Una confiscación histórica a los recursos de los jubilados

Escribe Marcelo Ramal

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La decisión de transferir al Tesoro nacional los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses implica una confiscación inédita sobre los recursos jubilatorios. El FGS fue creado en oportunidad de la nacionalización de las AFJP, con los activos en las que éstas habían invertido los recursos jubilatorios. Aunque se invocaba al Fondo como “sustento” del sistema jubilatorio, lo cierto es que el kirchnerismo y el macrismo utilizaron sus recursos para diferentes rescates al capital (créditos blandos), para eximir al Tesoro de diferentes gastos sociales y, principalmente, para el sostenimiento de la deuda pública. Ahora, la ley ómnibus implica la apropiación definitiva de esos recursos, en favor de un Estado que los usará para cancelar deuda pública o como garantía de nuevos endeudamientos.

Más del 70% de los recursos del FGS están colocados actualmente en títulos de deuda del Estado. La ley ómnibus prevé, en otro de sus artículos, “la consolidación de la deuda del sector público”. En el caso del FGS, implicará que el Estado dará por canceladas sus acreencias contra el Tesoro. Un periodista de Clarín, Ezequiel Burgo, califica a esta compensación como un mero “asiento contable”(28.12), asumiendo que se trata de una “deuda intra estado”. Desconoce, de este modo, que los fondos prestados por el FGS al Estado provienen de aportes jubilatorios. La “consolidación de deudas”, por lo tanto, es un gigantesco pagadiós respecto de esos recursos. El libertario, por lo tanto, ha consumado en su ley ómnibus una gigantesca estatización de fondos, para luego repudiar la deuda que el Estado sostenía con el Fondo del Anses. En la mira del capital financiero, se encuentra otro botín del FGS: las acciones que detenta en grandes corporaciones privadas -entre otras, Clarín, Techint, Molinos, Edenor y Ledesma, y cuyo origen son las inversiones bursátiles que habían realizado los fondos de pensión privados.

Miseria previsional, jubilación privada

Desde el punto de vista de los gastos jubilatorios, la expropiación del ahorro previsional acentúa hasta un extremo la dependencia de los haberes respecto de los recursos corrientes del Estado. Bajo esas condiciones, el haber jubilatorio queda condenado a resultar, más que nunca, una miserable pensión asistencial. Por eso, la decisión de confiscar el FGS es inseparable de la desindexación de las jubilaciones, otra de las medidas cruciales de la ley ómnibus. En los cálculos de ajuste fiscal presentados para el año 2024, el gobierno prevé reducir el gasto previsional en medio punto del PBI, como resultado de la eliminación de la movilidad y de la aplicación de aumentos por decreto.

La “asimilación” del gasto previsional al presupuesto corriente culmina un derrotero iniciado por Martinez de Hoz y continuado por todos los gobiernos capitalistas de los últimos 40 años. Uno de sus hitos fundamentales fue la reducción de los aportes previsionales, ejecutada por el cavallomenemismo y que ningún gobierno posterior retrotrajo. A nadie escapa que este capítulo de la ley ómnibus reabre el filón capitalista de la jubilación privada, que está en la mira de los fondos internacionales que han tenido a Luis Caputo como asesor. La ley enviada al Congreso, en definitiva, transfiere 60.000 millones de dólares de los fondos jubilatorios al capital y su Estado.

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Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. Nota de tapa de la edición impresa de Política Obrera N°85, año 4°, 2° época, 25/12/2023.

Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023.

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