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En Salta, ya se produjeron más de 4 mil despidos en la construcción como consecuencia de la paralización de la obra pública. En solo un día, por ejemplo, 200 trabajadores quedaron en la calle por la paralización de las obras de ampliación del principal hospital de la provincia, el San Bernardo, y la Ciudad Judicial en Orán.
También fueron paralizadas las obras de los planes de construcción de viviendas, cuando los operadores inmobiliarios de la provincia anticipan que el 30 % de los actuales inquilinos quedarán fuera del sistema en los próximos meses por imposibilidad de pago.
Los despidos masivos en la construcción son el resultado de la recesión inducida por el gobierno de Milei. Cuenta con la plena colaboración del gobierno local, el cual, en nombre de la quita de fondos, paralizó las obras. En algunos casos, anunció que buscará que continúen, pero con financiamiento privado. Es lo que adelantó Sáenz, por ejemplo, para las obras del gasoducto Norte-Sur. De lo contrario, pondría en riesgo el abastecimiento en invierno.
Sáenz y sus funcionarios ofrecen a los capitalistas del litio mano de obra precarizada, sin convenios colectivos y contratos temporarios, pero incluso en estas condiciones las mineras solo absorben a una parte de los desocupados que quedan fuera de las obras frenadas.
Más allá de la denuncia, la burocracia ha dejado pasar las suspensiones y los despidos en toda la línea.
Los despidos en la construcción, como en los municipios y en el comercio, deben ser enfrentados con la lucha autoorganizada. La recesión es un arma contra la clase obrera en función del pago de la deuda.
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