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El reciente proyecto de “Ley ómnibus” presentado por Milei al Congreso representa la liquidación de los organismos estatales de cultura, lisa y llanamente. Cierra el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA), creados por las correspondientes leyes y habiendo sido nombrados los respectivos directores: Mariano Stolkiner (INT) y Javier Torre (FNA). En los casos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) se propone el “desfinanciamiento”.
Confiscación de aportes
Los denominados “organismos integrados de cultura” del Estado nacional se financian, básicamente, con dinero procedente de la misma producción cultural. Hay dos casos testigo.
El INCAA percibe un 25 % proveniente de ENACOM, fondo que se suprimiría, quedándole el fondo que se forma con el 10 % sobre cada entrada al cine que, en lo concreto, es la parte de dinero más jugosa.
En cuanto al FNA, salvo en casos excepcionales, no recibe aportes del Tesoro de la Nación y la Secretaría de Cultura realiza un aporte minoritario. Se trata de un ente autárquico considerado como “el banco de los artistas”, cuyos fondos mayoritarios están constituidos por el aporte del “Dominio Público Pagante” (DPP). Este gravamen procede de la reproducción de obras (musicales, literarias, plásticas, gráficas, etcétera) cuyos autores lleven ya 70 años de fallecidos, cuando su derecho de autor privado ha caducado y la obra ha pasado al dominio público; se recauda por medio de los organismos de gestión colectiva, o directamente por el FNA, con un valor que oscila del 0,3 al 3% del valor comercial de las obras. O sea, prácticamente los creadores artísticos serían los principales accionistas del FNA.
¿Adónde iría a parar, entonces, el dinero que se ganan con su trabajo los artistas y escritores, del cual una parte se usa para sostener los organismos de cultura? Si no retroalimentan a los organismos e instituciones estatales creados por ley o decreto que, a su vez, sostienen la actividad, significa que el dinero recaudado iría a engordar los bolsillos de empresarios, mediante organismos del Estado que se los asignaría fundándose en esta “Ley ómnibus” u otra que sea creada con tal propósito.
Los bancos y la cultura
No contenta con todo esto, la “Ley Ómnibus” atribuye a los bancos privados el otorgamiento de los créditos que antes asignaba el INCAA, por ejemplo. O sea, la recaudación del 10 % sobre las entradas al cine ingresarían en un banco que, luego, otorgaría un crédito al mismo sujeto (actores, actrices, guionistas, directores, productores) que ha aportado a ese fondo, con intereses “a tasa de mercado”.
En la actividad literaria, la derogación de la ley 25.542 dictamina la supresión del precio de venta uniforme de los libros. Implica que no habría manera de establecer cuál es el porcentaje de derecho que podría cobrar el autor sobre el precio de tapa. Habitualmente ese derecho se pacta entre la editorial y el autor, aunque en realidad la editorial impone el porcentaje -que ha ido descendiendo desde el histórico 10 % a un 8 y hasta un 6 %-, pero al menos queda fijo una vez acordado. Tampoco lo beneficia al pequeño editor, el cual quedaría a merced de la categoría de precios que establezcan los monopolios editoriales y, en especial, sin poder controlar a qué precio vende cada librería sus ediciones, ello siempre y cuando pudiera seguir produciéndolas, dadas las condiciones que imperarían en la adquisición de insumos gráficos a partir del DNU.
Si a ello le sumamos el ataque contra las bibliotecas populares y las ediciones a cargo de la CONABIP, el horizonte es de analfabetismo literario absoluto para las masas de trabajadores y sus familias.
Organizarnos para luchar
Obviamente, la privatización de la actividad artística y literaria y la confiscación de los haberes de los trabajadores de este sector se encuadra en la política de “golpe de Estado económico” que ha decidido imponer el gobierno de Milei. Si se aplicara, solo podrían sobrevivir las grandes “industrias culturales” es decir, los monopolios del sector. El problema es que, al igual que en el resto de los sectores gremiales, nos encontramos con la burocratización de las direcciones gremiales o, en algunos sectores, con su inexistencia.
La atomización propia de la actividad cultural, en especial de la independiente, donde no hay “establecimientos productivos” con muchos empleados, así sea con contratos precarios, como en las empresas televisivas y cinematográficas, conspira contra la organización gremial. A esto hay que sumarle que las asociaciones y gremios existentes han venido colaborando por omisión o de hecho en la degradación o en la pérdida de derechos laborales. Por tanto, no hay vía más segura que la autoconvocatoria, las asambleas y las marchas, pero también exigir pronunciamientos urgentes a las gremiales de artistas y escritores.
¡Repudiemos la “Ley ómnibus” y el DNU!
¡Defendamos el sostenimiento estatal de los organismos de cultura!
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Las provocaciones de Sturzenegger sobre el Instituto Nacional del Teatro Por Pablo V, 26/12/2023.
