El cierre del año, una transición política explosiva

Escribe Marcelo Ramal

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Javier Milei le dio al mensaje de fin de año por cadena nacional el carácter de un ultimátum: intimó a los legisladores a “aprobar la ley ómnibus o rechazarla”, sin margen para modificaciones. Federico Sturzenegger señaló que “más allá de las reformas mismas, [el proyecto de ley] es una reconfiguración en la estructura del poder económico”. El eje de esa “reconfiguración” es la liquidación del derecho del trabajo. La ley es un guante a medida de ciertos *lobbys *capitalistas. La ley ´libertaria´ coloca a la clase obrera ante la mayor regimentación estatal (la eliminación del derecho de huelga), pero reserva las libertades para el capital. En favor de esta orientación, Milei ha colocado al Congreso ante un “tome o deje”.

Ante la variante de un eventual rechazo del Congreso, el presidente volvió a agitar el fantasma de la “catástrofe económica” y la “hiperinflación”. Pero la apelación de Milei al abismo comienza a cansar y no sólo por la reiteración. Ocurre que la “hiper” se instala ahora como resultado de la política oficial, en primer lugar, de devaluación y tarifazos. Luego, por el estallido de la deuda en pesos, a partir del propio salto devaluatorio e inflacionario, y de la fabulosa emisión de moneda dirigida a pagar sus intereses. La inflación resultante ha vuelto a “abaratar” el dólar y las especulaciones sobre una nueva devaluación asoman. Santiago Fioriti, editorialista de Clarín, abre la posibilidad de una situación “dramática” para “marzo o abril” si la inflación persiste, con “salarios rezagados” y “la calle tornándose una pesadilla” (Clarín, 31.12). Milei asocia al inmovilismo con un colapso económico y una rebelión popular, las cuales, sin embargo, asoman como la consecuencia de su golpe de estado económico. El gobierno se sobrepone a su debilidad política -y a la caída de su ascendiente popular- con los métodos de un jugador o un especulador bursátil: redoblando la apuesta, o sea, la iniciativa. Al DNU y a la ley ómnibus se sumará ahora un nuevo paquete de reformas para atosigar al Congreso y a la oposición parlamentaria.

La entrega

Mientras los constitucionalistas y los políticos opositores fatigan los canales de televisión con las “inconstitucionalidades” e “irracionalidades” de las iniciativas oficiales, el DNU ya entró en vigencia por defol -el Congreso ni siquiera constituyó la comisión bicameral que debería dictaminar sobre su pertinencia-. El decretazo en vigor implica la potencial derogación de los convenios por industria (ultraactividad), la desregulación de alquileres y la puerta abierta para el remate de tierras y la deforestación por la vía de desmontes e incendios, entre otras disposiciones. La veintena de recursos judiciales presentados contra el DNU duermen el sueño de los juzgados. La Corte no abrió la feria para tratarlo; o sea que, de pronunciarse, lo hará después de que el Congreso se expida o incluso vote el DNU (la ley ómnibus prevé su aprobación en uno de los artículos).

La oposición se ha parado frente a la escalada del gobierno en una perfecta pose de impotencia: sabe que la ley ómnibus comporta la anulación política del Congreso, pero marcha inexorablemente a “entregar los puntos”. Milei, en definitiva, no actúa por capricho, sino a cuenta de un planteo estratégico del gran capital nacional y extranjero. Al mismo tiempo, la Corte y la oposición temen que un derrape temprano del gobierno, en condiciones de un Congreso anulado, le abra paso a una lucha de clases abierta y sin la mediación de los aparatos de contención. A esta preocupación obedece, por ejemplo, la formación en Diputados de un interbloque de ajustadores “republicanos”, donde revistan desde Pichetto hasta López Murphy. El radicalismo ofrece, en términos generales, una variante de ese planteo. En el debate parlamentario que se viene, esa oposición le ofrecerá a Milei habilitarle las reformas reaccionarias de fondo -régimen laboral, deuda externa y una parte de las privatizaciones- a cambio de que el gobierno resigne otras y admita la sobrevivencia del Congreso. En este tome y daca, ingresan las divergencias que abre la ley ómnibus entre diferentes clanes capitalistas, por caso, en torno de las retenciones a la exportación y la administración de las concesiones petroleras y mineras, que Milei-Caputo quieren disputarle a las provincias.

Un compromiso entre Milei y el parlamento, sin embargo, tiene pronóstico reservado: Milei sabe que llegó al gobierno sobre el enorme vacío político dejado por aparatos políticos en ruinas y no quiere asociarse a ellos. Por eso, explotará hasta las últimas consecuencias la carta de la extorsión plebiscitaria. Para completar el panorama, el mismo Fioriti nos informa de una impensada contribución a la gobernabilidad libertaria: la de Cristina Kirchner, quien desalentó la concurrencia de los dirigentes políticos camporistas a la manifestación de la CGT. El kirchnerismo-pejotismo ha exhumado la consigna “hay 2025”. Sabe que no podría capitalizar un derrumbe prematuro de Milei, porque la experiencia ruinosa de los Fernández y Massa se encuentra demasiado cercana. La “preparación electoral” para 2025 es el pretexto para no hacer olas en medio del golpe de estado económico.

CGT

La decisión de la burocracia sindical de convocar a un paro a un mes vista se inscribe por entero en la política de esta oposición con “tobillera electrónica”. Por sobre todas las cosas, la CGT ha querido tomarse todo el tiempo necesario para negociar el paro -y su eventual levantamiento- con el gobierno, algo que ya está ocurriendo. Las “razones” del aparato sindical no son la de los trabajadores. Es que el DNU liquida la legislación laboral y el derecho de huelga, pero no toca la ley de Asociación profesionales, es decir, el unicato que asegura el dominio de la “casta” al interior de los sindicatos. La cuestión se puso a prueba, de un modo práctico, en la negociación que condujo a que Cavalieri, el secretario vitalicio del sindicato de Comercio, adoptara el “fondo del cese laboral” a expensas de la indemnización por despido. Previamente, el burócrata le arrancó al gobierno una importante precisión: en el nuevo convenio, el ´aporte solidario´ de los trabajadores al gremio no requiere el “consentimiento explícito” del trabajador, según parecía indicarlo el DNU (Clarín, 31.12). Si esta concesión a Cavalieri se extiende a todos los sindicatos, la burocracia habrá logrado una cuestión fundamental; resta negociar el otro punto que afecta su caja, que es el de las obras sociales.

La CGT, además, buscará eludir el camino del paro por una razón elemental: carga con la mochila irremontable de su desprestigio. Los trabajadores recelan mortalmente de la burocracia y de sus convocatorias a un punto muerto. Los compromisos que ya se están tejiendo entre la burocracia y el gobierno acentuarán esa desconfianza. El FIT-U transita las primeras semanas de Milei en el “apoyo crítico” a la CGT y sus anuncios de un semiparo aislado hacia la nada.

Lo que nos muestra el escenario político, considerado en su conjunto, es una transición histórica de proyección explosiva. Milei ensaya un gobierno de poder personal, no sobre una fuerza política y social propia, sino sobre las ruinas del régimen existente y sus partidos. Los trabajadores, sin embargo, no recorrerán esa transición bajo el encuadre de los aparatos políticos y sindicales en descomposición. En esas condiciones, nuestra política apunta, en primer lugar, a clarificar el carácter explosivo del plan oficial para las masas. A partir de allí, necesitamos colocar las reivindicaciones cruciales: 100 % de aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales; adelantamiento de todas las paritarias, abajo el DNU y la ley ómnibus, defensa del derecho de huelga y de movilización. En tercer lugar, promover la constitución de autoconvocatorias, plenarios y coordinadoras, para la preparación de una lucha de conjunto y de huelgas parciales o regionales que la preparen. Al gobierno de Milei y sus camarillas capitalistas, opongámosle la lucha por un gobierno de trabajadores.

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