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El Comité Central Confederal ha votado a libro cerrado un paro parcial de 12 horas para el próximo 24 de enero. La decisión no estuvo precedida por asambleas ni plenarios de delegados con mandato, ni siquiera por una agitación en los grandes centros industriales. Tampoco han sido convocadas para después de la decisión del Confederal. Se trata por lo tanto de la convocatoria a un paro de aparato. El acento de este paro de aparato no está puesto en promover una huelga de masas sino una marcha al Congreso. Para esa fecha, la cámara de Diputados debería estar votando el DNU y el proyecto de ley ómnibus enviado por Milei. En ningún momento, en las reivindicaciones del paro figuran la derogación del DNU y el rechazo integral de la ley ómnibus. El método de este paro nos está diciendo que la burocracia de la CGT apunta a dar por clausurada cualquier acción ulterior de masas una vez conocida la media sanción de Diputados.
La razón fundamental para llamar a este paro es la intención de la burocracia cegetista de tomar la dirección y las riendas del conjunto del movimiento sindical. Las luchas que se han visto obligados a encarar los trabajadores estatales están siendo derivadas a la fecha del paro nacional. Lo mismo ocurre con la postergación de las huelgas generales contra los decretazos libertarios que anunciaron algunos sindicatos. Estamos en presencia, por lo tanto, de un paro preventivo; no de un paro de advertencia al gobierno a ser seguido por una huelga general, sino de una movida para contener cualquier iniciativa de acción generada desde abajo, o sea para asegurar la dirección política del movimiento sindical en manos de la burocracia.
Las reivindicaciones conocidas de este paro preventivo de aparato es la defensa de los derechos laborales, incluido el derecho de huelga, pero también de la caja de los sindicatos, que han sido afectados por el DNU y el proyecto ómnibus. Se han interpuesto amparos y cautelares judiciales contra esas medidas. Sin embargo, un sector significativo de la burocracia sindical se encuentra negociando con el inusitado Ministerio del Capital Humano la preservación de la caja en desmedro del derecho del trabajo y de huelga. Una negociación similar tiene lugar entre la CGT y los bloques parlamentarios. Las figuras más visibles de la negociación han sido Cavalieri, pero por sobre todo Gerardo Martínez; la burocracia del sindicato estratégico del transporte, la UTA, no ha abierto la boca. Está la versión de que no pararía el 24, con el pretexto de facilitar la concurrencia a la marcha en desmedro de la huelga. La burocracia ha hecho reiteradas manifestaciones de la disposición a negociar una ‘reforma laboral’, e incluso el cercenamiento del derecho de huelga para los llamados “servicios esenciales”. Milei ha incorporado a este rubro a la mayor parte de la industria y la minería, de modo que la privación del derecho de huelga alcanzaría al 95% del movimiento obrero.
Mientras, de un lado, la burocracia decreta un paro, del otro mantiene el sistema de paritarias vigente, a pesar del aumento extraordinario del costo de vida. No ha habido reclamo por un ajuste de salarios en función de la inflación de enero o febrero; las cláusulas de ajuste por inflación se aplican al final de los convenios vigentes, de modo que hay una confiscación salarial enorme hasta llegar a esa instancia. Este sistema de paritarias es apoyado por las patronales. El gobierno ‘libertario’ admite estas paritarias por ahora porque es plenamente funcional a su política. Queda en evidencia que la CGT y sus sindicatos han encontrado un sistema de coexistencia con la hiperinflación y con el gobierno lanzado a una gran ofensiva contra los trabajadores. El paro tiene el objetivo preventivo de bloquear iniciativas independientes contra este régimen de confiscación.
En las filas de los trabajadores, este paro de aparato, preventivo y aislado, no ha suscitado ninguna clase de entusiasmo. El fervor ha quedado reservado al kirchnerismo y el FIT U. Kicillof intentará que el paro cobre gran amplitud en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo ha encontrado un refugio institucional. La situación en gran parte del interior del país es diferente, incluso donde gobierna el peronismo; Massa ya le dijo a sus aliados de la CGT que el paro era “apresurado”. La importancia de caracterizar adecuadamente la movida de la burocracia reside en que acentúa la confusión entre los trabajadores, que es el principal recurso de gobierno de Milei.
Nuestro partido, Política Obrera, no participará en este paro desde ninguna “columna independiente” sino con los compañeros de sus lugares de trabajo y sus sindicatos. Lo hará con sus volantes, o sea su agitación y sus consignas. La autoproclamación grosera de la “columna independiente” disfraza el apoyo político que desde ese lugar se brinda a la maniobra de aparato y preventiva de la burocracia. La burocracia de la CGT quiere, con el planteo de un paro de estas características, avanzar en las negociaciones con la camarilla golpista instalada en el gobierno y conseguir una silla en las tertulias del parlamento. Luego de haberse escondido durante más de dos décadas, la enorme crisis social ha obligado a la burocracia sindical a exponerse en forma abierta y a poner a luz su política antiobrera.
Nuestras consignas son:
Abajo el gobierno golpista
Abajo la totalidad del paquete de DNU y ley ómnibus
Por un aumento inmediato del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y partidas sociales; ajuste quincenal de estos ingresos
Defensa del derecho laboral y del derecho de huelga
Reapertura de paritarias con un pliego de reivindicaciones votado en asambleas
Por Coordinadoras Interfabriles, Intersindicales y Autoconvocados, para preparar una huelga general, mediante la propaganda, la agitación y la organización
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