Por una campaña mundial contra la extradición de Julián Assange

Escribe Joaquín Antúnez

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El 20 y 21 de febrero próximos se realizará en Gran Bretaña el nuevo juicio por la extradición de Julián Assange a los Estados Unidos. Esta es la última instancia judicial que le queda al periodista australiano, fundador de Wikileaks. Se lo acusa de haber infringido la Ley de Espionaje norteamericana y podría enfrentar una condena a 175 años de prisión. Los funcionarios de Estados Unidos han ratificado que Assange sería juzgado ante un tribunal de Virginia y no existen dudas de que será condenado por todos los cargos en su contra.

Assange ha sufrido la violación sistemática de todos los derechos que implican un juicio justo. Existe una verdadera cruzada que enhebra a los Estados y los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia e Israel, contra el editor y hacker australiano. Ninguna de estas irregularidades es atendida por los jueces que dirigen las investigaciones, ni por sus pares que las observan cotidianamente. Para el relator especial de la ONU sobre la tortura, “después de investigar las condiciones en las que Assange está detenido, afirmó que han creado un sistema para asesinarle” (Rebelión, 14/11/2022). Las condiciones de aislamiento planteadas son un atentado contra su vida, así lo han determinado en diversas oportunidades grupos de psicólogos, psiquiatras y toda clase de expertos consultados por los deterioros de su salud mental.

Este ensañamiento del imperialismo contra la vida del editor y periodista australiano responde al significado de sus filtraciones y denuncias contra los crímenes en Medio Oriente. Recordemos que Wikileaks publicó, en 2010, cuatrocientos mil reportes sobre la guerra de Irak, 90.000 sobre la guerra en Afganistán, 800 desde la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo. A través de estas “filtraciones”, el mundo pudo conocer el video titulado “muertes colaterales”, donde se ve a soldados estadounidenses disparando contra civiles y periodistas en Iraq los métodos de tortura empleados y los asesinatos indiscriminados en esa misma guerra, e incluso las acciones de Washington para imponer la ley de patentes norteamericana en el extranjero en beneficio de las farmacéuticas.

Condena ejemplar

Durante aquellos años, el gobierno Obama buscó imponer un punto final a las filtraciones descargando todo el peso de la Ley sobre la soldado de informaciones Chelsea Manning, juzgada por un tribunal militar. Buscando desatar una acción ejemplificadora sobre los “whistlebower” (denunciante), reconocidos históricamente en la historia (y legislación) estadounidense como verdaderos héroes por denunciar las conspiraciones contra el pueblo o la patria de sus superiores corruptos. Una tradición orquestada durante la guerra civil en el ejército de la Unión, pasando por el Watergate, hasta nuestros días.

Lo que expusieron estas filtraciones encabezadas por Manning y Assange fue una relación criminal orquestada desde las propias entrañas del imperialismo, sus servicios de inteligencia y las fuerzas armadas. Un verdadero “estado profundo” desnudado ante la opinión pública internacional. A pesar de los esfuerzos oficiales, no pudieron impedir que el ex agente de la CIA Edward Snowden, quien se encuentra desde hace 12 años refugiado en Rusia, revelara el programa de espionaje ilegal global conocido como PRISMA y el recurso sistemático de mercenarios contratados por Estados Unidos para cometer toda clase de delitos contra la población civil. Estos mercenarios, muchas veces reclutados entre ex marines, contaban con las garantías para no ser juzgados bajo legislación norteamericana. El propio Snowden desarrollaba un trabajo mediante una empresa tercerizada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Derecho al hackeo

La Ley de Espionaje, sancionada con el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, nunca fue utilizada contra un editor y periodista. Esto sienta un grave antecedente contra el periodismo de investigación que realiza de manera cotidiana lo mismo que Assange: mantiene relaciones con “informantes”, sin obligación de revelar la fuente. Todo el periodismo de investigación -incluidos grandes medios como el New York Times- podrían caer bajo la figura de la Ley de Espionaje por exponer cualquier acción similar en momentos cuando crece y se desarrolla una guerra de alcance mundial.

Las acusaciones sobre el “hackeo” deben ser vistas a la luz de un elemento determinante: ¿quién es el hackeado? En el caso de Assange, el hackeado ha sido un estado imperialista que desarrolla acciones y crímenes de lesa humanidad a lo largo del globo. El principio, repetido hasta el cansancio, “mis derechos terminan donde comienzan el del otro” acusan una doble mentira. Por un lado, porque el Estado (o las personas que actúan en su nombre) utilizan este principio para esconder delitos de los más disímiles a la población. Por el otro, la privación de esta información es una violación a los derechos de la población en general. Es claro que no existe delito alguno en la exposición de crímenes de guerra.

Defendamos la vida de Julián Assange, por el derecho al “hackeo” de los explotados contra sus explotadores criminales, por el derecho a la vida y por el juicio de sus cobardes asesinos imperialistas.

LEER MÁS:

El derecho al “hackeo” Publicado en Newsweek Argentina www.newsweek.com.ar, 12/12. Por Jorge Altamira, 12/12/2022.

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