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Como sabemos, la novela de idas y vueltas de toda esta semana entre la cúpula de la CGT y Eduardo Belliboni terminó en un plantazo. Como trascendió durante el mediodía del martes, la CGT a través de Pablo Moyano tomó una precavida distancia del Polo Obrero -oficial- y su agrupamiento, cancelando a último momento una reunión para articular la movilización a Tribunales contra el DNU de Javier Milei. Con lo que la adhesión a este acto, como si sucedió con las dos CTAs y con la UTEP, no fue correspondida.
Los medios recordaron el antecedente de junio del 2022 cuando en pleno gobierno de Alberto Fernández y en escalada inflacionaria, las cartas y reuniones del aparato del PO a la CGT pidiendo un paro general no llevaron a ningún lado. La CGT se mantuvo firmemente alineada con el gobierno del Frente de Todos. Diferentes fuentes desde el interior del edificio de calle Azopardo confirman que preferían ‘abrirse’ de cualquier organización conjunta con los piqueteros. También trascendía otra cuestión: una negociación con el gobierno sobre los puntos del megadecreto que preocupan a los gremios, las obras sociales y la recaudación de la cuota sindical.
“Las centrales sindicales no pueden desaparecer del escenario”, respondió Eduardo Belliboni al ser consultado sobre el desplante. Y explicó que la cumbre con Moyano pautada en el Sindicato de Camioneros de la calle San Juan pasaría para la semana que viene. En Plaza Lavalle aseguró que tanto del DNU como la flamante Ley Ómnibus de Milei “ss como un perro que se muerde la cola. Siempre debe pasar por el parlamento”, colocando el pedido en el campo de la burocracia y los gobernadores que piden poder votar ellos mismos en el parlamento el paquetazo antiobrero. Juan Grabois también empujó en el mismo sentido. Planteando que la marcha a Tribunales debía estar encabeza por los referentes y diputados de los partidos políticos de Unión por la Patria, que obviamente no estuvieron en la movilización.
Acto
El breve acto del miércoles incluyó de parte de la CGT un cuidadoso armado, coordinado con Diego Kravetz de la Policía de la Ciudad, que no puso en riesgo el protocolo antipiquetes. Con un diagrama para las columnas, sindicatos y organizaciones sociales, la CGT reforzó el pacto pagando un seguro de caución por 10 millones pesos, un hecho inédito en la historia del sindicalismo argentino. "De ellos no nos responsabilizamos", agregó horas antes un importante dirigente sindical que aseguró que querían evitar una foto con los "troskos".
"Nosotros no convocamos más que a nuestros cuadros gremiales”. La preocupación de los “gordos” es que no se cierre el canal de negociación abierto con la Casa Rosada. Desde adentro Gerardo Martínez de la UOCRA, alineado con Milei intenta dilatar o frenar cualquier medida de lucha.
Este jueves el Confederal de la CGT resolvió respecto a llevar adelante un paro general o no, que por estas horas quedó para el 24 de enero. La larga espera cortaría la tregua entablada desde el 29 de mayo del 2019, su último paro general. En la conferencia de prensa, Héctor Daer profundizó la distancia con el arco piquetero: "no sé qué es Unidad Piquetera. Con nosotros está la UTEP con los que vamos a trabajar".
Auditoria a la chilena
Mientras la colaboración de la burocracia sindical es evidente, desde el Ministerio de Capital Humano se preparan para el lanzamiento de una auditoria sobre los planes sociales que comenzaría el 1 de enero y que podría llevar unos tres meses, relevando datos personales, de grupo familiar, etc. que se cruzarán con Anses y otros organismos. Mientras tanto, queda prorrogada la resolución de Sergio Massa respecto del pasaje del total de los planes a la ahora Secretaria de Trabajo. Una de las opciones sobre la mesa es un pasaje masivo hacia la órbita de los municipios, aunque Sandra Pettovello esperaría a finalizar antes la auditoria.
Lo más firme es avanzar con una segmentación de los titulares en diferentes áreas según su tipo de contraprestación dando final al programa Potenciar Trabajo como se lo conoce. El esquema ubicaría que los titulares de 18 a 29 años (unos 450.000) pasen a Trabajo, que los que tengan más de 55 años se mantengan como trabajo comunitario en Desarrollo Social y aquellos que tengan estudios pendientes pasarán a la Secretaria de Educación. Un modelo similar al de Chile con el Registro Social de Hogares (RSH) que personaliza la ayuda social, e incluye la implementación de ‘acompañantes’ que tendrían cada uno unas 20 familias a cargo.
Sin embargo, el optimismo entre las flamantes filas de funcionarios liberales se moderó ante la posibilidad de tener que incluir en breve lo que evalúan seria 1 millón de personas, que en estos momentos no tienen ninguna ayuda social y que entrarán en la pobreza extrema tras las medidas de ajuste del gobierno.
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