‘Libertarios’ presentan un proyecto para derogar el aborto legal

Al atardecer del miércoles 7, el movimiento de mujeres y todo el país se enteraron de que una “ignota” diputada santafesina de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, habían presentado un proyecto para derogar la ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que éste ya había sido girado a cuatro comisiones.

La ley 27.610, arrancada por cientos de miles de mujeres y jóvenes en las calles, legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en caso de abuso sexual y violación.

En estos tres años que está vigente -a pesar de los obstáculos que aún rigen en muchas provincias e incluso en distritos de la provincia de Buenos Aires- se realizaron cerca de 250.000 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público y la mortalidad materna cayó a casi la mitad: de 23 muertes anuales en 2020 a 13 un año después. En la provincia de Buenos Aires, la muerte materna por esta causa se redujo el 90%.

Política Obrera ya advirtió que un sector del gobierno impulsaba ahora la derogación de la IVE. La diputada será ignota pero acompañaban en la firma Oscar Zago, el jefe de la bancada; Beltrán Benedit (Entre Ríos); María Fernanda Araujo (CABA); Manuel Quintar (Jujuy) y Lilia Lemoine (Buenos Aires), que desmintió haberlo firmado. "Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual”, dijo. El jueves, Bonacci debió aclarar que el proyecto era iniciativa suya y no del Poder Ejecutivo.

Bonacci -que carece de militancia conocida y tiene un local de manicura en la localidad santafesina de Funes, donde vive- accedió a una banca en la lista de Amalia Granata porque su padre, el filonazi José Bonacci “es propietario de Unite, un partido que presta - o vende - su personaría a quienes se quieren presentar a elecciones”. Por ejemplo, Granata. Bonacci padre, además, fue presidente y apoderado del MODIN de Aldo Rico.

El proyecto presentado es más restrictivo aún que el Código Penal que rigió desde 1921 ya que quita el aborto no punible por causales, incluida la violación. ''Decidimos eliminar la causal de no punibilidad por entender que la misma ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica", explica el texto. Solo permite el aborto ante “peligro inminente” para la vida de la mujer, una vaguedad que desconoce el concepto del derecho a la salud física y mental de las mujeres. También aumenta las penas: propone castigar con hasta tres años de cárcel a “la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare”. Establece penas de entre uno y cuatro años a los profesionales que ayuden a interrumpir un embarazo. En la actualidad, el artículo 85 del Código Penal fija penas de 3 meses a un año para quien practique un aborto fuera de los plazos que establece la IVE. Obviamente, deroga todas las penas vigentes para los funcionarios públicos que obstaculicen la interrupción del embarazo.

El paquete propuesto ubicaría a la Argentina entre los países con legislación más restrictiva. Si bien el texto ha sido enviado al Congreso en vísperas de la visita de Milei al Vaticano, y podría funcionar como un presente aplacatorio dirigido al Papa -en la misma línea la ministra Portovello le entregó ayer a Caritas 310 millones para comprar alimentos-, los medios coinciden en que Milei ordenó tomar distancia de la iniciativa, que pondría al rojo vivo a amplios sectores de la población.

Muchos han entendido la presentación del proyecto como una cortina de humo ante la debacle parlamentaria de la ley ómnibus. Sea como fuere, los fundamentos del proyecto de ley replican textualmente argumentos que sostuvo Milei y sus laderos durante la campaña electoral. En el movimiento de mujeres la presentación del proyecto fue recibida con gran alarma. El miércoles próximo, una asamblea de todos los sectores debatirá como defender esta conquista y organizar un multitudinario 8 de marzo.

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