La Matanza: primer fallo de la justicia por afectados con glifosato

Escribe José Fernández

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En el último día hábil de 2023, la sala 1 de la Cámara Federal de San Martín hizo lugar a una medida cautelar que obliga al municipio de La Matanza y al gobierno de Buenos Aires a entregar bidones de agua potable en el domicilio de una familia del Barrio Nicole de Virrey del Pino ante la presencia de glifosato en el agua, comprobada en muestras de sangre y orina (1).

Esta familia viene siendo víctima de las fumigaciones realizadas en el terreno lindero desde hace once años. Han presentado síntomas como sangrado de nariz, dolores de cabeza y sarpullidos. Un estudio de la UBA arrojó la presencia de 2,5 ug/l (microorganismos por litro) en el agua que consumía la familia. Como referencia, la UE establece que los residuos de agrotóxicos en agua de consumo humano no tienen que superar 0,1-0,5 ug/l. El abogado de la familia denuncia la complicidad de ACUMAR (Autoridad de Cuenta Matanza Riachuelo), por tomar como referencia la normativa de EEUU y Canadá, donde los umbrales son muchos mayores. Por otra parte, el sistema de detección que se usó en los laboratorios de AYSA sólo registra la presencia de agrotóxicos a partir de los 500 ug/l.

El glifosato es uno de los plaguicidas más utilizados en Argentina. Es calificado como altamente peligroso y “probablemente cancerígeno”, según concluyó, en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS.

En Argentina se esparcen 500 millones de litros de agrotóxicos por año, de los cuales el glifosato es el principal. Esto ha puesto al país en el puesto número uno a nivel mundial en consumo de plaguicidas per cápita.

La regulación de la destrucción ambiental

En su última sesión del año pasado, el Concejo Deliberante de La Matanza aprobó -con el voto del conjunto del peronismo, el macrismo y el FITU- una ordenanza que “regula” el uso de agrotóxicos a una distancia de 1.095 metros de zonas habitadas. El control de esto queda en manos de la “Secretaría general de ambiente y desarollo sustentable”, o sea del propio municipio. Dicha ordenanza no prevé ningún tipo de reparación a los vecinos afectados y deja indemnes a los responsables. El concejal del PO “oficial”, Juan Romero, había presentado un proyecto de ordenanza que proponía un perímetro de 3.500 metros para la fumigación, pero finalmente se sumó al proyecto del oficialismo.

Visto así, el tema queda reducido a la “proximidad” y reprocha su “uso indiscriminado”, los mismos argumentos que pregona la industria agroquímica y las instituciones del Estado afines a ella.

Ya está demostrada la “movilidad a grandes distancias de los agroquímicos” y la imposibilidad de su control una vez liberados al ambiente (2). Está probada su acumulación en el subsuelo, en el suelo y en las napas de agua. La utilización de agrotóxicos está en la mira incluso de la explosión de la epidemia de dengue, ya que acaba con el mayor predador del mosquito vector de esta enfermedad, el sapo.

Un ambiente sano, libre de contaminación, solo podrá ser el resultado de un gobierno de trabajadores.

Notas

  1. https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/agua-con-glifosato-en-la-matanza-la-justicia-ordeno-entregar-bidones-de-agua-potable-a-una-familia-fumigada/
  2. https://reduas.com.ar/generacion-de-derivas-de-plaguicidas/

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