salas con retrasos de hasta un año.
Es imperiosa una defensa integral del Instituto Nacional del Teatro, poniendo como eje el urgente reclamo por la duplicación del presupuesto destinado para las líneas de fomento, el aumento del 100% de los montos para los proyectos y también la democratización del organismo, retomando las principales bases que hicieron posible su creación, a través de la realización de asambleas en cada provincia que impulsen las políticas de quienes sostenemos y hacemos posible la existencia de la actividad en cada rincón del país.